Es precisamente ahí, en esa necesidad de evitar a toda costa que el chavismo recomponga sus fuerzas, que darle de baja a dos importantes actores paramilitares (El Picure y El Topo) desplegados en zonas estratégicas del país adquiere un implicación política mucho mayor, dado que es el frente irregular uno de los grandes escenarios de disputa por el poder político en Venezuela. En ese entendido, la ofensiva desplegada hoy por la OLP en el eje Cota 905, Cementerio, El Valle y Coche viene a cumplir con exactitud lo realizado en Guárico (El Picure) y la zona minera del estado Bolívar (El Topo): romper con el control político que ejercen grupos paramilitares y bandas criminales en zonas económicas estratégicas para el país y en corredores con alta concentración poblacional de Caracas y Miranda.
El Picure y el formato paraco de control territorial
El fin de El Picure no nos dice nada si no analizamos su condición de tuerca dentro de un engranaje superior. Por una parte, fue el único activo parapolítico que logró instalar en la percepción la debilidad de los organismos de seguridad del Estado para imponerse en el cuarto estado con la superficie territorial más grande del país: Guárico.
El Picure fue diez veces más efectivo que las giras internacionales de Freddy Guevara, la agresividad y la experiencia de Ramos Allup y los 109 diputados escuálidos paseando y declarando mociones de censura que no se cumplirán jamás desde las comodidades de la Asamblea Nacional.
El control de Guárico funge como pata paramilitar de la guerra económica
El Picure se impuso en un estado estratégico específicamente por el control de las arterias comerciales que sostienen la conexión y el flujo de alimentos desde la región llanera (Cojedes y Barinas), sur (Bolívar y Apure) y oriental (Anzoátegui) hacia los centros de mayor población y procesamiento agroindustrial ubicados en el centro-occidente del país (Miranda, Aragua y Carabobo): franja territorial que decide en gran medida la pugna electoral a nivel nacional y donde Empresas Polar, Cargill, Nestlé, Heinz, Kraft, Kellogg's, Mary, Pepsico y empresas empaquetadoras, distribuidoras y comerciales (supermercados y bodegones) tienen un alto poder de dominio en el direccionamiento de productos alimentarios.
Guárico y el resto de los cinco estados que le son adyacentes son vitales productores de arroz, caraota, maíz, carne bovina y porcina, legumbres, tubérculos y otros vegetales: la llamada materia prima que es igualmente vital para el procesamiento agroindustrial privado y su radio de acción comercial en los superpoblados estados del norte del país.
Cubren la gran mayoría de las 2 millones 458 mil 925 hectáreas sembradas de alimento en la actualidad y que forman parte del grueso de la producción (superior al 60% en promedio) de estos rubros esenciales para el país en el curso de este año y del siguiente. Pero toda esta producción necesita surcar las tres principales troncales del estado Guárico para desplazarse hacia su objetivo citadino, razón clave de porqué dicho estado estratégico además funge como un corredor de galpones y de rutas de distribución de estos cinco estados claves del país en términos de producción agroalimentaria.
El Picure tenía las troncales de Guárico como eje fundamental de su estrategia de control territorial, afectando por la vía del terror, asesinatos y el cobro de vacunas el funcionamiento normal de esas rutas estratégicas del comercio nacional. Controlar el estado que ofrece las conexiones claves para la distribución alimentaria del país, construye la pata paramilitar de la guerra económica.
El Topo y el Arco Minero
De igual forma, El Topo ejercía un importante control sobre zonas de explotación minera, hoy valoradas a lo largo del Arco Minero del Orinoco en más de 300 mil millones de dólares, en pleno proceso de certificación internacional. Tanto ahí como en el evitar una mayor propagación de la muerte de la población en esos territorios, es donde está la verdadera implicación política de estas acciones, las cuales afectan enormemente la vértebra paramilitar del plan del Comando Sur.
El Topo controlaba la extracción, venta y disfrute de minerales estratégicos del país ubicados en Guayana. Así como El Picure era la pata agrícola del paramilitarismo, el Topo era el custodio y operador comercial privado de recursos minerales con un valor tan impresionante que pone como un niño de pecho a las Reservas Internacionales del país. Es precisamente ahí que está el carácter estratégico de darle de baja a El Topo, en la imposición del poder del Estado como actor fundamental en el territorio y de los recursos que este genera por encima de intereses privados que utilizaron a El Topo como guachiman con armamento de guerra.
Paramilitarismo y bacrims son el principal activo político del Comando Sur en Venezuela
¿Final?
Mientras estas acciones dirigidas a frenar el paramilitarismo de desarrollan, las expresiones más mortíferas de la guerra (linchamientos, sicariatos políticos, espiral de violencia armada, promoción de saqueos y disturbios y generación de un clima propicio para una mayor escalada de presión internacional) tenderán a intensificarse.
El tiempo que se habían estipulado para destituir al chavismo del poder (seis meses) ya está por agotarse, y eso independientemente de su propia interpretación o de futuros controles de daños, es una señal de debilidad política grande con resonancia internacional.
El comprensible desespero inyectado por el Comando Sur a Freddy Guevara, que lo lleva a decirle a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, que "no debes jugar con la paz de este país" y la disposición sin retorno de la AN de instalarse como un paraestado que negocie libremente medidas de intervención dosificada (vía sanciones de la política exterior gringa o Carta Democrática de la OEA) contra el país, no es más que una reacción directamente proporcional a estas acciones.
Que la OLP sea criminalizada por ONGs financiadas por corporaciones y élites de gobiernos extranjeros como Provea y organismos multilaterales de la órbita gringa como la OEA y la CIDH, y que el Mayor General que está gestionando estas acciones esté sancionado por Estados Unidos, el Ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Gustavo Gónzalez López, constituye el blindaje y el apoyo flagrante a estos grupos irregulares y a su dominio en zonas estratégicas del país, enmarcado en el ya practicado proyecto de construir paraestados (caso Libia y Siria) que impongan su autoridad por encima de las legítimas autoridades de la nación.
No ha de sorprendernos que el despliegue que realiza ahora mismo la OLP en el corredor Cota 905, Cementerio, El Valle y Coche, sea catalogado (nuevamente) como una "violación de derechos humanos". El paramilitarismo y las bandas criminales son el principal activo político del Comando Sur en Venezuela, pues está haciendo la tarea de disputar el poder político directamente en zonas estratégicas del territorio venezolano y no en la ineficaz estructura de la Asamblea Nacional.
-misiónverdad
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