¿Pudiera ser que las sanciones financieras de Donald Trump obedezcan, más que a una decisión con motivación política, a un medida para realizar una operación bursatil que beneficie a un grupo de gestores de banca de inversión y a sus aliados locales? ¿O que al menos pueda perjudicar a la que circunstancialmente pudiera ser su competencia?
En tal sentido se deben considerar estas claves:
1) Julio Borges es un lobbista del grupo financiero Arca, liderado públicamente por Emilio Antelo Rey, presidente de Caja Caracas Casa de Bolsa.
2) En Arca son socios los hermanos Luis Miguel y Miguel Angel González Ocque, que operan desde Miami y ofrecen transacciones Forex para la adquisición de divisas a empresarios e inversionistas venezolanos.
3) Luis Miguel es el director de la banca privada de Morgan Stanley en Florida, y utiliza esa posición para las transacciones cambiarias.
4) Borges y Tomás Guanipa han actuado como gestores de fondos para PJ ante Miguel Angel concretamente.
5) En mayo Borges rompió lanzas contra la adquisición de bonos de PDVSA que hizo Goldman Sachs por 865 millones de dólares y cuyo valor, con vencimiento en 2022, es de 2800 millones de dólares.
6) ¿Cabe la posibilidad de que esos bonos, emitidos en diciembre de 2014, puedan impactar los valores de otros títulos y causar pérdidas a sus poseedores?
7) ¿Es posible que la precisión quirúrgica de la medida, con detalles de vencimientos y de emisiones, realmente esté dirigida a compensar alguna pérdida generada por esa operación?
8) ¿Es, entonces, Julio Borges, un gestor financiero que utiliza la política para generar ganancias especulativas? ¿Fue la jornada terrorista parte de una gigantesca operación bursatil?
9) Arca Internacional Group es propietario de Arca Bank, un banco de Puerto Rico que paga la nomina de los empleados de la embajada gringa en Caracas. Asimismo mantiene operaciones en EEEUU, Panamá y Colombia, entre otras localidades.
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