La española considera la expropiación de YPF “ilícita y discriminatoria”
El ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, es desde ayer interventor de YPF, con todos los poderes en la compañía hasta ayer controlada por Repsol. Junto al proyecto de ley remitido al Parlamento, la presidenta argentina dictó ayer un decreto urgente por el que interviene la empresa por 30 días. Con ese respaldo legal, las autoridades argentinas expulsaron de la sede de YPF a directivos de la compañía. Mientras, en Madrid, la dirección de Repsol estudiaba con sus asesores jurídicos la estrategia a seguir para defender sus intereses. Las fuentes consultadas señalan que la vía más factible para la compañía española es presentar una demanda ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
La empresa comunicó anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que “llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas”. Repsol se reserva las acciones que le correspondan conforme al “derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones España-Argentina”.
Ambos países están sujetos a los arbitrajes de un organismo del Banco Mundial para proteger las inversiones extranjeras. Los pleitos se dirimen a través del Centro Internacional sobre Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), muy conocido en Argentina porque el Gobierno del país ha sido objeto de numerosas demandas ante el mismo. Entre las empresas que recurrieron al Ciadi hubo numerosas compañías españolas como Telefónica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona. La mayor parte de ellas acabaron retirando sus demandas tras pactar con el Gobierno, pues, dada su vocación de continuidad en el país, entendieron que era preferible hacer las paces con el Ejecutivo. En el caso de Repsol, la situación es diferente. Es casi imposible que el arbitraje ante el Ciadi le restituya la propiedad y el control de YPF, con lo que la estrategia de Repsol puede ser llevar el pleito hasta el final y su objetivo, lograr la mayor indemnización posible.
Las menciones de Repsol al derecho argentino y a los mercados de valores señalan que la petrolera española planea también pleitear contra el Gobierno de Cristina Fernández en su propio terreno y también en EE UU, puesto que YPF cotiza en Wall Street.
La petrolera española planea también pleitear contra el Gobierno de Cristina Fernández también en EE UU
El proyecto de ley remitido por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al Parlamento argentino prevé que sea el Tribunal de Tasaciones de la Nación el que fije el precio a pagar por la expropiación, de acuerdo con una ley que prevé que “la indemnización solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación” y que “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse” ni “se pagará lucro cesante”. Sin embargo, las leyes locales de expropiación no vinculan las decisiones que tome el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
El Ciadi es el mismo tribunal ante el que Francisco Hernando Contreras, El Pocero, ha demandado a Guuinea Ecuatorial al considerar que dicho país ha roto los acuerdos para realizar una serie de promociones. Otras empresas españolas que han presentado recientemente demandas contra países ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial son Elecnor e Isolux Corsán contra Perú por un litigio relacionado con concesiones de transmisión de electricidad y Supervisión y Control contra Costa Rica por un acuerdo de concesión para construir y gestionar unas instalaciones de inspección técnica de vehículos.
Uno de los problemas que tiene la apelación al Ciadi es que los procesos se demoran enormemente. Argentina suele recurrir en primer lugar la validez de la jurisdicción y solo la resolución sobre las cuestiones preliminares puede durar más de dos años. La decisión puede durar otros tres años y no es raro que el país perdedor ponga trabas además a la ejecución del laudo, lo que puede demorar aún más la espera.
Repsol considera que la medida anunciada es “manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional”.
Repsol considera discriminatorio que sea el único accionista de YPF sujeto a la expropiación. La empresa española tiene una participación del 57,43% en YPF, con un valor patrimonial a cierre de año de 4.122 millones. Además, mantiene un préstamo con el Grupo Petersen valorado en 1.542 millones, si bien el Gobierno argentino no planea expropiar la participación de este grupo.
YPF representó en 2011 un 25,6% del resultado operativo del grupo, un 21% del resultado después de impuestos y el 33,74% de las inversiones. Con la expropiación, la deuda neta de Repsol se reducirá en 1.600 millones al dejar de consolidar YPF.
Fuente:elpais.com
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