La ley Sinde y su complicidad con el gobierno de Obama

A través de un análisis de las comunicaciones publicadas por WikiLeaks, habíamos identificado más de cien despachos diplomáticos enviados por la Embajada estadounidense en Madrid relacionados con la propiedad intelectual, a través de la etiqueta KIPR. Sospechábamos que España había recibido presiones de EEUU para modificar las leyes de propiedad intelectual, y combatir el intercambio de archivos de forma más enérgica.

Esas sospechas se volvieron revelaciones: en medio de la tormenta informativa por el caos de los controladores aéreos, y tras la petición realizada por Twitter al periódico, El País publicó un artículo de José Ébola titulado EE UU ejecutó un plan para conseguir una ley antidescargas. Acompañan al artículo 9 despachos diplomáticos de WikiLeaks. La cronología de los sucesos más importantes puede verse en el gráfico de El País -y en el de Antonio Delgado.

Y tienen un plan.

La comunicación que revela ese plan de la Embajada es el 07MADRID2305.

«Given the USG's Special 301-related concerns with respect to the protection of copyrighted materials in Spain, the Embassy has developed a short, medium and long-term IPR strategy for Spain. [...] Our strategy will required continued constant high-level Embassy attention to this matter and occasional help from Washington agencies over the coming three to four years».

Esto es, en 2007 la Embajada no está nada satisfecha con los avances en materia de protección intelectual en España, y establece un plan a varios años vista, que requerirá la atención especial de la Embajada y de otras agencias gubernamentales en Washington. El plan consiste en presiones a todos los niveles. El objetivo es que el Gobierno apruebe primero una ley para avisar a los usuarios que están descargando contenidos con copyright, y en base a la experiencia, apruebe posteriormente la legislación para cortar el acceso. Tienen en cuenta las elecciones de 2008: antes de ellas el gobierno no tendrá margen de maniobra, y tras ellas creen que sólo hay un periodo de un año para la aprobación de medidas impopulares.

En estos despachos publicados por El País, la Embajada de Madrid muestra su disconformidad con cuestiones varias. Para mi, las más relevantes son:

La interpretación de los jueces de las leyes, contraria a los intereses estadounidenses: la Embajada muestra su frustración con el poder judicial español.
La circular de 2006 de la Fiscalía General del Estado, especificando que el intercambio de obras vía P2P no es delito.
El canon digital: la Embajada preferiría su abolición, citando la voluntad del PP en el mismo sentido.
Sin embargo, también destacan la pobre oferta para descargas legales, para lo que sugieren ofrecer colaboración.

En acción.

En febrero de 2008, la Embajada recomienda la inclusión de España en el Informe 301, con el apoyo de la industria del copyright española (FAP, SGAE, Promusicae). Tal y como cuenta en el enlace David Bravo, el Informe 301 es una "lista de los reyes magos" de la industria del copyright estadounidense. El informe está realizado a instancias de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), que incluye, entre otros, a la Business Software Alliance (BSA), la Motion Picture Association of America (MPAA) y la Recording Industry Association of America (RIAA). Y desde entonces, España aparece en la lista de vigilancia de los países más piratas.

Esto pone presión al gobierno, que una vez ganadas las elecciones en marzo de 2008, se enfrenta a un rápido desgaste debido a la crisis económica.

La Ley Sinde.

En 2009, llega Obama al poder y Zapatero pone a Ángeles González Sinde (directora de la Academia de Cine española) al frente del Ministerio de Cultura. En febrero, España vuelve a aparecer en el Informe 301. En mayo se da un paso más y las cámaras legislativas estadounidenses advierten que La piratería en internet «alcanza niveles de epidemia en España».

Al fin, los rezos de la Embajada se ven en parte cumplidos con la famosa Disposición Final Primera, que se anuncia el 2 de diciembre de 2009, como parte del proyecto de Ley de Economía Sostenible. El País publicó precisamente el despacho fechado el 4 de diciembre de 2009, donde la Embajada relataba los cambios legislativos claves introducidos por la Ley Sinde y el revuelo causado esos días por el #manifiesto. La Embajada estadounidense de Madrid comunicó sus dudas sobre la capacidad del Gobierno para llevar adelante la ley, debido a que el resto de grupos parlamentarios había mostrado su rechazo.

La Embajada de Madrid trazó un plan con objetivos a corto, medio y largo plazo para que España aprobara una ley de avisos y desconexión de Internet.
WikiLeaks ha publicado algunos despachos con más información no mencionados por El País.
En otro despacho utilizado por El País centrado en una historia menor, se desvelan más declaraciones sobre el desarrollo de la Ley Sinde.

