El gobierno regional de Cataluña ha convocado para este domingo, 1 de octubre, un referéndum de autodeterminación en el que los votantes tendrán que responder 'sí' o 'no' a la siguiente pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". La consulta ha sido suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional de España y no cuenta con el aval del Gobierno de Mariano Rajoy, que asegura que es "ilegal".
Aunque las medidas judiciales del Estado español contra el referéndum es muy posible que impidan su celebración, al menos con todas las garantías necesarias, las autoridades catalanas han desoído las órdenes de los tribunales y siguen adelante con la consulta, amparándose en su derecho a decidir.
Tradicionalmente, Cataluña ha tenido un movimiento social independentista, con mayor o menor fuerza, pero siempre de forma minoritaria. Esta situación comenzó a cambiar en 2010, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de España de anular y fijar la interpretación de varios artículos de su Estatuto de Autonomía. Esta norma institucional básica de la comunidad autónoma había sido aprobada en 2006 por el Parlamento catalán, las Cortes españolas y el pueblo de Cataluña en referéndum, pero el Partido Popular (PP) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el texto.
Así, la cuestión de la independencia de Cataluña comenzó a irrumpir de lleno en la agenda política, convirtiéndose en el tema principal de las elecciones al Parlamento regional celebradas en septiembre de 2015. De las urnas salió una Cámara territorial con mayoría independentista en número de escaños (72 de los 135), aunque no en número de votos (47,8%). Sin embargo, otras dos fuerzas políticas apostaron por un referéndum legal en su programa electoral, aunque sin defender la separación de España.
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