El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aterrizó en Moncloa en marzo de 2004 y desde entonces, como cualquier otro Ejecutivo que dirige un país ha cambiado aquello que consideraba pertinente. Retiró las tropas españolas de Iraq, envió soldados a Afganistán, promocionó la Alianza de Civilizaciones, legalizó el matrimonio homosexual y endureció la Ley antitabaco, entre otros aspectos. Hubo uno que se le olvidó y ahora, tras seis años en el poder, echa la vista atrás para culpar al gobierno de José María Aznar por el endeudamiento de los ayuntamientos.
La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha criticado al Partido Popular de las dificultades financieras por las que atraviesan los ayuntamientos ya que, ha comentado, durante el Gobierno de José María Aznar se realizaron "dos reformas" de la Ley de Haciendas Locales que, a su juicio, "no" resolvieron el problema de los consistorios.
Desde 2004 han tenido tiempo para cambiarlo, pero a Salgado ha optado por echar balones fuera y contestar de este modo a una pregunta de la diputada 'popular' Teófila Martínez que, en el primer pleno del Congreso tras la pausa de verano, le ha reprochado que el Gobierno esté siendo un "perfecto inútil" a la hora de administrar las cuentas de los ayuntamientos.
En este sentido, la vicepresidenta segunda ha reiterado que el responsable de que el sistema de financiación local no sea el que necesitan los ayuntamientos es del PP "y no" del Gobierno y ha recordado que el Ejecutivo ha destinado 13.000 millones de euros para inversiones locales de los que, ha matizado, "1.000 millones" son para gasto corriente.
"Si hay algún responsable de que el sistema de financiación local no es el que necesitan las entidades locales es del PP. Ustedes realizaron dos reformas de la Ley de Haciendas Locales y fueron incapaces de resolver el problema, pero eso no les ha impedido, con esa actuación de gentes sin principios y complejos que les caracteriza, reclamar una mejora de este sistema desde el mismo día que abandonaron el Gobierno", ha condenado Salgado.
No obstante, la diputada 'popular' ha recriminado que la decisión del Gobierno de reducir el 20 por ciento la participación de los ingresos del Estado está suponiendo que "no" se "puedan pagar" a los proveedores de los servicios públicos básicos y que algunos "no puedan pagar" las nóminas "ni la seguridad social" a sus empleados.
ESTOS SOCIALISTAS ESTÁN LOCOS!
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