Ignacio Escolar titulaba así un artículo del 6 de diciembre de 2009: El golazo de la SGAE. Según la versión de César Calderón que cita Escolar, el Gobierno y el partido no sabían nada de la Ley Sinde, era un gol inesperado de Ángeles González Sinde. Al margen de los despachos publicados por El País, WikiLeaks publicó un par de despachos con datos interesantes: 09MADRID982 y 09MADRID1152. El despacho del 09MADRID982, del 6 de octubre de 2009, se relata la reunión con la Cámara de Comercio Americana de Francisco Ros (Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ministerio de Industria). Ros les informaba que el gobierno anunciaría una serie de medidas contra las descargas en «cuestión de días». En realidad, el periodista Ramón Muñoz de El País ya había adelantado esas medidas en el mes de junio, en La industria cultural renuncia al sistema de avisos para frenar las descargas de Internet:

«Pide al Gobierno que regule sólo la persecución de páginas webs de enlaces, y una moratoria de un año para los usuarios particulares [...] Olcese aclaró que no se trata de una renuncia definitiva al sistema de avisos, sino de una moratoria de un año».

El despacho del 2 de diciembre de 2009, 09MADRID1152, relata la visita de Dan Glickman (ex-Secretario de Agricultura de EEUU durante la presidencia de Bill Clinton y director general de la MPAA) durante FICOD 2009, la feria de contenidos digitales de Madrid, celebrada el 18 de noviembre. Se dan detalles pormenorizados de qué ministerios, asociaciones empresariales y cargos públicos están involucrados en la lucha contra las descargas de contenidos, qué opinan y qué planes tienen.

De este único despacho queda bastante claro que la Ley Sinde es un acuerdo entre la Coalición de Contenidos, Redtel y los ministerios de Cultura e Industria, quienes han acordado una vía administrativa para bloquear los sitios web y que se anunciará a finales de año. En estos despachos, la única voz discordante es la de Francisco Ros que se opone a la vía administrativa. (En 2008, la Embajada cita a Ros afirmando que el problema de la piratería en España es una «leyenda urbana» y que el problema es que la industria musical pasa de Internet. No tardan en organizarle un tour por EEUU, con entrevistas con diversos empresarios. Casualidad o no, Ros es relevado de la Secretaría de Estado en junio de 2010 y pasa a trabajar para una empresa estadounidense).

Según informa la Embajada, Promusicae tampoco se fía del Ministerio de Industria y el 1 de diciembre de 2009, organizan una manifestación en la sede del Ministro de Industria, y junto al presidente de Sony España entregan 2500 firmas: Varios músicos piden al Gobierno "medidas valientes" contra la piratería (La Vanguardia). Esta manifestación se hizo famosa porque una conocida artista gritó «nos morimos de hambre». Recordemos que ese mismo día, el 1 de diciembre de 2009, Ramón Muñoz desvela en El País que la Disposición Final Primera (Ley Sinde) entra en el proyecto de Ley de Economía Sostenible. Qué coincidencia.

Hay un tercer despacho que El País publicó hace unos días en su web, pero en lugar de resaltar el contenido más revelador, se centra en una cuestión menor, Cambiamos tesoro por 'pissarro'. Antonio Delgado se dio cuenta del jugoso contenido y organizó una traducción colaborativa en la que participamos varias personas. Está fechado en febrero de 2010 y vale la pena leer su contenido completo en español: 10MADRID174 (o en inglés). Algunos extractos:

«Internet está sacudiendo los modelos tradicionales de distribución cultural, dijo [Sinde]. El incremento en el uso del libro electrónico está sensibilizando a los autores y a los dueños de medios influyentes sobre el problema de la piratería».

«El Director General Corral dijo a la Oficina Económica recientemente que el gobierno se enfrenta a la oposición de algunos miembros del partido en el poder, y nos pidió que trasladáramos nuestros puntos de vista a los legisladores de los partidos regionales Convergencia i Unió (Cataluña) y el Partido Nacionalista Vasco (País Vasco)».

«El embajador dijo que el gobierno americano quiere ver avanzar la legislación en el Congreso y que no se debilite en el proceso de enmiendas».

«La Ministra replicó que el Gobierno se ha comprometido a intentar enfocarlo de esa manera en primer lugar y, si esto no se probara efectivo, añadir algo más y, quizá, medidas más fuertes».

Me resulta sorprendente que el Ministerio de Cultura pida a la Embajada que le eche un cable con los partidos de la oposición. Quizás nos habían explicado mal la separación de poderes y además del legislativo, ejecutivo y judicial está el extra-bonus de la Embajada estadounidense.

¿Existiría la Ley Sinde sin la presión de EEUU? Del contenido de los teletipos parece deducirse que durante años los gobiernos españoles han estado toreando a EEUU con respecto a legislación en contra de las descargas. Hasta que en 2008 la Embajada se planta y recomienda incluir a España en la lista negra del Informe 301. A eso añadimos que en enero de 2009 Barack Obama toma posesión como presidente de EEUU. La remodelación del gobierno español, que sitúa a Ángeles González Sinde como ministra, ocurre en abril de 2009. Dos meses después, El País ya anticipa las líneas generales de la Ley Sinde. Conocemos que Zapatero tiene el objetivo de congraciarse con Obama y conocemos también que la protección de la propiedad intelectual está entre las prioridades de la Embajada de Madrid. 1+1=2.

