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José Luis Rodríguez Zapatero no considera que ampliar hasta el 15 de enero el primer estado de alarma de la democracia constituya un motivo suficiente para comparecer ante el Parlamento o los medios de comunicación. Alfredo Pérez Rubalcaba volvió a dar la cara ayer por el presidente del Gobierno para anunciar la prórroga de esta situación de excepcionalidad constitucional por un total de, al menos, 42 días, mientras que Ramón Jáuregui será el encargado de pedir apoyo al Congreso mañana jueves.
El vicepresidente primero despachó la ausencia de Zapatero afirmando que mañana "tiene un Consejo Europeo importantísimo" y que la prórroga tiene un carácter "distinto de la explicación que ya dio el presidente" la pasada semana. De esta forma, el Ejecutivo minimiza la trascendencia política y legal de prolongar la alarma hasta después de las fiestas navideñas, y trata de aislar al líder socialista de un conflicto de incierto final. Sin embargo, esta infravaloración de las medidas excepcionales contrasta con la justificación que ofreció Rubalcaba para prorrogar el decreto.
"Los acontecimientos fueron gravísimos y es obligación del Gobierno garantizar que el control del tráfico aéreo vuelve absolutamente a la normalidad, que todo transcurre en los aeropuertos exactamente igual que antes del día 3. Por eso, hemos acordado darnos un tiempo hasta el 15 de enero, porque los ciudadanos viajan más estos días y hay que ser rigurosos en todos los sistemas que rodean la navegación aérea", aseguró.
Rubalcaba compareció en la sala de prensa del Congreso tras el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró a las siete de la tarde en la Carrera de San Jerónimo. Con prisa y un tono displicente, el portavoz y ministro del Interior se limitó a explicar que el nuevo decreto se elaborará bajo las mismas condiciones que el actualmente vigente. Sin embargo, no aclaró cuáles son los planes del Gobierno para someter a los controladores cuando finalice la prórroga.
Por otra parte, Rubalcaba rechazó de plano la demanda del PP para que el Ejecutivo consulte al Consejo de Estado antes de pedir el refrendo del Congreso. Según la interpretación que Soraya Sáenz de Santamaría hace de la ley, el Gobierno debe solicitar un informe "preceptivo" a este organismo siempre que se trate de "asuntos de especial trascendencia o repercusión", una categoría donde se enmarcaría el estado de alarma. Tanto Sáenz de Santamaría como Mariano Rajoy criticaron la "incapacidad" y el "fracaso de la gestión" del Ejecutivo, pero no aclararon cuál será la orientación del voto del PP. Fuentes parlamentarias apuntaron que, previsiblemente, los populares se abstendrán para conjugar la condenta hacia la actitud de los controladores con la crítica política al Gobierno.
Zapatero maniobró para evitar acudir al Congreso
Ante la expectación generada por la prórroga de la alarma, Moncloa trató de simular que Zapatero estaba dispuesto a comparecer en el Parlamento. Así, en un primer momento, el presidente trató de excusar su presencia alegando que el rigor del reglamento del Congreso, así como el de los portavoces parlamentarios, no permitía debatir este punto hasta el mediodía del jueves. Y para entonces, Zapatero debía estar volando a Bruselas para acudir al Consejo Europeo. Según esta versión, el Ejecutivo había comunicado al Parlamento su decisión de convocar el Consejo de Ministros extraordinario en torno a la una de la tarde, es decir, cuando la Junta de Portavoces ya había terminado y los contenidos de la sesión plenaria estaban cerrados.
No obstante, la realidad es que el Gobierno ya había decidido abordar la prórroga del estado de alarma antes de que se celebrara la reunión de portavoces. De hecho, la noticia se extendió por los medios de comunicación y llegó a los grupos parlamentarios antes de que comenzara la junta. Además, antes de que ésta finalizara, Moncloa confirmó oficialmente que celebraría el Consejo de Ministros. Para el PP, resulta evidente que el Gobierno no intentó comunicarse con el Congreso durante la mañana, ni quiso reservar un punto en el orden del día por si fuera necesario utilizarlo para votar la ampliación del decreto.
La maniobra de Zapatero deja en manos de Rubalcaba, Blanco y Jáuregui la gestión del impacto del estado de alarma en la opinión pública. El presidente ha decidido restar gravedad a esta situación de excepcionalidad, pero lo cierto es que el Ejecutivo está aprovechando su golpe de mano en el conflicto con los controladores para transmitir autoridad a la sociedad. Blanco no pudo contenerse al replicar a Gaspar Llamazares durante su comparecencia de ayer en la Comisión de Fomento, y desveló que posee “datos que avalan” que una mayoría de la población aprueba la prórroga. De las palabras del ministro se deduce que el Gobierno ha encargado un sondeo para comprobar el grado de aceptación de este decreto antes de lanzarse a pedir su prolongación.
La retórica de Blanco volvió girar en torno a la casta privilegiada que suponen los controladores y al coraje demostrado por del Ejecutivo para meterles en cintura. Pero el resto de grupos parlamentarios no compraron sin más este relato socialista. Incluso CiU y PNV, dispuestos a respaldar el nuevo decreto, recordaron al ministro de Fomento que el conflicto es prueba de su mala gestión. José Ramón Beloki, portavoz del PNV, tachó de “cierto fracaso político” el estado de alarma, mientras que Pere Macias, de CiU, pidió que Gobierno y controladores se sometan a un mecanismo de arbitraje para zanjar la negociación del convenio laboral.
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