España, el país donde las investigaciones por corrupción siempre caen en saco roto

La percepción de que la corrupción nos rodea y asfixia es creciente. El último barómetro sociológico del CIS sobre el estado de opinión de la población constata esa percepción. La corrupción, el fraude y los políticos superan ya a la sanidad y la educación en la lista de las 10 preocupaciones de los ciudadanos españoles. El estudio, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 15 de diciembre, refleja que las prácticas corruptas son el cuarto tema de preocupación de los españoles tras registrar una senda de crecimiento por ahora imparable. En noviembre preocupaban al 9,5% y en diciembre al 17,2%, por delante de las cuestiones sanitarias (12,9%) y los problemas de las aulas (7,6%).

Esas cifras su justifican por el rosario de escándalos que salpican a la clase política y que han saturado las informaciones de los medios de comunicación en los últimos meses. Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se producen por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

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Esos casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como el ex ministro José Blanco, relacionado con la Operación Campeón- como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

El cariz que está tomando la situación es tan preocupante que incluso desde el exterior nos están afeando la conducta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, acaba de dar la voz de alarma sobre otro flanco de la corrupción:  la actitud tolerante de España hacia las empresas nacionales cuando tratan de conseguir contratos en el exterior sobornando a funcionarios de otros países.

La organización reprocha a España la falta de resultados en la lucha contra la corrupción. Por ello, se muestra "seriamente preocupada" y "especialmente alarmada" porque en casi 13 años solo se hayan abierto pesquisas por siete casos y todos ellos hayan sido archivados sin consecuencias.

Y por si esto fuera poco, la OCDE considera que la reciente amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobiernofacilita aun más esa opacidad de las operaciones fraudulentas de las empresas españolas. Denuncia esta influyente institución que la amnistía impide la detección efectiva de delitos como el soborno o el blanqueo de capitales y por eso ha causado “preocupación significativa” entre sus inspectores.

Los expertos de la organización que supervisan el convenio sobre el soborno de funcionarios extranjeros en la OCDE piden a España que revise su enfoque global contra este delito y le insta a presentar antes de fin de año un informe. En él, se tendrían que precisar los progresos para reformar el Código Penal y para combatir este tipo de corrupción. En caso de que no se respeten sus recomendaciones, se tomarán “medidas apropiadas”, pero no precisadas. Esta presión externa puede ayudar  a la movilización interna que persigue  que estas prácticas corruptas desaparezcan o se castiguen cuando se cometan. 

[IDNet Noticias]