Sin embargo, la mayoría de los desahucios no quedan recogidos en las estadísticas ya que "la vergüenza" que sienten las familias, sobre todo cuando tienen hijos pequeños, hace que se "autodesalojen" para no pasar "por la violencia de una intervención policial".
Así lo ha expresado a Efe el asesor jurídico de la Plataforma, Rafael Mayoral, quien ha subrayado la paradoja que se da en España donde, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20 % del parque inmobiliario.
Los datos sobre nacionalidad de las personas afectadas rompe el tópico según el cuál las ejecuciones hipotecarias serían básicamente un problema de personas inmigrantes.
Español, sin trabajo, con hijos a su cargo y una hipoteca media entre 100.000 y 200.000 euros es el perfil del desahuciado que prácticamente se repite en todo el país, según recogen los fundadores de la PAH, Ada Colau y Adria Alemany, en el libro "Vidas hipotecadas".
El recrudecimiento de la crisis ha impulsado en muchas regiones la recogida de firmas a modo de Iniciativa Legislativa Popular (IPL) para reformar la ley hipotecaria, regular la dación en pago (entregar la vivienda al banco y liberarse así de la deuda), paralizar los desahucios y fijar los alquileres sociales.
La dación en pago o el alquiler social son las alternativas barajadas por la Plataforma, que solicita que, una vez que se adjudica la vivienda al banco, se cancelen las deudas para que nadie quede con deudas perpetuas o se provea al afectado de un alquiler social, que nunca supere el 30 % de la renta familiar.
En casi todas las autonomías se dan casos singulares de desahucios paralizados.
Así lo ha expresado a Efe el asesor jurídico de la Plataforma, Rafael Mayoral, quien ha subrayado la paradoja que se da en España donde, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20 % del parque inmobiliario.
Los datos sobre nacionalidad de las personas afectadas rompe el tópico según el cuál las ejecuciones hipotecarias serían básicamente un problema de personas inmigrantes.
Español, sin trabajo, con hijos a su cargo y una hipoteca media entre 100.000 y 200.000 euros es el perfil del desahuciado que prácticamente se repite en todo el país, según recogen los fundadores de la PAH, Ada Colau y Adria Alemany, en el libro "Vidas hipotecadas".
El recrudecimiento de la crisis ha impulsado en muchas regiones la recogida de firmas a modo de Iniciativa Legislativa Popular (IPL) para reformar la ley hipotecaria, regular la dación en pago (entregar la vivienda al banco y liberarse así de la deuda), paralizar los desahucios y fijar los alquileres sociales.
La dación en pago o el alquiler social son las alternativas barajadas por la Plataforma, que solicita que, una vez que se adjudica la vivienda al banco, se cancelen las deudas para que nadie quede con deudas perpetuas o se provea al afectado de un alquiler social, que nunca supere el 30 % de la renta familiar.
En casi todas las autonomías se dan casos singulares de desahucios paralizados.
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