El Imparcial
La crisis Libia ha disparado el debate sobre la dependencia energética de España y los políticos, dicen que para ahorrar algo de la energía que importamos, han decidido reducir la velocidad máxima en autopista y apagar hasta el cincuenta por ciento de las luces que iluminan las carreteras de España.
El debate ha prendido con rapidez y en plena discusión sobre la efectividad de estas medidas, la Fundación Conama y el Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental, han presentado un informe en el que plantean, entre otras cosas, cobrar por el uso de las carreteras en los periodos de mayor congestión y reducir a cuatro los días laborales para evitar las horas punta. Los autores del informe sostienen que medidas como estas han probado ser efectivas en determinadas ciudades, y que podrían generalizarse para conseguir un importante ahorro energético.
El informe "Cambio Global España 2020-2050" se ha presentado este martes en la Universidad Complutense y, además de contener medidas susceptibles de ser comentadas, habla de cómo puede España caminar hacia un modelo energético sostenible. Y es que, como comentaron sus directores Joaquín Nieto y Pedro Linares, energía y sostenibilidad son dos temas claves para el futuro de un país y es preciso planear a medio y largo plazo para prevenir modos de actuación ante los retos que se asoman en el siglo XXI.
"La crisis actual ha sido un aviso de un cambio sistémico. Vamos a asistir al fin de la disponibilidad ilimitada de los recursos energéticos y a la alteración de los ciclos climáticos de la biosfera." En este contexto, ambos ponentes explicaron que España no puede seguir consumiendo tanta energía como hace en la actualidad ni tampoco depender en un 90 por ciento de las importaciones de recursos no renovables como el petróleo o el gas natural.
Con este informe, lo que se pretende es crear una conciencia social sobre la necesidad urgente de cambiar los modos de producción y consumo. "Tenemos una horquilla de oportunidad de diez años. Estamos en el momento de anclar las grandes decisiones de inversión y de gobernanza y todos somos responsables de este proceso", ha afirmado Teresa Ribera, secretaria de Estado de cambio climático.
Europa se ha marcado el objetivo de conseguir una reducción de emisiones de CO2 del 80 por ciento en el año 2050. Existe consenso en la comunidad científica sobre las consecuencias de no alcanzar esta cifra: un aumento de la temperatura de más de dos grados tendría consecuencias no sólo ambientales, sino económicas y biológicas (especialmente para la agricultura).
La necesidad de actuar de manera coordinada con otros países exige la implantación de una agenda integrada entre estos, y también a nivel nacional, según ha dicho Ribera, quien después ha afirmado: "la política económica y la política energética no se puede hacer al margen de la política ambiental."
El informe presentado este martes, analiza la energía desde su consumo y su producción, y plantea puntos de actuación en los que sería posible incidir en un uso más eficiente y también más ahorrador de la misma. Este escenario, han comentado sus autores, no sólo es posible sino que también es deseable. Los costes que tendría son grandes si se comparan con el precio actual de la energía, pero también, han recordado, se paga un precio muy por debajo del coste real, y si ahora se previene, no se tendrá que improvisar en el futuro ahorrando millones a las próximas generaciones.
Libros Libres
-(.pdf 342 kb)
* Retos de la nueva configuración del Sistema Financiero Internacional en el contexto de la crisis económica.
* La agresión permanente.(Guy Allard y Eva Golinger)
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