Trabajar más, cobrar menos: jubilados precarios y pensiones basura

Trabajar dos años más, para cobrar dos años menos. Este es el resultado del “acuerdo” entre el Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT. Al final las recetas anticrisis, que propugnaba el denostado expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y que tanto criticaron los sindicatos que ahora han firmado el pacto, se han hecho realidad: “trabajar más, para cobrar menos”.

La edad legal de jubilación se retrasa a los 67 años. Tendremos que cotizar 37 años para retirarnos a los 67 y mantener la pensión íntegra, que es la demanda que hacía la UE, el FMI y los grandes fondos financieros. Si nos quisiéramos retirar a los 65 años, tendríamos que haber cotizado 38,5 años. Es decir: si empezamos a trabajar a los 26 años, o antes, y lo hemos hecho de manera ininterrumpida y a jornada completa. Además cobraremos menos, pues el cómputo para calcular la pensión aumenta de 15 a 25 años. Ninguno de los que han pactado elevar la jubilación a los 67 tendrá que trabajar tres años y medio más para retirarse a los 65 con toda su pensión. Y los que, desde la banca exigen confianza en una reforma que garantizará, según Emilio Botín, presidente del Santander “la viabilidad del sistema y mandará una señal a los mercados de la sostenibilidad de las finanzas públicas”, cobrará 21 millones de euros en su plan de pensiones o el presidente del BBVA, Francisco González, que cobrará 79,7 millones de euros gracias al plan de pensiones para directivos de ese banco.

Podemos justificarlo como queramos o vestirlo de Prada o de Dior, pero lo que el PSOE ha conseguido es que los sindicatos mayoritarios acepten que la edad legal de jubilación se retrase a los 67 años y que su cuantía se reduzca considerablemente. Porque la inmensa mayoría seguiremos jubilándonos como lo hacemos ahora pero cobrando menos, por mucho que se haya introducido la excepción para aquellos raros especímenes que puedan acreditar 38,5 años de cotización, a los que se permitirá recibir la pensión íntegra a los 65 años. Podemos adornarlo, pero el pacto es un brutal recorte en la cuantía y la duración de las pensiones que pagarán los de siempre, los más débiles: la generación de jóvenes que mañana no podrán jubilarse y hoy no pueden trabajar.

Porque esta reforma no contribuirá a crear empleo, al contrario: habrá 500.000 puestos de trabajos potenciales menos para las generaciones que se jubilen a los 67 años. Además con un 20% de paro en nuestro país, la posibilidad de trabajar de forma ininterrumpida desde los 26 años para alcanzar la meta de la jubilación a los 65 es sencillamente una fantasía, en el contexto de precariedad y temporalidad laboral que viven hoy los jóvenes, especialmente quienes pertenecen a las clases sociales más bajas. El 43% de los menores de 25 años en España ni trabaja ni estudia. Los jóvenes de hoy pasarán a la historia como la primera generación que vivirá peor que la de sus mayores desde la II Guerra Mundial.

Además este acuerdo presenta como mejora un auténtico retroceso en los derechos de las mujeres. Establece que las mujeres que interrumpan su vida laboral para dedicarse al cuidado, se le computará como tiempo cotizado. Es la “excusa perfecta” para que las mujeres vuelvan al hogar. Frente a la lucha del feminismo porque la conciliación de la vida familiar y laboral sea compartida entre hombres y mujeres, por la incorporación de las mujeres al empleo en condiciones de igualdad y por romper con la división sexual del trabajo, regresa la tradición del rancio machismo en forma de “ventaja” si se vuelven a cada a cuidar.

En definitiva, PSOE, CC.OO. y UGT han firmado un acuerdo que recorta de forma sustancial, aún más, los derechos sociales y las condiciones laborales de la clase trabajadora. De no sentarse a negociar hasta que no se diera marcha atrás a la reforma laboral, se ha pasado a un “gran acuerdo” con el mismo ejecutivo que ha emprendido las reformas más antisociales que recordamos en los últimos años, siguiendo la estela de Aznar y los gobiernos conservadores. Algunos lo justifican alegando que los sindicatos mayoritarios temían más otra huelga general que a la presión del Gobierno. Especialmente UGT, que recupera así la “justificación moral” de poder pedir el voto a su afiliación para su partido “de referencia” en las cercanas elecciones municipales. Pero se trata de una claudicación, acompañada de una desmovilización desde las direcciones sindicales, que han renunciado, para mejorar sus condiciones de negociación, a la lucha en la calle y que han evitado cualquier proceso de discusión entre las bases.

Parece que atrás quedaron los tiempos en que los sindicatos luchaban en la calle y movilizaban a los trabajadores y trabajadoras para conseguir arrancar mejoras en las condiciones laborales y sociales de la ciudadanía. Desde hace años asistimos a la estrategia del consentimiento, aceptando rebaja tras rebaja de los derechos sociales más básicos.

Como plantea el presidente de ATTAC, este es un retroceso histórico que tendrá graves consecuencias sobre la credibilidad de los sindicatos y debilitará la capacidad de responder a las futuras agresiones sociales y políticas. La aceptación de una solución negociada equivocada, aporta no sólo una nueva derrota para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, sino que propicia el desarme ideológico de la posición de los sindicatos que empiezan a ser vistos por buena parte de la población como “cómplices” que han consentido y colaborado en que los peores temores se cumplan.

Con esta nueva reforma, además de los grandes capitales que ven cómo se abre la vía de la demanda de fondos privados de pensiones, sólo gana un Gobierno que ve legitimada sus políticas cada vez más antisociales. Tan solo el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha sido crítico desde sus primeras valoraciones del acuerdo: “No hay razones objetivas para hacer este recorte de las pensiones”, es un ataque a los derechos de los trabajadores.

Lo sorprendente es que los países de América Latina que sufrieron ya este sunami neoliberal en los años 70, 80 y 90, que quebrantó todas las economías hasta sumirlas en quiebra permanente, están saliendo de ella gracias a políticas radicalmente contrarias: Recientemente Bolivia ha renunciado al sistema privado de pensiones después de comprobar que al Estado le cuesta mantener éste más que el sistema público, con el añadido de que el sistema privado no permite una planificación de la economía. En 2008, el Gobierno argentino firmó un protocolo para nacionalizar los fondos privados “para preservar los derechos de los trabajadores”.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León