Durante los últimos dos años, Ana María Molina Cuevas ha trabajado cinco días a la semana en una fábrica de cerámica ubicada a las afueras de la ciudad donde reside. Pero, a finales de mes, a menudo no recibió su salario. Siguió acudiendo a su puesto, intentando esconder su frustración.
Si dejaba el empleo, pensaba, podría no cobrar nunca. Y, por otra parte, ¿dónde podría encontrar otro trabajo? Molina cerró noviembre con alrededor de 150 euros en su cuenta y una letra de su hipoteca sin pagar.
“Los días que cobras”, cuenta esta mujer en su casa junto a su marido incapacitado y su hija, “es como si el sol saliera tres veces. Es un motivo de alegría”.
El diario estadounidense New York Times ha utilizado la historia de Molina para ilustrar un problema que, en opinión del rotativo, es creciente en España: recibir un salario a cambio del trabajo es algo que ya no puede darse por seguro en un país que atraviesa su cuarto año de crisis.
En un artículo publicado hoy, el NYT asegura que, con las autonomías y los ayuntamientos asolados por las deudas, incluso conductores de autobuses o trabajadores del sector sanitario, que dependen de las arcas públicas para cobrar sus salarios, no siempre reciben sus sueldos.
“Muchas personas afectadas por esta situación creen que no tienen otra opción que aguantar. Pocos se atreven a identificar a sus patronos, para proteger sus trabajos y a las compañías. Tratan de arreglárselas con los cheques ocasionales o con los pagos parciales en fechas aleatorias, sin saber nunca cuando cobrarán lo que se les debe. La tasa de desempleo de España es una de las más altas de la eurozona, con más de un 25%, y pese a las reformas laborales emprendidas por el Gobierno el paro ha continuado creciendo mes tras mes”, señala el diario.
“La gente tiene miedo hasta de quejarse”
“Antes de la crisis, un trabajador podía aguantar un mes y después cambiarse de trabajo”, cuenta al NYT José Francisco Pérez, un abogado que representa a trabajadores que no cobran sus salarios en Valencia. “Ahora ya no existe esa opción. La gente no tiene a donde ir y tiene miedo. Tienen miedo incluso de quejarse”.
No hay estadísticas sobre cuántas personas sufren una situación similar a la que atraviesa Ana María Molina. Pero una indicación de las cifras, según el NYT, pueden ser los juzgados, rebosantes de personas que intentan cobrar de fondos gubernamentales cuando sus compañías dejan de pagarles.
“En Valencia, la tercera mayor ciudad del país, la tasa de desempleo es del 28,1% y los juzgados están tan sobrecargados de trabajo que los procesos de reclamación, que solían resolverse en entre tres y seis meses, tardan ahora tres o cuatro años. Desde el estallido de la crisis en 2008, las arcas públicas has costeado la indemnización por despido de cerca de un millón de personas a escala nacional. En 2007 pagó a 70.000 trabajadores. Va camino de pagar a más de 250.000 este año y, según expertos, las cifras serían mucho mayores de no ser por el atasco en los juzgados”, señala el rotativo.
A menudo, los trabajadores que no cobran, como Molina, y cuyas empresas se enfrentan a la quiebra, esperan que su labor mantenga a flote a las compañías en el largo plazo. El subsidio de desempleo dura dos años, señalan los hombres y mujeres consultados por el NYT, y no saben qué harán cuando se agote. Pero, mientras tanto, ni siquiera pueden reclamar el paro. Y por muchas cuentas que hagan no pueden seguir adelante si no cobran ni un euro de su salario.
Beatriz Morales García cuenta al New York Times que no recuerda la última vez que fue de compras. Hace unos años, mantenía una vida cómoda con su marido, Daniel Chiva, un conductor de autobús en Valencia. Ella trabaja de terapeuta en un centro de rehabilitación para enfermos mentales. Su esposo cobra del Ayuntamiento valenciano, ella del Gobierno autonómico. Nunca esperaron ganar mucho dinero. Sin embargo, parecía razonable considerar su salario como seguro, hipotecarse con un piso y comenzar a pensar en tener hijos. Este año los dos comenzaron a tener problemas para cobrar. A Beatriz Morales, la comunidad le debe unos 6.000 euros. No pueden reducir más sus gastos. Se han dado de baja de Internet y han eliminado la línea telefónica de su casa. Ya no pagan por un garaje ni tienen seguro médico. Chiva, incluso, ha renunciado al café que solía tomarse antes de comenzar su turno de noche. No obstante, viven en un estado de ansiedad constante.
Fuente: - elConfidencial.com
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