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José Luis Rodríguez Zapatero se ha parapetado tras su guardia pretoriana. El presidente del Gobierno no ha querido asumir en primera persona el eventual coste político del conflicto con los controladores aéreos, al punto que no ha realizado ninguna intervención pública desde que el pasado viernes estallara el conflicto. Ni siquiera la declaración del estado de alarma, un hecho inédito en democracia, ha sido suficiente para que el jefe del Ejecutivo haya tenido a bien dirigir unas palabras a los ciudadanos. En horas de máxima tensión, el presidente se ha atrincherado tras su nuevo factótum, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el viejo, José Blanco.
Tanto el vicepresidente como el ministro de Fomento se multiplicaban ayer en los medios de comunicación para, a partes iguales, calmar los ánimos, explicar lo sucedido y sacar pecho por la contundencia del Gobierno. Rubalcaba adelantaba que será el próximo jueves cuando Zapatero comparecerá en el Congreso de los Diputados. En declaraciones a la Cadena Ser, salía al paso de las críticas y consideraba “ridículo” que el PP pudiera plantear que el presidente no hubiera encabezado la gestión de la crisis. Lo había hecho “día a día, minuto a minuto y segundo a segundo”. Y remachó el vicepresidente: “No es que él diera luz verde al estado de alarma. Es que lo decidió él”.
Blanco también se refirió a la intervención de Zapatero en una entrevista publicada por el diario El País, que además dedicaba ayer dos páginas a explicar cómo afrontó el trance el presidente. ¿Dudo en algún momento en firmar esos decretos y tomar acuerdos que suponían una excepcionalidad insólita en España? “Al revés, el presidente tuvo claro que había que tomar decisiones desde la serenidad y la firmeza. Así nos indicó a todos los que estábamos coordinando esta situación de crisis. Y en todo momento iba autorizando y dando indicaciones de las decisiones que se tenían que ir adoptando”, glosa el ministro de Fomento.
El pulso con los controladores aéreos y la falta de presencia pública del presidente coincide con un momento especialmente delicado de su mandato. Zapatero decidió el pasado miércoles cancelar su viaje a Bolivia y su participación posterior en la Cumbre Iberoamericana de Argentina para estar presente en el Consejo de Ministros del viernes, que iba a aprobar su último plan de medidas económicas. Esa fue la justificación oficial. El rumor que circulaba en los mercados era que podía estarse fraguando un rescate a la maltrecha economía española. Poco podía sospechar el Gobierno que los controladores iban a monopolizar toda la agenda.
“Que Aznar explique qué está pasando”
El silencio de Zapatero contrasta además con las exigencias que lanzaba como líder de la oposición. En julio de 2001, en pleno verano, Iberia suspendía sus vuelos por un conflicto con los pilotos argumentando que no podía garantizar la seguridad de los pasajeros. Como es obvio, la cuestión no llegó a provocar un estado de alarma ni obligó a cerrar el espacio aéreo español. Sin embargo, el secretario general del PSOE no fue tímido a la hora de pedir la comparecencia inmediata de Aznar en el Congreso para que explicara “que está pasando y qué medidas va a tomar”. Atribuyó el conflicto a la “política equivocada de privatizaciones” del Ejecutivo popular. Ahora, cuando es Zapatero quien acomete la privatización parcial de Aena, ha sido Soraya Sáenz de Santamaría quien se ha quejado del silencio del presidente.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso afirmo ayer que, aunque los controladores son los responsables directos de lo sucedido, “los ciudadanos merecen que el propio presidente del Gobierno les explica cómo ha llevado la situación, qué ha pasados estos días y las gestiones que ha venido realizando los dos años anteriores”. La posición del PP no es sencilla, en tanto tendrá que decidir en los próximos días si apoya la prórroga del estado de alarma, en caso de que el Ejecutivo decida prolongarla más allá de los 15 días que contempla la ley. En todo caso, ayer Sáenz de Santamaría pidió que fuera Zapatero quien diera “en persona” una explicación.
La gestión del conflicto desarrollada esta fin de semana por el Ejecutivo es la máxima expresión del proyecto de “un presidente y 15 portavoces” que alentaba Rubalcaba en la primera rueda de prensa celebrada tras el cambio en el gabinete. Un ejercicio de protección de la imagen de Zapatero, demasiado expuesto antes de la crisis de Gobierno por el bajo perfil de algunos de sus ministros, incluida la vicepresidenta económica. Un escenario poco recomendable, sobre todo en debacle financiera. Las críticas lanzadas ayer al Gobierno desde la oposición por la nula visibilidad del presidente en el affaire de los controladores enlazaban con los temores apuntados por algunos constitucionalistas.
Según publicaba ayer este diario, diversos juristas cuestionan la constitucionalidad del Real Decreto que decretó el estado de alarma ya que deja a una autoridad militar al mando del espacio aéreo. "Se puede movilizar a los empleados públicos y someterlos a la autoridad militar, eso es correcto. Sin embargo, la autoridad última siempre debe ser civil, bien sea el presidente del Gobierno o el de una comunidad autónoma si el problema se circunscribe a esa demarcación", explican fuentes jurídicas, dejando claro que el caso sería distinto si se hubiera decretado el estado de sitio.
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