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Los emigrantes retornados tendrán viviendas de emergencia, plazas en residencias y sanidad.


«Si importantes son los asturianos que toman el camino del éxodo, el Gobierno del Principado también vela por las personas que retornáis». Con estas palabras quiso anunciar el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, la intención del Principado de ampliar los derechos y la protección de los emigrantes retornados en el marco de la nueva Ley de Emigración, que se presentará antes de que finalice la actual legislatura e incluye la incorporación de este colectivo en el Consejo de Comunidades Asturianas.

El consejero señaló que «la emigración forma parte del carácter de Asturias», recordando que «los emigrantes aportaron recursos en los años más duros de la historia de España y siguen haciéndolo ahora a través de sus pensiones». Por este motivo, el Ejecutivo asturiano conservará y ampliará su compromiso con ese colectivo, según afirmó Martínez, quien explicó que la nueva web (emigrastur.es), reforzará el servicio de información, asesoramiento e intervención de los derechos que el Principado venía prestando hasta ahora. Otras de las nuevas medidas que se incluyen en la nueva ley pasan por ayudas económicas individuales extraordinarias para atender gastos excepcionales derivados del retorno y situaciones de emergencia, así como un mayor apoyo a programas que presten asistencia, asesoramiento e información a las personas retornadas.

Por otra parte, el IV Plan de Emigración, aprobado en Consejo de Gobierno y pendiente del visto bueno de la Junta General del Principado, reforzará estas medidas y abrirá el camino a una mayor participación de retornados y a la ampliación de la atención a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. El documento contempla, entre otras cosas, el establecimiento de viviendas de emergencia, la reserva de plazas en los Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) y la inclusión de la población retornada sin recursos en la atención sanitaria pública.

«No son defraudadores»
Guillermo Martínez hizo este anuncio durante la presentación ayer, en Laboral Ciudad de la Cultura, de una jornada dedicada a los emigrantes retornados en la que expertos y representantes de este colectivo y de las instituciones analizaron los efectos fiscales y derechos sanitarios que afronta la diáspora a su regreso a España. «Este colectivo está siendo sometido a una agresión sobre la que el Gobierno de España está siendo totalmente insensible», declaró el Consejero de Presidencia, refiriéndose a las reclamaciones de Hacienda para que los emigrantes retornados contribuyan fiscalmente también en España por las pensiones que perciben por sus años de trabajo y cotización en los países de acogida. A este respecto, Martínez aseguró que el Principado «ha hecho las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda, pidiendo una salida no traumática para los colectivos».

Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados de España, Eva Foncubierta, lamentó que «estas personas, que reciben pensiones muy bajas con las que están manteniendo a su familia» estén ahora «en el punto de mira». Asimismo, ha aclarado que «los afectados nunca se han negado a regularizar su situación ni a pagar los impuestos» y ha pedido que «no se les sancione, pues no son defraudadores. Simplemente, no fueron informados correctamente desde la Agencia Tributaria». Según el Observatorio de la federación, en 2011 los emigrantes retornados inyectaron más de 32 millones de euros a España, de los cuales un 6% corresponde a las pensiones de los asturianos. «En la última década» señaló el consejero, «más de 11.000 personas regresaron al Principado», aunque las asociaciones que representan a este colectivo consideran que el número es más elevado y hablan de un «retorno silencioso» que no se refleja en las cifras oficiales.

Foncubierta también mostró su preocupación respecto a la decisión del Ejecutivo central de retirar la tarjeta sanitaria a aquellas personas que permanezcan fuera de España por un periodo de tiempo superior a 90 días. «Son desempleados y no se van por gusto, sino en busca de una oportunidad laboral», declaró, añadiendo que dicha medida es «un handicap más para gente que ya está en una situación de emergencia».
elcomercio

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