Habrá auditorías «de infarto»
Según fuentes del PP consultadas por ABC, su principal temor son las facturas impagadas. En estos momentos de crisis, en el que el grifo del crédito está cerrado, las administraciones están usando a los proveedores como una importante fuente de financiación. Los nuevos gobiernos, lógicamente, harán aflorar esos documentos para que quede claro que es un gasto que ellos no han realizado, sino que procede de los ejecutivos anteriores. Eso es lo que ocurrió en Cataluña, donde esta realidad elevó en un 0,6% del PIB la deuda oficial de la Generalitat. Y eso es lo que los expertos y el PP, que será quien asuma las nuevas responsabilidades de gobierno, temen que pueda ocurrir ahora en las autonomías en las que habrá cambios en el timón de mando: Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria y probablemente Asturias y Aragón. En todas ellas, salvo en Asturias, será el PP quien gobierne.
«La razón por la que podría aflorar un mayor déficit del estimado provendría de facturas no registradas, ni contabilizadas», aseguran en AFI (Analistas Financieros Internacionales). No obstante reconocen que es muy difícil conocer su magnitud y esperan que, en todo caso, sean inferiores a las registradas en Cataluña.
El Banco de España cifraba a finales de 2010 en 34.600 millones la deuda comercial de las comunidades con los proveedores, pero estas facturas estarían registradas y por tanto incluidas en el déficit estimado para finales de 2010. El problema, pues, no estaría ahí, sino en las que no están ni siquiera recogidas en las cuentas.
No obstante, hay algo que juega a favor de que el impacto en el déficit del conjunto de España no sea muy elevado: las comunidades en las que habrá cambio de gobierno no tienen un excesivo peso en el PIB nacional. AFI explica que las cinco autonomías antes citadas suman apenas el 12,4% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y el 13,2% de la deuda pública regional. Es decir, de forma conjunta deben 15.300 millones, la mitad que. Incluso si sumáramos Extremadura, donde el relevo es menos probable, el peso sería del 14% del PIB nacional.
Unos 1.200 millones
Si en estas comunidades aflorara un gasto similar al reconocido en su momento por el Gobierno catalán, el 0,6% de su PIB; e incluso si se elevara hasta el 1%, el déficit autonómico podría aumentar en unos 1.200 millones de euros respecto al cierre de 2010, según los cálculos de AFI. Estos analistas consideran, además, que el hecho de que estas comunidades vayan a compartir color político será positivo para adoptar medidas conjuntas de racionalización del gasto.
La consultora Freemarket Corporate Intelligence, que dirige Lorenzo Bernaldo de Quirós, ha realizado un estudio que pone de manifiesto que que hay alrededor de 5.200 entes autonómicos y locales con un endeudamiento no reconocido en las cuentas oficiales de alrededor de 26.400 millones de euros. Pero probablemente el PP tampoco los incorporará en los sitios en los que vaya a gobernar, porque la normativa europea permite no contabilizar este déficit.
Del mismo modo FreeMarket calcula que las deudas de las administracionales territoriales con los proveedores se sitúan entre 30.000 y 40.000 millones.
Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se insistió ayer en su confianza en que las comunidades cumplirán su objetivo. Aunque Cataluña ya ha reconocido que no lo hará y veremos a ver finalmente que hay debajo de las alfombras.
España 2011-Acceso al resultado de las elecciones.
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