Por otra parte, en uno de los despachos diplomáticos de Cablegate comentados en entradas anteriores, la Ministra de Cultura cita la amenaza del libro electrónico como uno de los ingredientes que ha facilitado el cambio de estrategia del Gobierno. El creciente número de industrias damnificadas por la revolución digital unido bajo el paraguas de la Coalición de Contenidos, conseguió lo que la radiactiva SGAE no pudo. (Hay que tener en cuenta que en la Coalición no solo están representadas empresas españolas, sino las delegaciones de las multinacionales estadounidenses).

La influencia interna es destacable. Pero el interés, las formas y las prisas de Moncloa por la Ley Sinde tienen mejor justificación dentro de una agenda política internacional, más que por las urgencias de la industria nacional. Creo que la Ley Sinde no hubiera entrado en el proyecto de Ley de Economía Sostenible si Zapatero no tuviera que arreglar otros desaires o la utilizara como moneda de cambio con EEUU.

La guerra internacional contra las descargas.

Lo que también nos deja claro los despachos de Cablegate es que, por encima del color político, en las embajadas estadounidenses priman los intereses de Hollywood, que se hace oir en todos los países. Cuando la industria de contenidos estadounidense quiere presionar a España tiene a su disposición, entre otros, a: la MPAA, la RIAA, las cámaras legislativas de Washington, el Gobierno estadounidense, la Embajada estadounidense en Madrid, Sony España, Universal España -etc- y la Coalición de Contenidos. Y esto pasa en España, pero también en otros lugares.

El diario Le Monde ha publicado un artículo centrado en torno a la Ley Hadopi, WikiLeaks: la loi Hadopi intéresse au plus haut point Washington. EEUU siguió con todo detalle el desarrollo de esta ley francesa de tres avisos y posterior desconexión de los usuarios. Era un hito trascendente, porque una vez adoptada en Francia serviría para que EEUU presionara a otros países. Hadopi entró en rumbo de colisión con el Parlamento Europeo, que debatió prohibir la desconexión de los usuarios en el Paquete Telecom, pero al final, se dejó a voluntad de los países. ¿Qué presiones recibió el Parlamento Europeo de EEUU? De momento, lo desconocemos.

Lo que sí conocemos son los esfuerzos para crear un tratado internacional que incluya medidas anti-descargas. Me refiero al Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Las negociaciones de este tratado internacional , teóricamente contra la falsificación pero que incluiría medidas represivas contra las descargas, se ha llevado durante varios años en secreto. Parece claro que ésta es la pirueta legal más ambiciosa de la industria estadounidense para imponer su visión, dado que los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Washington en su lucha contra las descargas ilegales? ¿Todo vale para salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones? Hay un despacho que deja entrever resquicios de principios democráticos. En un teletipo escrito en febrero de este año, el 10ROME125, la Embajada de Roma alerta de la estricta legislación propuesta por Berlusconi. Reconoce que han presionado a Italia durante años, sin éxito, pero cree que se han pasado. La ley requiere que la publicación de vídeos en Internet se realice previa autorización ministerial y hace responsables a los proveedores de los vídeos subidos por sus usuarios. Esto se interpreta como una maniobra (más) del gobierno italiano para favorecer a los negocios de Berlusconi y controlar las opiniones en la Red. Sentencia:

«Además, esta ley podría sentar precedentes para que otras naciones como China puedan copiar o citar como justificación para sus propias campañas contra la libertad de expresión».

¿Libertad de expresión en Internet, sí, pero sólo si no descargas películas? (Qué principios tan sólidos).

Aún en el caso que la Ley Sinde se apruebe, la satisfacción de EEUU va a durar el tiempo que se tarda en hacer una encuesta y comprueben que los usuarios españoles siguen realizando descargas. Porque en España, el P2P no es delito y pagamos un canon digital por copia privada. Pero, sobre todo, porque en España la industria de contenidos está paralizada por el miedo a las nuevas tecnologías. La clave para frenar las descargas son servicios que ofrezcan una experiencia de uso que haga molesto el uso de otras alternativas. En EEUU florecen los negocios multimillonarios de contenidos digitales, como iTunes, Netflix, Hulu o Kindle. En nuestro país no hay nada ni siquiera similar a Amazon.

La industria reza para que el Gobierno les conserve su statu quo a golpe de legislación. Pero con Ley Sinde o sin ella, no hay marcha atrás. El mundo no volverá a ser como en 1989.

http://rvr.linotipo.es/2010/12/wikileaks-y-ley-sinde-el-plan-de-eeuu.html