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“El gran objetivo de la reforma de las pensiones es repartirse un botín de 100.000 millones de euros”

La realidad económica se interpreta oficialmente a partir de diferentes “mantras”. Uno de ellos es que el sistema público de pensiones no es sostenible por el desequilibrio entre cotizantes a la seguridad social y ciudadanos con derecho a una pensión. Se oculta, de nuevo, que cualquier “reforma” o recorte obedece a criterios políticos e ideológicos que suelen esconderse bajo razones tecnocráticas. Los especialistas en derecho laboral, Héctor Illueca y Adoración Guamán, afirman que el gran objetivo de la “reforma” de las pensiones es que entidades financieras y grandes aseguradoras se hagan con un botín de 100.000 millones de euros. Y eso, en un momento en que las pensiones se han convertido para muchas familias en el último refugio contra la crisis. Illueca y Guamán forman parte del grupo de 24 economistas y juristas que han suscrito el documento “En defensa del sistema público de pensiones”.


El gobierno y sus “expertos” consideran que el actual sistema público de pensiones resulta insostenible. ¿Qué opináis?


Es así, en caso de que se parta de una opción teórica, la que ellos manejan. Pero desde otros planteamientos sí que resultaría viable el sistema público de pensiones. Básicamente, consideran que el sistema está en riesgo por un incremento en la esperanza de vida. Pero, ciertamente, existen otros muchos factores que influyen y que el gobierno no tiene en cuenta: niveles salariales, tasas de empleo, productividad y extensión de la economía sumergida, entre otros. Son muchos factores los que garantizan el equilibrio presupuestario del sistema. Además, el principal riesgo para su sostenibilidad son las políticas económicas que están desarrollándose.

¿Cuál es el objetivo real de la reforma de las pensiones?


Un objetivo muy simple. Conseguir un “botín” de 100.000 millones de euros para las entidades financieras y las grandes aseguradoras, mediante el incremento de los fondos de pensiones privados (un sistema de ahorro que, por lo demás, cuenta con desgravaciones fiscales). Ahora bien, es sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hacen en una cuantía insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.

¿Invierte mucho el estado español en pensiones públicas?


Según el informe de la Comisión Europea “The 2012 Ageing Report”, el gasto en pensiones en España será, en el peor de los escenarios, del 14% del PIB en 2050, aproximadamente lo mismo que hoy gastan países como Austria, Francia (15%) o Italia (16%). Actualmente, España destina el 10% del PIB al sistema público de pensiones, mientras que la media de la Eurozona se sitúa en el 12,2% y en el conjunto de la UE, en el 11,3%.

Se plantea en el fondo una disyuntiva entre los sistemas de “reparto” y de “capitalización”


En el sistema de “reparto”, el que actualmente rige en el estado español, las personas que cotizan a la seguridad son las que financian el sistema público de pensiones; existe una solidaridad intergeneracional que se rompe con el sistema de “capitalización”, en el que cada individuo gestiona su propio fondo de pensiones al tiempo que asume un riesgo individual. Este modelo pivota sobre la capacidad de ahorro de cada persona y la mediación de las entidades financieras.

¿Existen problemas para financiar las pensiones públicas?


El gran problema en este país es de distribución de la riqueza. El sistema público de pensiones podría financiarse perfectamente mediante los presupuestos generales del estado, que podrían incrementar su dotación con una reforma fiscal progresiva. De hecho, la presión fiscal en el estado español es la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia (34,9%) y a Portugal (36,1%). Pero asimismo es inferior a la de Francia (tres puntos de diferencia), Italia (diez puntos de diferencia) y Alemania (ocho), según las cifras de Eurostat.

Sin embargo, el Ministerio de Empleo insiste en la certeza de sus previsiones


Ya pronosticaron la quiebra del sistema en los años 1995, 2000 y 2005, pero nunca acertaron porque, ciertamente, no hay razones para los argumentos catastrofistas. El problema, insistimos, no es de gasto sino de dónde se obtienen los ingresos. Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente a partir de las cotizaciones sociales. Son la totalidad de los recursos del estado los que tienen que hacer frente a los gastos del estado, incluidas las pensiones públicas.

Se recurre, además, a la argumentación “demográfica” para justificar los recortes en las pensiones


Las predicciones demográficas a largo plazo han fallado en su aplicación al mercado laboral español. En su día no se consideraron, por ejemplo, la incorporación de la mujer al trabajo o la entrada de población inmigrante (en la década de los 90, con tasas de natalidad muy elevadas). El gobierno de Rajoy y sus “expertos” toman en cuenta los argumentos demográficos, pero desatienden elementos como la productividad.

¿En qué sentido?


La productividad es un factor decisivo en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Menos trabajadores pueden producir, hoy, una cantidad de riqueza mucho mayor, y así destinar más recursos a las pensiones públicas. El gran error es basar las argumentaciones sólo en la relación número de trabajadores/pensionistas. Hace 50 años, el 30% de la población activa española trabajaba en el sector agrícola; actualmente lo hace el 4,5%, pero este pequeño porcentaje produce más que el 30% anterior. Es decir, menos trabajadores pueden mantener a un mayor número de pensionistas.

Otro elemento de crítica es que no se tienen en cuenta las “tasas de actividad”


Porque remiten al problema del paro. Y ello supone señalar las políticas económicas que están desarrollándose: la austeridad impulsada por la Troika con la complicidad de los gobiernos nacionales. Debido a la falta de estímulos y crecimiento económico, el paro se desboca y disminuye el número de trabajadores que cotizan a la seguridad social. El equilibrio del sistema público de pensiones guarda, en definitiva, una estrecha relación con las políticas económicas que se implementen.

¿Qué alternativas proponéis a la “reforma” de las pensiones planteada por el gobierno?


No se deberían poner repartos a que las pensiones públicas pudieran financiarse mediante los Presupuestos Generales del Estado. Porque la separación entre Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable, pero no económica y, mucho menos, política. También existe la posibilidad de crear impuestos nuevos o aumentar los que hoy están en vigor. Por ejemplo, subir el IRPF a las rentas más altas o incrementar el impuesto de sociedades. Hay que tener en cuenta, cuando se proponen estas medidas, que España es casi un “paraíso fiscal” para las grandes empresas. Y que un país de 45 millones de habitantes dispone de un importante margen de maniobra (por el volumen recaudatorio) en política fiscal.

¿Podría, incluso, invocarse la Constitución española de 1978 para la defensa del actual modelo de pensiones públicas?


De hecho, el vigente texto constitucional habla de “estado social”. La reforma atenta contra el Artículo 50, en el que se afirma que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona en su artículo 25 a la tercera edad, sector de la población al que se le reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar.

Por último, ¿qué efectos sociales implicará la “reforma” de las pensiones?


Sin duda, llega en la peor coyuntura. En plena crisis, se recorta el poder adquisitivo del único grupo de población que había mantenido su capacidad de consumo. Esto dificultará la recuperación de la economía. Además, en 2011, la media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros mensuales. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de la pobreza. El 72% de los jubilados cobra actualmente menos de 1.100 euros mensuales, y el 49% no sobrepasa los 700 euros al mes. Y ello teniendo en cuenta que en muchos casos la pensión del jubilado se ha convertido en la única fuente de ingresos, el último “colchón”, de las familias frente a la crisis.

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