Se calcula que 23,674 millones de personas carecían de empleo en noviembre en la UE, de los que 16,372 millones se encontraban en la zona euro, lo que supone un aumento mensual de 55.000 parados en el conjunto de la UE y de 45.000 en la zona euro. Respecto a noviembre de 2010, la cifra de desempleados entre los Veintisiete subió en 723.000 personas y en 587.000 en la zona euro.
Entre los países miembros cuyos datos estaban disponibles, las menores tasas de paro se registraron en Austria (4%), y Luxemburgo y Países Bajos, ambos con un 4,9%, mientras que las más altas fueron las de España (22,9%), Grecia (18,8% en septiembre de 2011) y Lituania (15,3% en el tercer trimestre de 2011).
El Gobierno confirma que la Seguridad Social está sin fondos y limita las transacciones en efectivo
Primer Consejo de Ministros del año 2012 donde los asuntos económicos, como no podría ser de otra manera, han copado el protagonismo de la adopción de acuerdos por parte del Gabinete comandado por Mariano Rajoy. Esta vez en solitario, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha desgranado las medidas y propósitos inmediatos que llevará a cabo el Ejecutivo del Partido Popular, unas medidas que dejan datos graves, como el déficit de la Seguridad Social, y el inclumiento por parte del Gobierno socialista del redimensionamiento de las empresas públicas deficitarias. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a eliminar 515 entidades públicas y finalmente sólo se han suprimido 69.
LA SEGURIDAD SOCIAL TERMINA EL 2011 EN NÚMEROS ROJOS
La Seguridad Social cerró el año 2011 con un déficit de 668 millones de euros, el equivalente al 0,06% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al superávit inicialmente previsto por el Gobierno socialista del 0,4% del PIB, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sáenz de Santamaría ha señalado también que, pese a esta desviación negativa sobre lo previsto en las cuentas de la Seguridad Social, "los pensionistas pueden estar tranquilos", pues las pensiones se pagarán puntualmente. Santamaría, que ha comentado que esta situación le recuerda a la de 1996, ha insistido en que la realidad económica es "más dura" de lo que pensaba el Gobierno, por lo que ha advertido de que las medidas que adoptará en el futuro "también lo serán".
EL GOBIERNO SOCIALISTA SÓLO ELIMINÓ 69 EMPRESAS PÚBLICAS
Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido a las comuniadades autónomas que reduzcan de una manera drástica el entramado de empresas públicas deficitarias con el que cuentan. ún un informe del Ministerio de Hacienda que ha analizado hoy el Gobierno, hay más de 4.000 organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración del Estado.
Con el objetivo de adelgazar la administración, Sáenz de Santamaría ha convocado para este mismo mes de enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En 2010, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a la eliminación de 515 organismos públicos deficitarios. El resultado a la llegada de los 'populares' a La Moncloa, que sólo 69 organismos han sido eliminados. "No se ha cumplido más de un 13%. es decir, no se han eliminado más que 69 entidades de este tipo", aseveró la vicepresidenta y portavoz del Gobierno.
EL GOBIERNO PEDIRÁ UN INFORME PARA AMPLIAR LA VIDA DE GAROÑA
El Gobierno requerirá, a petición del Ministerio Industria, un informe al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la prolongación de la vida útil de la central de Santa María de Garoña, cuyo cierre estaba previsto para el año 2013 tras una prórroga concedida por el anterior Ejecutivo.
En este sentido, ha recordado que el CSN es el encargado de elaborar los informes "sobre las condiciones técnicas y posibilidad de prolongación de la vida útil" de las centrales nucleares y es por ello que han preferido solicitar este documento antes de adoptar Industria una decisión sobre Garoña.
Asimismo, Soraya Sáenz de Santamaría ha apuntado que esta decisión se produce a raíz del cambio normativo pactado tanto por PP como por el PSOE con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible. Así, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, ha explicado que en esta ley se incluían los requisitos que había que adoptarse en el ámbito de la planificación de la energía y, en particular, de la nuclear, y, entre ellos, se contemplaba la opción de someter este tipo de decisiones al criterio del CSN "como elemento clave".
DE GUINDOS PEDIRÁ CUENTAS AL BANCO DE ESPAÑA
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, solicitará a través de una misiva al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, información relativa a la "adecuación" de las retribuciones de la cúpula de las entidades que han recibido ayudas públicas.
En concreto, De Guindos se dirigirá a Fernández Ordóñez para que le facilite las retribuciones fijas y variables de estos altos cargos de las entidades que debieron recurrir al Estado para poder seguir operando. La vicepresidenta del Gobierno ha adelantado que dependiendo del informe que presente el gobernador de la institución, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomará medidas destinadas a evitar "premiar" a los gestores que llevaron a algunas entidades al borde la quiebra.
SE LIMITARÁ EL USO DE EFECTIVO PARA EVITAR EL FRAUDE
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012, y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales.
La vicepresidenta del Gobierno ha indicado que una de las novedades que incluirá el plan será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones. Sáenz de Santamaría ha destacado que esta medida ya la han puesto en práctica Francia e Italia para frenar compras con dinero negro, en las que se emplean billetes de gran cantidad.
El plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas. Asimismo, se trabajará para analizar la información elaborada en paraísos fiscales como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Francesas. También se intensificarán las actuaciones en actividades como la energía eléctrica y terminales de tarjetas electrónicas.
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