Para evitar una mayor escalada de violencia que pueda revertirse en su contra, la dirigencia de la derecha democrática en Venezuela (si acaso existe) tendría que recapacitar y desmarcarse de los grupos violentos y fascistas que buscan aterrorizar a toda la población. No debería, por tanto, hacerse cómplice silenciosa de los desmanes cometidos por tales grupos, ya que de esta manera estaría estimulándolos para que continúen generando una reacción similar de parte del chavismo (ya no de los cuerpos de seguridad del Estado), envolviendo a todo el país en una situación lamentable, con víctimas de ambos bandos. Sin embargo, parece bastante ilusorio que semejante cosa ocurra, dado que desde hace tiempo los grupos más radicalizados (como Primero Justicia y Voluntad Popular) han sido los artífices y protagonistas principales de esta estrategia desestabilizadora, bendecidos y financiados, además, por la extrema derecha internacional.
Si diera señales de vida y de verdad estuviera interesada en defender la paz, la soberanía y la constitucionalidad de Venezuela, lo menos que podría avalar esta presunta oposición democrática es la destrucción nada espontánea de las edificaciones públicas, unidades de transporte de pasajeros, instituciones educativas y centros de salud, cuyos mayores beneficiarios son los sectores populares.
Si se le aceptara que su lucha es justa y democrática, tendría que exigírsele a los seguidores de este tipo de oposición que, en correspondencia con las banderas que enarbolan, adecuaran su lenguaje a la búsqueda real de soluciones ante la situación que denuncian, especialmente en lo concerniente al odio mostrado hacia los chavistas, con expresiones abiertamente racistas y homicidas. Esto implica, lógicamente, dejar de alimentar actitudes que predisponen un escenario de violencia, con lo cual solo estarían de acuerdo sicópatas y sociópatas.
En contraposición, a los chavistas, lo mismo que a los revolucionarios, les toca contribuir a que las medidas adoptadas por el gobierno nacional se concreten en beneficio del pueblo, condenando y denunciando todo aquello que sirva para justificar las acciones opositoras, tomando como primera referencia la gestión deficiente que puedan presentar algunas instituciones del Estado, sean éstas nacionales, regionales o municipales, y hacer todo lo posible porque se constituya y funcione un poder popular verdaderamente revolucionario e independiente, siendo éste capaz de marcar el rumbo en la transición hacia el socialismo.
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