“Para avanzar en una normalización en las relaciones con EEUU, debe parar, de una vez por todas, el financiamiento de EEUU a las organizaciones opositoras de Venezuela, que bajo la fachada de organizaciones no gubernamentales son organizaciones abiertamente opositoras al Gobierno y con conexiones directas con los partidos opositores”, dijo Jaua en Caracas el miércoles pasado en un encuentro con la prensa nacional e internacional.

Asimismo, el titular de la cartera de Exteriores venezolano denunció que esos grupos incluso están relacionados con “organizaciones al margen de la ley, intentando permanentemente desestabilizar o producir violencia en Venezuela”. 

Según la abogada y escritora venezolano-estadounidense, reconocida investigadora de los documentos desclasificados del gobierno de EEUU, Eva Golinger, el financiamiento a los antichavistas por parte de EEUU superó entre 2002 y 2011 los cien millones de dólares. Golinger hizo esta denuncia en 2011. 

“A través de la National Endowment for Democracy (NED), una agencia creada por el Congreso estadounidense y financiada por el Departamento de Estado, y la Agencia Internacional del Desarrollo de EEUU (USAID), Washington ha canalizado más de cien millones de dólares a grupos antichavistas en Venezuela desde 2002”, de acuerdo con una nota informativa de Golinger. 

En ese entonces, continuó en su nota, “gran parte de ese dinero fue utilizado en las campañas electorales de los candidatos opositores, además de las permanentes campañas mediáticas que inundan los medios nacionales e internacionales contra el gobierno de Hugo Chávez”. 

Golinger asegura que la embajada de EEUU en Caracas ha sido el centro de distribución y coordinación de la mayoría de los fondos de la USAID y la NED desde 2002. No obstante, hasta finales de 2010, la USAID mantenía oficinas de tres de sus contratistas en Caracas: el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Demócrata Nacional (NDI) y Development Alternatives Inc. (DAI). 

A través de las citadas entidades, particularmente DAI, USAID canalizaba millones de dólares cada año a cientos de grupos, proyectos, campañas e iniciativas de la oposición en Venezuela. IRI y NDI suministraban más asesoramiento político que dinero en efectivo. 

Las tres agencias de Washington salieron abruptamente de Venezuela cuando, ya a finales de 2010, la Asamblea Nacional aprobó una ley prohibiendo esta clase de financiamiento externo para fines políticos en el país. 

A principios del 2011, USAID colocó una nota en su página web diciendo que su programa para Venezuela se había trasladado a su oficina para América Latina en Washington. Ninguna otra información sobre su Oficina de Iniciativas hacia una Transición (OTI), que había mantenido en Caracas desde 2002, se ofreció al público. 

Por otra parte, Jaua reiteró el rechazo de Venezuela ante el ataque de la diplomacia estadounidense contra la aprobación de la Asamblea Nacional venezolana de la Ley Habilitante, que otorga poderes al Ejecutivo para profundizar la lucha contra la corrupción e impulsar una economía diversificada y productiva en el país. 

Esto demuestra “un desconocimiento absoluto de la constitucionalid ad” de Venezuela, añadió el canciller venezolano, al recordar que la Ley Habilitante está contemplada en la Constitución. 
“Nosotros no le ponemos condiciones a nadie para tener relaciones, lo único que le exigimos es respeto, respeto a nuestra soberanía, a nuestros asuntos internos”, recalcó.

Jaua añadió que para mejorar las relaciones bilaterales con Venezuela el gobierno estadounidense debería empezar por “poner freno a las acciones de señores como Roger Noriega, ex embajador estadounidense ante la OEA, que se mueven desde EEUU, y algunos países del continente latinoamericano, articulando planes contra las autoridades venezolanas”.

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