La destrucción de empleo comienza a pasar factura a la tesorería de la Seguridad Social. Pero lo peor puede estar por venir. Fuentes solventes del Partido Popular dijeron a El Confidencial que es muy probable que el próximo Gobierno tenga que tirar del Fondo de Reserva para pagar las pensiones.
Los ‘populares’ temen que la paga extraordinaria de diciembre deje exhaustas las arcas de la Seguridad Social y no haya más remedio que utilizar por primera vez la llamada ‘hucha de las pensiones’. No en vano, el sistema público de pensiones tendrá que hacer frente en diciembre tanto a la paga extraordinaria como a la paga ordinaria, a lo que hay que sumar la desviación del IPC que se aplica a las pensiones mínimas, y a las que el Gobierno excluyó de la congelación. Esa
paga se abona a finales de mes, y la orden de pago tendrá que hacerla el Gobierno saliente, ya que el entrante no tomará posesión hasta la última semana de diciembre, en el mejor de los casos.
Hay que tener en cuenta que cada paga de Seguridad Social equivale a algo más de 7.130 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 1.500-2.000 millones de la desviación del IPC. En total, alrededor de 16.000 millones de euros.
Los últimos datos de la Seguridad Social reflejan una tesorería equivalente a 15.505 millones de euros, pero hay que considerar que figura una partida de 1.850 millones de euros depositados en la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva, y dado el “carácter restringido y exclusivo de estos fondos respecto a su afectación al Fondo de Reserva”, la normativa reguladora del mismo establece que ese saldo tenga la consideración de activo fijo.
Igualmente, en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.016 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención, donde se acumulan los excedentes de las mutuas de trabajo.
Esta doble paga es la habitual, pero ahora coincide en el tiempo con unos momentos especialmente delicados desde el punto de vista de la tesorería. No hay que olvidar que la nómina mensual de pensiones ha crecido durante este
año en torno al 5%, muy por encima de lo que están aumentando los ingresos por cotización debido a un doble efecto: la moderación salarial derivada de la crisis económica y la destrucción de empleo, quees la clave de bóveda de un sistema de reparto como es el español.
Y hay que tener en cuenta que en términos de media anual, el sistema público de protección social ha perdido desde la crisis 1,74 millones de puestos de trabajo. Por decirlo en la jerga de la Seguridad Social, el llamado ‘efecto sustitución’, la diferencia entre las nuevas pensiones y las que causan baja, se ha disparado. En concreto, las ‘nuevas’ pensiones son un 28,6% más elevadas que las ‘viejas’. La tercera parte de lo que suba este año el gasto en pensiones será, precisamente, por el efecto sustitución.
Sólo en casos extremos La utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones sería un hecho extraordinario, toda vez que nunca se ha utilizado esta vía. Hasta el punto de que la propia normativa que lo regula establece condiciones para su uso. En concreto, la ley dice que el Fondo se destinará “con carácter exclusivo” a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y a los gastos derivados de su gestión, “y sólo será posible en situaciones structurales de déficit por operaciones no financieras del sistema de la Seguridad Social”.
Al próximo Gobierno le corresponderá definir qué entiende por “déficit estructural, pero hay que tener en cuenta que ya el año pasado el ejercicio se cerró con un desequilibrio equivalente a 2.588 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 0,2% del PIB. Sólo los rendimientos de la deuda pública permitieron mejorar la situación. Y este año, nada indica que las cosas vayan a mejorar. Al contrario, la economía española continúa destruyendo empleo.
El problema que se le plantea al próximo Gobierno es todavía más peliagudo habida cuenta que casi el 90% de los 64.375 millones con que cerró el año pasado, están invertidos en deuda pública española. Como se sabe, en medio del huracán de la deuda soberana, por lo que una venta masiva sólo hundiría el precio de los bonos y dispararía la rentabilidad, con todo lo que ello supone para la financiación del Estado.
Otras fuentes consultadas por este diario, dijeron que tal vez la única opción sea enajenar deuda triple A de Alemania y Holanda, la más demandada por los inversores. La otra posibilidad es colocar parte de esa deuda en el BCE en el marco de su Programa de Adquisición de Bonos, el instrumento que utiliza para frenar las tensiones en los mercados de deuda.
En palabras de un dirigente del PP, “estamos ante una bomba de relojería diseñada para que estalle en diciembre”. Algo que, en su opinión, recuerda a lo que sucedió en 1996, cuando el Gobierno entrante tuvo que pedir un crédito extraordinario para pagar las pensiones.
