Desde que comenzó la crisis alimentaria a finales de 2007, la especulación con los alimentos se ha convertido en un valor de alta rentabilidad, sobre todo para los grandes fondos de inversión que trasladaron sumas millonarias al sector. La Eurocámara denunció la semana pasada la política de precios que practican las cadenas de supermercados porque perjudica a los dos extremos de la cadena alimentaria: agricultor y consumidor. Ante este hecho, expertos y asociaciones del sector se cuestionan aspectos como la falta de medidas proteccionistas para limitar las exportaciones, o el hecho de que estemos pagando las consecuencias de haber ignorado la reforma de la política agraria común (PAC) durante muchos años.
Bruselas propone medidas para revisar la cada vez más amplia brecha de precios entre productores y consumidores, cuyo beneficio queda en una larga lista de intermediarios. La ponente del informe aprobado este jueves en la Eurocámara, la socialista griega Katerina Batzeli, apuntó que los consumidores están pagando “hasta cinco veces más” el precio al que venden los agricultores y que “el precio que recibía el productor antaño era un 50% del precio de la venta al por menor, mientras que ahora esto ha retrocedido hasta un 17% de promedio”. En el otro extremo de la balanza, los eurodiputados sitúan el abuso de poder en el que incurren los supermercados y grandes mayoristas europeos, al forzar los precios a la baja para los proveedores, y controlar su acceso al consumidor final.
Katerina Batzeli se posicionó durante el debate en la sesión plenaria, en la misma línea que Paul Krugman adoptó hace unos días en el Fórum por el futuro de la Agricultura, al decir que los últimos incrementos de los precios no son simplemente una “falsa alarma” y no deben ser eclipsados por la magnitud de la crisis financiera y económica internacional.
Las principales medidas que propone el Parlamento europeo para amortiguar esta situación son: crear una base de datos europea accesible a los ciudadanos con precios de referencia de los productos, aumentar el consumo local, fomentar el asociacionismo entre los productores y fundar un sistema de seguimiento de costes y precios en colaboración con la FAO, la agencia de la ONU para alimentación. Xavier Durieu, secretario general de la patronal europea Eurocommerce, criticó la parcialidad del informe del Parlamento y consideró que “señalar a un sector es fácil, solucionar la cuestión es más complejo”.
Una crisis de la leche
El semanario británico The Economist señalaba la semana pasada que aunque los precios de los cereales y la carne han bajado desde mediados de 2008, han subido alrededor del 30-50% con respecto a la década anterior. Por ello, afirma que hay razones para creer que no se trata simplemente de una de tantas otras burbujas y que los precios altos son un símbolo de progreso porque indican que los países menos desarrollados también están consumiendo más.
En España, las manifestaciones convocadas por el sector lácteo constatan que la situación es grave. Si hace un año los precios rondaban los 0,48 euros por litro, recientemente los precios en origen han bajado en algunas zonas hasta los 0,20 euros por litro. En nuestro país, los costes de producción son más altos que en el resto de la Unión, y la demanda de leche y productos derivados es mayor que la cuota de producción, lo que obliga a absorber el excedente que suelen tener otros países de la Unión mediante las importaciones.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) exigía esta semana “una reforma de la PAC con una orientación social y de preservación de valores estratégicos de la actividad agraria”. Asimismo, señalaba que “se cae en una dependencia suicida del exterior” al dejar a la agricultura y la alimentación europea en manos de un “mercado desregulado y de las importaciones de terceros países”.
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