Las ayudas directas del Estado a la banca desde que empezó la crisis -sin contar las ya amortizadas u otras que se podrían sumar, como los préstamos del Banco Central Europeo (BCE)- comprometen en la actualidad alrededor de 216.000 millones de euros, el equivalente al 21% del PIB del Estado Español.
Las ayudas directas del Estado a la banca desde que empezó la crisis -sin contar las ya amortizadas u otras que se podrían sumar, como los préstamos del Banco Central Europeo (BCE)- comprometen en la actualidad alrededor de 216.000 millones de euros, el equivalente al 21% del producto interior bruto (PIB) de España. El sector se ha beneficiado del dinero público desde octubre del 2008, cuando la tormenta financiera que siguió a la caída del banco de inversión Lehman Brothers puso en jaque a la economía y las finanzas mundiales.
En aquel momento se arbitraron dos medidas urgentes para paliar la falta de liquidez. Se creó el fondo de adquisición de activos financieros (FAAF), un sistema de avales que permitió a la banca captar 19.300 millones en los mercados, y que ya se liquidó; y se montó un programa de avales del Tesoro, aún vigente, y que a finales de octubre respaldaba emisiones de deuda del conjunto de la banca por valor de 76.200 millones de euros.
Pero las mayores partidas -y donde se concentra el mayor riesgo para el Estado y, en consecuencia, para el contribuyente- son en las inyecciones directas de préstamos y capital en las entidades financieras, por un lado, y en el banco malo, por el otro. Entre lo ya desembolsado y lo que llegará en los próximos meses por ambos conceptos se habrá regado a la parte más débil del sector financiero con unos 120.200 millones. A diferencia de las anteriores facilidades de liquidez, aquí de lo que se trataba y de lo que se trata es de la solvencia. En román paladino: miles de millones de euros para evitar (o retrasar) la quiebra de entidades concretas.
En el primero de estos apartados se enmarca la actividad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en junio del 2009, pocos meses después de la intervención de Caja Castilla La Mancha (CCM) para propiciar la reestructuración del sector. Las participaciones preferentes y después la entrada directa en el capital regaron con miles de millones a las cajas de ahorros, lo que les permitió, en la mayoría de los casos, fusionarse, cerrar miles de oficinas, despedir a buena parte de sus plantillas y... llegar al 2012 con unos balances infestados de riesgo inmobiliario, con las cuentas de resultados en rojo o muy próximas a estarlo y con su viabilidad futura seriamente comprometida.
Este panorama, empeorado a propósito por el Gobierno al obligar a realizar a todo el sector provisiones por unos 85.000 millones de euros para sanear los activos tóxicos del ladrillo, es el que motivó, el pasado julio, la petición de ayuda europea concretada esta semana en los 37.000 millones de euros concedidos a Bankia, Catalunya Banc, Nova Galicia y el Banco de Valencia, las cuatro entidades nacionalizadas por el FROB. Entre los primeros préstamos (nunca devueltos), las primeras inyecciones del FROB y las que hará ahora gracias a la ayuda europea se rozan los 59.000 millones de euros. La cifra aún aumentará en unos pocos miles de millones más cuando Liberbank, BMN y la fusionada España-Duero pidan las ayudas necesarias para cubrir sus necesidades de capital dentro de dos semanas.
Precisamente, los fondos europeos han propiciado que la factura se dispare por la imposición de la troika -BCE, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Unión Europea- de crear un banco malo, bautizado como Sareb. La sociedad requerirá de entrada 2.400 millones en capital público y una parte esencial de su funcionamiento es que emitirá bonos con el aval del Estado que entregará a los bancos- a cambio de sus préstamos al sector promotor y activos inmobiliarios- para que puedan obtener liquidez inmediata del BCE.
Aunque el Gobierno quiere que el Estado sea minoritario en el banco malo, los bonos están garantizados y se consideran una ayuda pública a todos los efectos. Ya hay comprometidos bonos por 44.000 millones para las cuatro entidades nacionalizadas y el Banco de España calcula que harán falta unos 15.000 millones más para las que pedirán ayuda de inmediato.
Por último, resta contabilizar una partida incierta, asociada a la venta de las cajas por parte del Estado. Las subastas que ha realizado hasta ahora el Banco de España para adjudicar las entidades intervenidas o nacionalizadas han incorporado lo que en el sector se conoce como un esquema de protección de activos (EPA). Este instrumento es una especie de seguro que cubre al comprador de una parte de las pérdidas de una determinada cartera de créditos durante un tiempo determinado, generalmente diez años.
El mayor EPA de las cinco subastas ha sido el de la CAM, que es también la mayor caja rescatada. El Sabadell, su comprador, se garantizó la cobertura de créditos por 24.600 millones -casi todos ellos del sector inmobiliario-, que ya contaban con provisiones por 3.900 millones. Por lo tanto, el riesgo neto se reducía a 20.700 millones, de los que el fondo de garantía de depósitos (FGD) respondería en un futuro del 80%: 16.560 millones. El Sabadell dijo en su día que la pérdida esperada se acercará a esa cifra.
El resto de EPA concedidos ocasionarán, previsiblemente, quebrantos muy inferiores. El del Banco de Valencia, por ejemplo, sólo cubre una cartera de 5.500 millones y el Banco de España calcula que la pérdida esperada no será superior a los 600 millones de euros. Unnim fue traspasada al BBVA con un EPA que podría impactar en el FGD con otros 1.000 millones, mientras que CCM y CajaSur podrían añadir, en el peor de los casos, unos 1.000 millones más.
Fuente: kaosenlared
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