La rentabilidad de Europa · ELPAÍS.com

Con un poco de suerte, algún lector podrá encontrar en las notas que siguen algo de utilidad si pretende fundamentar su decisión de ejercer o no el derecho al voto en las elecciones al Parlamento Europeo, y todavía no lo ha hecho. Desde el pasado jueves hasta hoy serán elegidos 736 candidatos pertenecientes a los 27 estados miembros de la UE. Es una convocatoria importante. Los poderes del Parlamento no han hecho sino aumentar desde que se celebraran las primeras elecciones directas al mismo, hace 30 años. Si el Tratado de Lisboa es finalmente ratificado las capacidades de esa institución, la única de las tres comunitarias en la que sus miembros son elegidos de forma directa por los ciudadanos, se verán significativamente fortalecidas. También lo hará la significación y trascendencia económica de las decisiones que adopte. Sin embargo, las preferencias reveladas por los ciudadanos europeos no tienen muy en cuenta estas consideraciones.

Existe la percepción de que Europa no está gestionando bien la crisis. Que faltan iniciativas y celeridad

La magra participación en estas elecciones refleja, sin embargo, la escasa correspondencia que para la amplia mayoría de los ciudadanos existe entre la mejora del bienestar y el fortalecimiento de las instituciones comunitarias. El paro, en efecto, destaca entre los resultados de los últimos eurobarómetros como la más importante prioridad de los ciudadanos de la Unión Europea (UE), al tiempo que la participación en estas elecciones quedará probablemente muy por debajo del promedio y, en todo caso por debajo de elecciones similares celebradas en circunstancias económicas más favorables: en las últimas, en 2004, la participación fue del 45,6%, la más baja en los 30 años de elecciones al Parlamento. La conclusión que de esos hechos se deduce no es precisamente muy cómoda.

El debilitamiento de la confianza de los ciudadanos a lo largo y ancho de la Unión en que sus representantes en las instituciones comunitarias contribuyan a la superación de ese problema no se encuentra tampoco en el mejor momento. Es equiparable a la que quiebra de la confianza entre los operadores bancarios de todo el mundo que alimentó la crisis crediticia y su contemporánea mutación real en la más severa recesión desde los años treinta del siglo pasado.

En ninguna de las anteriores convocatorias electorales al Parlamento Europeo la situación económica había tenido un protagonismo tan marcado y extendido en toda la Unión. Con datos de la propia Comisión, el crecimiento económico de la Unión Europea se contraerá un 4% en 2009, después de haber registrado una expansión del 0.8% el pasado año. Únicamente la economía de Chipre podrá sortear la definición estricta de recesión. La expresión más dramática de esa severa y sincronizada recesión es la destrucción de empleo a un ritmo sin precedentes: más de 8,5 millones de empleos se perderán entre este y el próximo año, apenas un millón menos de los que se crearon entre 2006 y 2008. La tasa de paro alcanzará el 11% de la población activa al final de 2010.

La singularidad del cuadro económico se completa con un ritmo de variación de los precios en el conjunto de la Unión que se ha aproximado en exceso a la temida caracterización de deflación.

La inquietud acerca del alcance de esa singular recesión sobre el mercado de trabajo ha intensificado la ya tradicional introspección en que acaba derivando este tipo de consultas electorales y la escasa consideración de lo que significa el Parlamento en el propio bienestar de los ciudadanos. Es un hecho común a la práctica totalidad de los países, observable en casi todas las convocatorias electorales al Parlamento Europeo, que los asuntos objeto de atención durante las campañas poco tienen que ver con Europa.

Las más benignas o ingenuas de las interpretaciones argumentarán que es así porque, salvo en algunos países muy concretos (el Reino Unido, y no siempre), Europa -sus instituciones y sus políticas- , no son asuntos que dividan tanto a la clase política como los considerados estrictamente domésticos. Otros, quizás más realistas, argumentan que es la ausencia de interés en los asuntos europeos la que acaba desplazando el objeto de los debates e inhibiendo la participación de la gente en las elecciones.

En ambos casos se pasa por alto la significación que para la calidad institucional y democrática de Europa tiene el Parlamento Europeo, recordemos, la única institución con sus representantes elegidos de forma directa. De ahí provienen un número cada vez mayor de decisiones vinculantes en la organización económica o para el funcionamiento de los distintos mercados y sectores.

En esta convocatoria electoral existe la percepción de que Europa no está gestionando bien la crisis o, en el mejor de los casos, lo está haciendo con menor iniciativa y de forma más pausada de lo que el impacto de la misma requiere. Aun cuando es conocido el escaso margen de maniobra que concede el propio presupuesto de la Unión Europea no han sido muchas las iniciativas comunitarias tendentes a favorecer la salida de la crisis, más allá de algunas decisiones puntuales y acertadas del eurogrupo en el momento de mayor amenaza sistémica de la crisis financiera global, a mediados del pasado mes de octubre.

Y, sin embargo, la superación de las crisis, la que estamos sufriendo de forma muy particular, es más costoso y complicado hacerlo unilateralmente que de forma conjunta. Desde luego la prevención de las futuras. En esa dirección se inscribe la reciente "comunicación" de la Comisión sobre supervisión financiera en Europa, basada en el Informe del Comité Larosiere. En ella se proponen reformas de alcance sobre la arquitectura supervisora de las instituciones financieras, mediante la creación de un Sistema Europeo Supervisores Financieros y un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico. Sin el respaldo oficial de las anteriores está circulando una propuesta más ambiciosa de creación de un "tesoro único europeo" amparado en argumentos no menos racionales.

Recapitulemos. No es la primera vez que se destaca la importancia creciente de las instituciones en el eficiente funcionamiento de las economías, en la generación de confianza entre sus agentes y, desde luego, en la generación de esa suerte de colesterol bueno que es la productividad total de los factores. Y el Parlamento Europeo es de las más necesarias en el fortalecimiento del gobierno económico de una Europa que sin duda requiere mucha más integración.

En su acepción más estricta el sistema de gobierno económico comunitario se basa en la garantía de "las cuatro libertades" (de movimiento de bienes, servicios, capitales y trabajadores), pero uno de sus dos pilares básicos, la estrategia de Lisboa (el otro es la Unión Económica y Monetaria) deberá ser objeto de profunda revisión dado el manifiesto incumplimiento que se verificará en el ejercicio 2010. Era en ese año cuando Europa se propuso cumplir el objetivo de ser la economía más competitiva y la más directamente basada en el conocimiento para acelerar el crecimiento de la renta per cápita, del bienestar, en definitiva.

La revisión de la vigencia de esos propósitos, y la definición de nuevos cursos de acción deberá ocupar buena parte de la atención de la presidencia española, el primer semestre del año próximo. Ésta tendría que haber sido otra de las razones para que en estas elecciones la participación española hubiera reflejado la inequívoca rentabilidad que para los españoles ha tenido y seguirá teniendo la apuesta al perfeccionamiento de la dinámica de integración europea.