El gobierno búlgaro anunció el domingo [8 de junio de 2014] la interrupción de los trabajos de construcción de South Stream, el gasoducto que debía transportar gas ruso hacia los países de la Unión Europea sin pasar por Ucrania. «He ordenado detener los trabajos. Decidiremos sobre esa situación después de las consultas que realizaremos con Bruselas»,
declaró el primer ministro búlgaro Plamen Oresharski. El presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Barroso, había anunciado en los últimos
días la apertura de un procedimiento de la Unión Europea contra
Bulgaria por supuestas irregularidades en el proceso de licitación de South Stream.
Sólo 3 días antes, el 5 de junio, la dirección del Partido Socialista
Búlgaro, que respalda el gobierno de Oresharski, daba por seguro que el
tramo búlgaro de South Stream se construiría a pesar de que Bruselas pedía que se detuviera el proyecto. «Para nosotros es de importancia vital»,
subrayaba el vicepresidente de la comisión parlamentaria a cargo de la
energía. Y el vicepresidente de la Cámara de los Constructores declaraba
que «South Stream es una bocanada de oxígeno para las empresas búlgaras».Entonces, ¿qué pasó? El proyecto South Stream nace en noviembre de 2006 (bajo el segundo gobierno del entonces primer ministro italiano Romano Prodi) cuando la empresa rusa Gazprom y la italiana ENI firman un acuerdo de asociación estratégica. En junio de 2007, el ministro italiano de Desarrollo Económico Pierluigi Bersani firma con el ministro ruso de Industria y Energía el memorándum de entendimiento para la realización de South Stream.
Según el proyecto, el gasoducto se compone de un tramo submarino de 930 kilómetros a través del Mar Negro (en aguas territoriales rusas, búlgaras y turcas) y de un tramo terrestre a través de Bulgaria, Serbia, Hungría, Eslovenia e Italia hasta Tarvisio, en la provincia italiana de Udine. Entre 2008 y 2011 se concluyen todos los acuerdos intergubernamentales con los países por cuyos territorios debe transitar South Stream. En 2012, entran también en el grupo de accionistas que financia la realización del tramo submarino la empresa alemana Wintershall y la francesa EDF, cada una con un 15% de las acciones, mientras que la italiana ENI (que cedió un 30%) conserva un 20% de las acciones y Gazprom posee un 50%. La construcción del gasoducto comienza en diciembre de 2012, con vista a iniciar la entrega de gas en 2015. En marzo de 2014, la empresa Saipem (ENI) obtiene un contrato de 2 000 millones de euros para la construcción de la primera línea del tramo submarino.
Mientras tanto, estalla la crisis ucraniana y Estados Unidos presiona a sus aliados europeos para que reduzcan sus importaciones de gas y petróleo rusos, que constituyen alrededor de la tercera parte de las importaciones energéticas de la Unión Europea. Objetivo número 1 de Estados Unidos, como escribíamos el 26 de marzo [1]: impedir la construcción de South Stream. Para lograrlo, Washington ejerce crecientes presiones sobre el gobierno búlgaro. Comienza criticándolo por haber confiado la construcción del tramo búlgaro del gasoducto a un consorcio que incluye la empresa rusa Stroytransgaz, sujeta a sanciones estadounidenses. En tono de chantaje, la embajadora de Estados Unidos en Sofía, Marcie Ríe, declara:
«Advertimos a los hombres de negocios búlgaros que eviten trabajar con empresas sujetas a sanciones decretadas por Estados Unidos.»El momento decisivo llegó el pasado domingo, en Sofía, cuando el senador estadounidense John McCain, acompañado de sus homólogos Chris Murphy y Ron Johnson, se reunió con el primer ministro búlgaro para transmitirle las órdenes de Washington. Inmediatamente después de ese encuentro, el primer ministro Plamen Oresharski anuncia la interrupción de los trabajos de South Stream.
Se trata de un caso perfectamente emblemático. Un proyecto de gran importancia económica para la Unión Europea se ve saboteado no sólo por Washington sino también por Bruselas e incluso por el propio presidente de la Comisión Europea.
Sería interesante saber qué piensa de eso el gobierno de Matteo Renzi, teniendo en cuenta que Italia –como advirtió el número 1 de ENI, Paolo Scaroni– perdería varios contratos por miles de millones de euros si llegase a enterrarse el proyecto South Stream.
Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio
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