Francia es la segunda potencia nuclear del mundo. Los 58 reactores operativos en el país galo y los 430.000 millones de kilovatios/hora que producen cada año suponen que sólo EEUU, un país quince veces mayor y con cinco veces más habitantes, le supere en este ranking. Sin embargo, los políticos de Alemania, España o Italia mantienen las declaraciones sobre la necesidad de cerrar sus centrales o la peligrosidad de la energía nuclear. Como si eso fuera a servir de algo...
La alarma
El accidente de la central nuclear de Fukushima ha desatado la alarma nuclear en todo el planeta. A pesar de lo excepcional de la situación vivida en el noreste de Japón –terremoto de escala 9, más tsunami devastador-, en muchos países se ha reabierto el debate sobre la conveniencia de mantener con vida las centrales. Este fenómeno ha sido especialmente llamativo en Europa, donde medios de comunicación y organizaciones ecologistas han caído en el alarmismo nuclear, llevando a la sociedad a preguntarse si merece la pena correr el riesgo (por pequeño que éste sea) de un accidente.
Los políticos se han sumado a esta corriente, temerosos de perder votos en un tema muy sensible a la opinión pública. Así, mientras un país aliado como Japón se dedica a contar sus muertos, buscar supervivientes entre los escombros y tratar de evitar que se descontrole completamente la situación en Fukushima, los líderes europeos se dedican a realizar declaraciones sobre reforzar la seguridad en las centrales o, incluso, cerrar éstas, sin importar el coste que estas medidas pueden tener en la factura eléctrica de sus ciudadanos.
Es más, ha habido quien, como el comisario europeo de Industria, Günther Oettinger, desató el pánico bursátil hablando de "apocalipsis" y lo remató insultando a quienes luchan por superar la catástrofe: "Hasta ahora tenía una opinión muy alta de la competencia técnica y fiabilidad de los japoneses, pero quizá haya que revisar la opinión porque hay muchas incoherencias".
Estas declaraciones, además de frívolas y de muy dudoso gusto, son completamente ilógicas y provocan un debate completamente sesgado. Oettinger y los políticos españoles tendrán que acudir a las urnas en unas semanas, pero esto no justifica que alarmen a sus ciudadanos y que se justifiquen proponiendo unas medidas de dudosa eficacia.
Las centrales galas
Francia (con larguísimas fronteras tanto con España como con Alemania) es el segundo país del mundo por potencia nuclear instalada. A raíz de la crisis de 1973, con la posterior carestía de petróleo y el encarecimiento de todos los productos derivados, el Gobierno galo hizo una apuesta decidida por la energía nuclear (hay que recordar que éste es un sector intervenido también en Francia, como en casi todos los países europeos). Esta decisión ha llevado a que se abran en el país una veintena de centrales que suman un total de 58 reactores, que producen un total de 430.000 millones de kilovatios/hora cada año. Es el 75% de la electricidad que consumen sus ciudadanos, lo que le deja como el país (entre las grandes potencias) más dependientes de las centrales.
Todos los gobiernos que se han sucedido en París en las últimas tres décadas han respaldado la apuesta por la nuclear y éste es un debate menos presente en Francia que en sus vecinos. De hecho, en estos momentos están en proyecto las primeras centrales de tercera generación.
Por eso, tiene poca lógica tener tanto empeño en cerrar Garoña, Vandellós o Trillo, cuando a menos de 250 kilómetros de San Sebastián o Huesca, sigue plenamente operativa la central de Golfech, con sus dos reactores. Y en el sureste del país, conviven los cuatro reactores de Tricastin y los de Cruas, que prácticamente igualan toda la energía nuclear producia en España a apenas 350 kilómetros de Barcelona. Un accidente en cualquiera de ellas sería casi tan peligroso para la península Ibérica como si se produjera en una central española.
Según destaca la Asociación Mundial Nuclear, Francia es el "mayor exportador neto de electricidad debido a su bajo coste de generación", lo que permite a Electricité de France (EdF) obtener unas ganancias de más de 3.000 millones de euros al año. Sus principales clientes son Suiza, España, Alemania, Bélgica o el Reino Unido, precisamente algunos de los países en los que más se recrudecen las protestas para cerrar unas centrales que, quizás, tuvieran que ser sustituidas por las que seguirán operativas en el hexágono galo.
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