Y mientras esto decía el presidente –acompañado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, cabizbaja y con cara de susto- la Bolsa española se daba un monumental batacazo del 4%, se hacía pública la encuesta de la EPA que anuncia que España ha superado la cota del 20 por 100 de desempleo, y la marea negra del descrédito internacional que viene de Grecia ponía en el punto de mira la deuda y los mercados de España, por causa de la devaluación que de Grecía y Portugal acababa de hacer la agencia de calificación Standard&Poors. Agencia de la que la ignorante, en estas lides, de la vicepresidenta De la Vega, se apresuró a decir que ya no tiene credibilidad, descalificando a quienes nos han de calificar y olvidando que lo más importante son los efectos que producen esas calificaciones.
Para completar el escenario, Zapatero pidió sosiego institucional, dijo que él creía firmemente en la constitucionalidad del estatuto catalán que el votó y pidió calma a todo el mundo, cuando todos saben que Zapatero es el impulsor de las campañas de descrédito contra el Constitucional y contra el Tribunal Supremo, en compañía de sus socios catalanes del PSC. Los que ayer mismo, y de acuerdo con CiU, volvieron a atacar al Constitucional, exigiendo su renovación y diciendo que se abstenga de juzgar el Estatuto catalán, como si el PSC, CiU, la Generalitat y el parlamento catalán -que va a aprobar una moción en ese sentido-, estuvieran por encima de la alta corte del Estado, que desde luego no lo están por mucho que griten.
El inventario de la crisis
El deterioro general de España en los ámbitos económico, financiero, social y el político, judicial e institucional, han dejado a Zapatero desconcertado y fuera de la realidad. Dando la imagen de un presidente perdido y agotado que no sabe cómo resolver el problema español y que no conoce o reconoce lo que está ocurriendo en España, o lo que ha pasado en las últimas horas y días. He aquí a continuación un relato telegráfico de todo ello:
Las Bolsa española se acaba de dar ayer un batacazo de más del 4%, arrastrada por la crisis griega y los malos datos de la economía española; y la deuda española está sufriendo el acoso de los mercados financieros; el paro ha superado en España la tasa del 20% de la población activa; el FMI afirma que España no iniciará su recuperación y crecimiento hasta el año 2016; la Seguridad Social ha perdido un 28% de su superávit; el déficit del Estado se acerca a los 9.000 millones en el primer trimestre del año; la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha denunciado una campaña de desprestigio de la más alta corte del Estado; el gobierno de la Generalitat y los nacionalistas catalanes piden la reforma o la inhibición del Tribunal Constitucional; el Tribunal Supremo ha sido acusado de ser cómplice de los crímenes del franquismo en actos apoyados por miembros del gobierno y del PSOE y el presidente del Congreso de los Diputados; la Guerra Civil española ha vuelto a ocupar espacios de debate en el seno del Parlamento, los medios de comunicación y partidos políticos; el Senado pretende introducir las lenguas regionales catalana, vasca y gallega en sus debates con traducción simultánea; el presidente de la CEOE está inmerso en numerosos escándalos de su grupo empresarial; los sindicatos amenazan al gobierno con la huelga general si se modifican los contratos laborales; el ministro de Educación propone una reforma del sector en la que se excluye la enseñanza en castellano en todo el territorio catalán; la actual presidencia española de la Unión Europea brilla por su ausencia y falta de autoridad; la imagen exterior de España se ha deteriorado gravemente en los últimos meses; el presidente del Gobierno y todos sus ministros están suspendidos en todas las encuestas nacionales y carecen de prestigio internacional.
Dos años por delante
Todo esto está ocurriendo en la España que gobierna desde un autoritario y “autista” presidencialismo José Luis Rodríguez Zapatero, sin que nadie le exija desde su Gobierno (Pedro Solbes se marchó por ello), su partido el PSOE, o en el conjunto de medios de comunicación que controla (públicos y privados), una profunda rectificación de su comportamiento político, la convocatoria de elecciones anticipadas, o su marcha de la presidencia del gobierno.
Lo que garantiza que los graves problemas que sufre España aumentarán a lo largo de los próximos dos años que quedan de la legislatura que, para colmo, se verán afectados por una campaña electoral permanente a partir del próximo otoño, con motivo de las elecciones autonómicas catalanas. A las que seguirán en la primavera de 2011 los comicios municipales y autonómicos para concluir en las elecciones generales de marzo de 2012.
Y ¿vamos a estar así dos años sin que nada cambie y mientras todo va a peor? La posibilidad de un entendimiento entre el PSOE y el PP para llegar a un gran pacto de Gobierno que busque la recuperación económica y del prestigio de España, que es la cuestión más urgente, parece imposible en las actuales circunstancias y menos aún bajo el liderazgo de Zapatero que se opone a la reforma del mercado laboral, la drástica reducción del déficit, la toma de medidas para la movilidad del crédito y reducción del coste de las empresas, que son los elementos básicos imprescindibles para activar la economía y el empleo y recuperar la confianza de los inversores españoles y extranjeros, muchos de los cuales han iniciado su marcha hacia países más seguros. El Presidente del Gobierno teme que estas reformas –a las que el PP añade su posición contraria a la subida de impuestos como el IVA- se conviertan en motivo de una huelga general que dañe su base electoral en la izquierda en beneficio de IU.
De la misma manera y ante las embestidas del nacionalismo catalán y de la debilidad del PSC en Cataluña, por escándalos e incapacidad de Montilla como presidente de la Generalitat, Zapatero no duda en dañar el prestigio y la independencia del Tribunal Constitucional, por miedo a una ruptura del PSC con el PSOE y con la esperanza de que este daño institucional, le sirva a Montilla para mantenerse en el poder a pesar de que todas las encuestas le dan a CiU una victoria abrumadora en las próximas elecciones, cercana a la mayoría absoluta.
Los ataques al Tribunal Supremo en los que ha colaborado el gobierno y el PSOE, en defensa del juez Garzón, también están relacionados con la base electoral izquierdista de Zapatero a la que el presidente prometió revisar la Guerra Civil. De lo que se desprende que la única y principal preocupación de Zapatero consiste en salvarse electoralmente, él y su partido, haciendo ruido, dañando las instituciones, negando la realidad económica y social y, por supuesto, obviando el interés general de España. Sobre todo esto están en marcha numerosas encuestas tanto en el entorno del PSOE como del PP para medir los posibles impactos electorales de esta catarata de muy graves acontecimientos negativos, en los que también se incluye el caso Gurtel del PP, para ver que piensan los españoles en este momento. Como si lo único importante fuera el horizonte electoral y no los urgentes problemas que ya están planteados, empezando por el económico, financiero y social.
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