EEUU niega visados a ecuatorianos afectados por Chevron

La Cancillería ecuatoriana anunció el viernes que EE. UU. se ha negado a otorgar visados a un grupo de cinco ciudadanos ecuatorianos con pasaporte especial concedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, que intentaban denunciar a la petrolera estadounidense ‘Chevron’ ante la Asamblea General de la ONU.

"Sin ninguna respuesta, la Embajada de Estados Unidos en Quito, devolvió los pasaportes especiales otorgados por el Gobierno ecuatoriano a cinco ciudadanos afectados por la contaminación, quienes debían asistir a un evento oficial en Naciones Unidas, por lo tanto están protegidos por las normas del 'Convenio de Sede' de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)", informó la Cancillería ecuatoriana.


Por otra parte, el Gobierno ecuatoriano también expresó, mediante un comunicado, su malestar por el gesto tenido por EE. UU. y pidió "que todo país se comporte con la misma ecuanimidad y respeto a las normas vigentes y a la costumbre internacional, tal como lo hace Ecuador".

Esta actuación de EE. UU. se produjo horas después de que el país norteamericano prohibiera el sobrevuelo del avión del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por el espacio aéreo de Puerto Rico, cuando este se dirigía rumbo a China; además de negarse a concederle visados a un grupo de funcionarios venezolanos que quería participar en el Foro de Cooperación América del Sur-África en Nueva York (este de EE. UU.).

La compañía petrolera estadounidense ‘Texaco’, adquirida por ‘Chevron’ en 2001, contaminó 2 millones de hectáreas de la Amazonia ecuatoriana durante 26 años, entre 1964 y 1990, cuando explotaba el petróleo de la zona nororiental del país -actualmente son las provincias de Sucumbíos y Orellana-, ocasionando graves daños ambientales que derivaron en la muerte de 1 041 personas por cáncer.

Una corte de la provincia de Sucumbíos dictaminó en 2011 que ‘Chevron’ debía pagar 19 000 millones de dólares por los daños ambientales; sin embargo, la compañía se niega a asumir la responsabilidad de lo ocurrido y culpa al Gobierno ecuatoriano de interferir en el asunto.

Según la Cancillería ecuatoriana, lo sucedido es “uno de los mayores desastres medioambientales de la historia".

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