Amnistía Internacional (AI) en su informe internacional “Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca” presentado en abril de 2004 en Madrid, se atrevió a acusar a REPSOL-YPF y a Occidental Petroleum, de no respetar los derechos humanos al facilitar ayuda financiera a unidades militares del Ejército colombiano « con vínculos probados » con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca. AI denuncia que en este departamento colombiano al noreste del país, en donde operan ambas compañías, se cometen « abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla » (Aministía Internacional Colombia [2004]. Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca).
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