Los ‘populares’ temen que la paga extraordinaria de diciembre deje exhaustas las arcas de la Seguridad Social y no haya más remedio que utilizar por primera vez la llamada ‘hucha de las pensiones’. No en vano, el sistema público de pensiones tendrá que hacer frente en diciembre tanto a la paga extraordinaria como a la paga ordinaria, a lo que hay que sumar la desviación del IPC que se aplica a las pensiones mínimas, y a las que el Gobierno excluyó de la congelación. Esa
paga se abona a finales de mes, y la orden de pago tendrá que hacerla el Gobierno saliente, ya que el entrante no tomará posesión hasta la última semana de diciembre, en el mejor de los casos.
Hay que tener en cuenta que cada paga de Seguridad Social equivale a algo más de 7.130 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 1.500-2.000 millones de la desviación del IPC. En total, alrededor de 16.000 millones de euros.
Los últimos datos de la Seguridad Social reflejan una tesorería equivalente a 15.505 millones de euros, pero hay que considerar que figura una partida de 1.850 millones de euros depositados en la cuenta del Banco de España abierta para la gestión del Fondo de Reserva, y dado el “carácter restringido y exclusivo de estos fondos respecto a su afectación al Fondo de Reserva”, la normativa reguladora del mismo establece que ese saldo tenga la consideración de activo fijo.
Igualmente, en las cuentas de tesorería, figura incluido el saldo por importe de 1.016 millones de euros que registra la cuenta del Banco de España abierta para el Fondo de Prevención, donde se acumulan los excedentes de las mutuas de trabajo.
Esta doble paga es la habitual, pero ahora coincide en el tiempo con unos momentos especialmente delicados desde el punto de vista de la tesorería. No hay que olvidar que la nómina mensual de pensiones ha crecido durante este
año en torno al 5%, muy por encima de lo que están aumentando los ingresos por cotización debido a un doble efecto: la moderación salarial derivada de la crisis económica y la destrucción de empleo, quees la clave de bóveda de un sistema de reparto como es el español.
Y hay que tener en cuenta que en términos de media anual, el sistema público de protección social ha perdido desde la crisis 1,74 millones de puestos de trabajo. Por decirlo en la jerga de la Seguridad Social, el llamado ‘efecto sustitución’, la diferencia entre las nuevas pensiones y las que causan baja, se ha disparado. En concreto, las ‘nuevas’ pensiones son un 28,6% más elevadas que las ‘viejas’. La tercera parte de lo que suba este año el gasto en pensiones será, precisamente, por el efecto sustitución.
Sólo en casos extremos La utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones sería un hecho extraordinario, toda vez que nunca se ha utilizado esta vía. Hasta el punto de que la propia normativa que lo regula establece condiciones para su uso. En concreto, la ley dice que el Fondo se destinará “con carácter exclusivo” a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y a los gastos derivados de su gestión, “y sólo será posible en situaciones structurales de déficit por operaciones no financieras del sistema de la Seguridad Social”.
Al próximo Gobierno le corresponderá definir qué entiende por “déficit estructural, pero hay que tener en cuenta que ya el año pasado el ejercicio se cerró con un desequilibrio equivalente a 2.588 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 0,2% del PIB. Sólo los rendimientos de la deuda pública permitieron mejorar la situación. Y este año, nada indica que las cosas vayan a mejorar. Al contrario, la economía española continúa destruyendo empleo.
El problema que se le plantea al próximo Gobierno es todavía más peliagudo habida cuenta que casi el 90% de los 64.375 millones con que cerró el año pasado, están invertidos en deuda pública española. Como se sabe, en medio del huracán de la deuda soberana, por lo que una venta masiva sólo hundiría el precio de los bonos y dispararía la rentabilidad, con todo lo que ello supone para la financiación del Estado.
Otras fuentes consultadas por este diario, dijeron que tal vez la única opción sea enajenar deuda triple A de Alemania y Holanda, la más demandada por los inversores. La otra posibilidad es colocar parte de esa deuda en el BCE en el marco de su Programa de Adquisición de Bonos, el instrumento que utiliza para frenar las tensiones en los mercados de deuda.
En palabras de un dirigente del PP, “estamos ante una bomba de relojería diseñada para que estalle en diciembre”. Algo que, en su opinión, recuerda a lo que sucedió en 1996, cuando el Gobierno entrante tuvo que pedir un crédito extraordinario para pagar las pensiones.
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