¿Por qué Bankia es un problema?

Los banqueros del país llevaban tiempo reconociendo en privado que buena parte de la solución a las dudas sobre la solvencia del sistema financiero español pasaban por resolver el futuro de Bankia. Hasta que llegó el Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló con el dedo a la entidad y al Gobierno de Mariano Rajoy no le quedó más remedio que salir a su rescate. ¿Por qué? Sobre todo por su exposición al negocio del ladrillo, la más elevada de todo el mapa bancario.

Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia y en la que el grupo ha aparcado sus activos inmobiliarios, aglutina 37.517 millones de euros en créditos a la construcción y la promoción inmobiliaria. La cifra es muy superior a la de sus principales competidores. Santander acumula 23.442 millones, BBVA 14.158, Caixabank 22.437, Sabadell 9.402 y Banco Popular 16.481 millones.

Por si fuese poco, el 47,5% de la cartera de Bankia con préstamos al negocio del ladrillo es problemático. En concreto, 10.564 millones de euros son de dudoso cobro —acumulan ya tres meses en impago— y 7.283 millones son considerados subestándar: aunque aún están al corrientes de todos sus pagos hay un riesgo real de que se conviertan en morosos. Y 1.748 millones ya son fallidos; esto es, irrecuperables.

Además, a la entidad le ha tocado digerir 9.083 millones de euros en activos inmobiliarios adjudicados, recibidos en compensación por deudas y créditos impagados. De esa cantidad, el suelo —el activo más deteriorado en cuanto a precio y por lo tanto el más difícil de vender— supone 2.488 millones de euros.

Así, y en total, la exposición problemática del grupo BFA-Bankia al ladrillo asciende a 30.440 millones de euros, para los que dispone de coberturas por 11.900 millones.

Esa situación ha hecho que la tasa de morosidad inmobiliaria del grupo se disparase a finales de 2011 al 28%, frente al 18% que registraba un año antes.

Agujero patrimonial

El gran problema de esa exposición es que las pérdidas que podría afrontar la entidad provocarían un fuerte impacto en su balance. Aun después de realizar los saneamientos por 5.070 millones que le exige la reforma financiera, y según cálculos de Goldman Sachs, los impagos en esos créditos y activos podrían crear un agujero de unos 7.700 millones de euros en BFA-Bankia.

Eso consumiría buena parte de su capital y dejaría su nivel de solvencia muy por debajo de los mínimos requeridos por las autoridades.

Deloitte, firma auditora encargada de certificar las cuentas del grupo, ha pedido más tiempo para analizar los números de la entidad al cierre de 2011. La verdadera situación patrimonial del grupo, lastrada por esa exposición al ladrillo pero también por su cartera industrial, saldrá a la luz cuando ese informe se entregue a la CNMV.

Como fuere, y diga lo que diga el informe del auditor, la actual factura solo se podría digerir con ayudas públicas, coinciden en señalar varias fuentes financerias.

¿Se aplazó su rescate?

Pero esas ayudas, según fuentes consultadas por ABC, tampoco han permitido hasta ahora aliviar esa situación y más bien solo han aplazado el rescate del banco. Los beneficios del grupo —BFA ganó 40,9 millones en 2011 y Bankia 309— se antojan insuficientes para pagar los intereses que se comprometió a devolver al Estado por ese apoyo.

La entidad recibió 4.465 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada (FROB) para abordar la fusión de las siete cajas que forman el grupo. Debe devolverlos más un interés del 7,75%. «Cada año tendría que generar unos resultados como los de, por ejemplo, BBVA para poder pagar», apuntan desde el sector. Si el Gobierno decide inyectarle ahora 10.000 millones de euros más a un 8%, serían 800 millones más a sumar a esa factura.

Los SIP, fórmula fallida

Y entonces, ¿por qué se permitió? Dicen los ingleses que dos pavos no crean un águila. El mundo de las finanzas suele explicar que la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caixa Laietana y Caja Rioja, lejos de crear una gran entidad solvente gestó un gigante con pies de barro.

Se hizo con un Sistema Institucional de Protección (SIP), fórmula que permitía fusiones frías —cada entidad conserva su identidad— entre cajas de ahorros de distintas comunidades autónomas. Esta vía, avalada en su día por el Banco de España, fue la preferidad por aquellas regiones que no querían perder influencia en sus entidades. Así, se usaron más con un criterio político que de eficiencia y rentabilidad.

Salida a Bolsa «forzada»

A pesar de eso, Bankia siguió adelante. Hasta el punto de que protagonizó una histórica salida a Bolsa, el pasado verano, que se interpretó como clave para el futuro del sistema financiero españo. Para evitar un fracaso rotundo, y según se admite en el sector, el resto de entidades salieron al rescate de la operación: buena parte de las acciones colocadas entre inversores institucionales fueron adquiridas por el resto de bancos españoles.

A día de hoy, esas mismas entidades admiten que Bankia sigue siendo un problema. Al juntarla con otro banco o caja —hubo contactos con CaixaBank, pero fracasaron—, explican esas fuentes, se corre el riesgo de que los problemas de BFA se lleven por delante a un hipotético socio. Así las cosas, solo parece quedar una opción: el dinero público.

Fuente: ABC.ES