Quienes venimos observando con detalle los acontecimientos políticos y económicos en Venezuela desde comienzo de año no hemos dudado en afirmar que tanto las medidas económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro para responder a la Guerra Económica, como el llamado a la pacificación y la estructuración de un plan de combate a la delincuencia con el concurso de los representantes electos de la oposición para desarrollar la Guerra contra la Criminalidad, han dado un fruto altamente positivo en el corto plazo.
Con el correr de las semanas se incrementaron los operativos de fiscalización en puertos y galpones arrojando como resultado el decomiso de mercancías que estaban escondidas como medida de acaparamiento y especulación o, en muchos casos, para ser trasladadas fuera del país mediante el contrabando.
“Desde julio del año pasado hasta el miércoles 12 de febrero de este año, se han confiscado alrededor de 8.000 toneladas de diferentes rubros incluyendo chatarra. Del total de las mercancías, 400 toneladas son de alimentos de diferente tipo, en su mayoría azúcar y harina de maíz”, planteaba el gobernador del estado Barinas Adán Chávez en un encuentro con los medios de comunicación.
En los últimos meses, las autoridades han denunciado a diario la incautaciones de harina, medicinas, jabón, champú y hasta llantas para camiones o autos, y han decomisado más de 3.000 toneladas de productos en los occidentales estados Zulia y Táchira, principales rutas del contrabando.
Por otra parte más de 130 contenedores con alimentos fueron decomisados por las autoridades tras ser descubiertos en estado de abandono en Puerto Cabello (norte), estado Carabobo.
El ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza manifestó que “actualmente existen 12.543 contenedores en abandono legal y más de 23.000 cargas sueltas en los puertos a nivel nacional”. García Plaza encabeza el órgano superior de la economía, creado por el presidente Nicolás Maduro para supervisar la comercialización de alimentos y productos en Venezuela.
En otro operativo en el estado de Táchira (oeste), fueron localizadas más de 80 toneladas de alimentos como azúcar, aceite y margarina en una bodega, cuyos propietarios no pudieron comprobar la posesión legítima de esas mercancías. “No tenían libros contables, presentaron facturas falsas respecto al material existente allí y no supieron explicar cómo tenían allí alimentos como arroz, azúcar, aceite y otros rubros acaparados”, dijo a la televisión estatal Diosdado Cabello, líder de la Asamblea Nacional y quien participó en inspecciones realizadas en establecimientos en Táchira.
Desde el Puerto de La Guaira, estado Vargas, la Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, Andreína Tarazón, denunció la presencia de 32 contenedores en abandono legal. “Nos hace presumir la acción de boicot” e informó que el Ministerio Público iniciará las averiguaciones pertinentes para determinar las responsabilidades respectivas.
En casi dos meses el incremento de los operativos gubernamentales y las detenciones de sujetos involucrados, en muchos de ellos, fueron generando golpes certeros a estas mafias, que como lo demuestran las cantidades destacadas en algunas de las notas que he seleccionado, constituyen una perdida, para estas organizaciones criminales, de miles de millones de dólares.
¿Qué respuesta podríamos esperar de estas mafias, que se mueven en un negocio tan lucrativo, para parar la ofensiva arrolladora del gobierno?
Una respuesta violenta. Un escenario de violencia que les permitiera parar la ofensiva haciendo que los recursos de inteligencia y represión se tuvieran que trasladar a otro escenario y tuvieran que atender otras circunstancias, ganando de esta manera tiempo para movilizar mercancías posiblemente detectadas y desviando la presión de los medios de prensa y de la justicia en el marco investigativo.
¿Con quienes articular estos escenarios de violencia?
Con los tarifados de siempre, los JAVU, los Lumpenes y los mercenarios de la política protegidos por el Departamento de Estado Norteamericano. María Corina, Leopoldito y algún que otro oportunista mayamero.
No es casualidad que como dijera Gabriela (Gaby) Arellano, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, los pranes y presos de la cárcel de Coro están resguardando a los estudiantes que fueron detenidos en Táchirael pasado viernes.
“Gaby” Arellano es una de las mercenarias que participo de la reunión denominada “Fiesta Mexicana” que fuera denunciada por el Ministro Rodríguez Torres.
¿Cuál es la finalidad?
Para esta respuesta, hay que tener en cuenta en primer lugar que, luego de las reuniones con los alcaldes y gobernadores de la oposición que mantuviera el presidente de la república en el palacio de Miraflores y de las desarrolladas por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, con los componentes de las fuerzas de seguridad estadales y municipales en el marco del patrullaje inteligente, no puede dejar de apreciarse que el país vive uno de los momentos de mayor estabilidad política por los que hayamos atravesado en estos últimos 15 años.
A esto hay que sumarle la respuesta de las Fuerzas Armadas al llamado que hiciera en variadas ocasiones el presidente Nicolás Maduro a los distintos componentes para que ocupen un lugar destacado en las luchas contra el contrabando y la especulación.
En mayor o menos medida, la mayoría de las organizaciones de oposición han respaldado las medidas que atacan a las mafias que desangran el país.
Se ha neutralizado el sabotaje eléctrico, se está solventando el desabastecimiento, se ha consolidado el sistema democrático. ¿Puede pensar alguien que por salir a romper la ciudad se genere un cambio de gobierno? O que en este escenario ¿existan condiciones para que haya un Golpe de Estado?
Creo que si analizamos fríamente los acontecimientos violentos que protagonizaron algunos grupos juveniles en las últimas horas, encontraremos que este fenómeno responde más al accionar de pandillas que al de organizaciones con fines políticos.
Cuando se sucedieron los hechos del 14 y 15 de abril del año pasado, el argumento que los grupos fascistas esgrimieron era el fraude y la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro. Hubo asesinatos selectivos, hubo destrozos, pero la situación fue controlada y los protagonistas de esta situación, al menos los materiales, fueron presos y políticamente aislados. ¿Cuál es el argumento político de este momento?
Para redondear, creo que la iniciativa del gobierno de enlazarse con la sociedad y los diferentes actores políticos de oposición para superar los problemas fundamentales que se presentan en el país en este momento, ha significado un duro revés para los sectores fascistas que siempre han dependido de una agenda violenta y de las posibilidades externas para poder salir de la revolución.
Aislados en política, y desesperados, estos elementos que nunca han creído en el pueblo y en la democracia, han recurrido a las mafias que se ven acosadas día a día, por el accionar del gobierno para financiarse y generar un escenario que vuelva a cohesionar a la derecha detrás de una hoja de ruta conspirativa. Ahora ¿qué hará el resto de la oposición con los cinco millones de votos que los ha acompañado hasta aquí, en el terreno democrático y que se han negado a ser idiotas útiles en sus planes conspirativos?
La pacificación del país no les es cómoda a estas mafias que se retroalimentan del delito y de la violencia y es por eso que han atacado por diversos lados, con los medios internacionales, con disturbios en las calles y seguramente lo harán con las ONGs de Derechos Humanos, pero estoy seguro que la madurez política y las ansias de paz del pueblo venezolano, darán una contundente respuesta a estos criminales que pretende desde su fascismo irracional incendiar el país.
Hoy las instituciones de la nación y el pueblo movilizado han avanzado en el desmantelamiento de las mafias que atentan contra el bienestar del pueblo, que nada ni nadie nos aparte del camino. Solo la derrota de la oligarquía que desangran al país nos hará libres.
Tensión en VENEZUELA: minuto a minuto
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