Huellas alemanas tras los intentos de desestabilización en Bolivia

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Pese tener un nombre y un apellido tan corrientes, Dirk Schmidt es el alemán más conocido en Bolivia. El 8 de julio las autoridades del país le detuvieron con armas y munición y está acusado de alzamiento armado, extorsión a la colonia evangelista de los Menonitas y otros delitos comunes. Su arresto provocó la dimisión del viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, y de otros cargos del Ministerio de Gobernación, que están a la espera de la decisión de la Fiscalía.

Es un asunto que ha salpicado al ministro Sacha Llorenti y al Ejecutivo de Evo Morales pero del que los medios alemanes, que no dejan pasar la mínima ocasión de informar sobre algo que pudiera perjudicar a algún miembro del ALBA, aún no han informado. Ésa no es la única anormalidad que rodea el caso Schmidt, que recuerda un suceso similar que, en 1993, también se produjo en Bolivia y en el que estuvo implicado, el caso EPICON.

Aquel affaire estaba relacionado con el contrabando de armas desde Europa hacia los Balcanes, en guerra entre 1991 y 1995. La ONU había impuesto un embargo para evitar la llegada de más armas que alimentaran esa contienda, producto de la política exterior alemana que a la caída del bloque socialista en Europa (1989-91) optó por desmembrar Yugoslavia fomentando al separatismo de Croacia y Eslovenia. El Gobierno de Helmut Kohl no sólo provocó la guerra, reconociendo unilateral y prematuramente las independencias croata y eslovena, sino que su servicio secreto exterior, el BND, intervino activamente para que ambos estados se separaran de Belgrado. En 1993-94, Croacia puso fin a su colaboración con Alemania y fichó por la CIA.

Tráfico de armas

Entonces Bolivia era uno de los países latinoamericanos que, de repente, más armas compraba pese a no estar en guerra. Según un informe del Instituto de Investigación del Desarme de la ONU (UNIDIR) de 1998, algunos traficantes utilizaron el país andino para comprar material bélico y desviarlo a los Balcanes.

En el epicentro del caso se hallaban el alemán Gunter Pausch, representante de la empresa londinense EPICON en Bolivia y Alemania, y su esposa Tania Zuazo. La boliviana mantenía el contacto con la Cancillería de donde provenían los documentos auténticos que luego recibían firmas de militares inexistentes o que fueron ofrecidos por las empresas EPICON, la portuguesa ETEM y la búlgara KNITEX.

Las informaciones de la UNIDIR provienen de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), adscrita al Gobierno argentino. Su entonces directora, Silvia Cucovaz, señaló que a comienzos de 1993 la Policía alemana alertó de este tráfico a la boliviana, que desmanteló la red con la ayuda de la Interpol. En el gráfico que acompaña al texto de Cucovaz aparece un tal «Dirk Schmidt» como uno de los «principales traficantes de armas» y otro «Dick Schmidt» como uno de los «clientes identificados».

En una entrevista concedida al diario boliviano «El Deber» el 22 de enero de 2002, Schmidt reconocía haber estado «manejando una investigación sobre pasaportes diplomáticos bolivianos que estaban ofreciendo en Alemania por prensa» en 1993. Decía que era un investigador privado que viajó a La Paz para informar al «oficial de enlace» de la Embajada alemana y a la Policía del país.

Investigado por estafa

Pero algo no encaja. En Alemania, es la Policía Federal (BKA) la encargada de estas investigaciones y, además, en 1993, la Fiscalía de Frankfurt ya estaba investigando a Schmidt por estafa a una delegación de las Fuerzas Armadas de EEUU en Alemania. Ese mismo año, el alemán obtuvo la residencia permanente en Bolivia aunque su permiso ya estaba extendido a nombre de un mexicano. En 1995, confirmaron fuentes judiciales, Berlín solicitó su extradición, por lo que Schmidt pasó tres meses detenido, hasta que el 3 de setiembre el Tribunal Supremo rechazó su entrega por «un error de forma». En 1997, la Embajada alemana se quejó ante la Policía Nacional porque Schmidt estaba trabajando en las oficinas bolivianas de Interpol.

Desde entonces Schmidt ha vivido con su esposa boliviana Karina Flores, con buenos contactos en las instituciones y en el MAS, y sus cuatro hijos de los ingresos que les dan las 40 hectáreas de «tierras urbanizadas». Además, trajo 200.000 dólares «de una herencia» dijo Flores, tras admitir que su marido es «experto de seguridad», aunque no se conoce su profesión.

Schmidt, que al parecer también trabaja para la Interpol, ha vuelto a despertar el interés de la Justicia boliviana al investigar los planes del mercenario boliviano-croata Eduardo Rozsa, muerto en una operativo policial en 2009. Su comando iba atentar contra el Gobierno. Rozsa, veterano de los Balcanes con vínculos en la neofascista Guardia Húngara, según informó GARA, pidió a su enlace, el ex agente húngaro de la CIA, Istvan Belovai, que investigara a Schmidt porque «nuestra fuerza emergente no podrá comprar esas armas porque Schmidt ya las compró».

En su mensaje Rozsa tachó al alemán de «agente de la Stasi», aunque Schmidt nació supuestamente en 1961 en una de las dos ciudades germanooccidentales llamadas Münden.