¿A quién benefician las últimas medidas económicas del gobierno español? Miguel Ángel Luque Mateo

El caos aeroportuario y el estado de alarma han impedido un debate sosegado sobre las últimas medidas aprobadas y anunciadas por el Gobierno con el repetido propósito de dar confianza a los mercados, fomentar la actividad empresarial y el empleo y bajar los impuestos. Entre otras, destacan: a) la supresión de las ayudas de los 426 € a los desempleados sin ninguna cobertura; b) la privatización parcial de AENA y “Loterías y Apuestas del Estado”; c) la subida del impuesto sobre “el tabaco”; d) la rebaja en el Impuesto sobre Sociedades; e) la eliminación de la exigencia del mantenimiento del empleo para la aplicación de determinados beneficios fiscales; f) la exención tributaria de las operaciones de creación y capitalización de empresas; g) la supresión de la obligatoriedad de pagar a las Cámaras de Comercio; h) la agilización en la constitución de sociedades; i) la eliminación de la obligatoriedad de publicar en la prensa escrita los actos adoptados por las sociedades.

E n mi opinión, estas medidas no son las más idóneas para los objetivos previstos. En realidad constituyen un nuevo retroceso del Estado del bienestar ante la presión de la oligarquía política-económica-bancaria que se esconde detrás de eso que llaman “los mercados”. Seguidamente expongo algunas razones:

Difícilmente puede fomentarse la creación de empleo eliminando la exigencia de que las empresas tengan que mantener el empleo para poder aplicarse determinados “beneficios fiscales”, como la libertad de amortización para inversiones nuevas y un tipo de gravamen reducido del 20%. ¿Se premia el despido? Además, hace un año se adoptaron similares medidas y las consecuencias son conocidas: aumento de medio millón de personas paradas y de 155.800 hogares más en los que todos sus miembros activos se encuentran en paro.

Los impuestos, en general, no se bajan. Sube el “del tabaco”, que es indirecto y más injusto (aunque se disfrace de medida sanitaria) y sólo disminuyen los de las medianas y grandes sociedades -no tanto los de las pequeñas-, salvo que por pequeña se entienda la que presenta 1.700 millones de volumen de negocio y 50 millones de beneficio neto (de las antiguas pesetas). Además, serán las Sociedades Anónimas y las que cotizan en bolsa las verdaderas beneficiadas de la ampliación del régimen de libertad de amortización para inversiones nuevas, la exención en el Impuesto sobre Operaciones Societarias, la eliminación de la pertenencia obligatoria a las Cámaras de Comercio y la supresión de la obligación de publicar sus actos en los periódicos.

- Se privatiza lo poco rentable que queda: la mitad de la última joya pública empresarial –AENA- y el 30 % de “Loterías y Apuestas del Estado” a cambio de un precio que no llega ni a 15.000 millones de euros. Sin entrar en la discutible cuantía o en la previsible destrucción de empleo, se renuncia a la obtención de unos ingresos patrimoniales anuales, que pasarán a los bolsillos de esa oligarquía.

Por otro lado, la eliminación de la ayudas de 426 € para los parados sin ninguna prestación condenará a la marginación, la delincuencia o la beneficencia a cientos de miles de personas. (Adviértase que el dinero público facilitado a los bancos podría prorrogar más de 175 veces estas ayudas).

Se ha derrumbado el estilo de vida y de economía basado en la especulación inmobiliaria y el endeudamiento a todos los niveles. Pero, mientras esa oligarquía bancaria-económica-política ha “enjuagado” sus pérdidas con las “mil millonarias” ayudas públicas concedidas, los ciudadanos y las pequeñas empresas se encuentran en una situación insostenible, sin acceso al crédito. Además, se han subido los tributos que afectan a la mayoría de la población (IVA, IRPF, Impuestos sobre las “gasolinas” y el “tabaco”, tasas, etc.), y se le han bajado a los más ricos (Patrimonio, Sociedades, SOCIMI, SICAV, Operaciones Societarias). Por último, con la amenaza de no comprar la deuda pública existente en gran medida por haberlos ayudado, esa misma élite exige el desmantelamiento y el desprestigio de lo público (congelación de las pensiones, aumento de la edad de jubilación, reducción del sueldo de los funcionarios, eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia, supresión del cheque bebé, recorte de la inversión y de las ayudas públicas, abaratamiento del despido, etc.) con el objetivo de privatizar cualquier parte del pastel que les pueda ser rentable (planes de pensiones, sanidad, transportes e infraestructuras, educación, juego, intermediación en las ofertas y demandas de empleo, etc.).

Ante este situación no podemos quedarnos impasibles. Exijamos a) la supresión de los privilegios de los políticos, de forma que lo que aprueban a los demás les afecte a ellos mismos (piénsese que un diputado o senador opta a la pensión máxima con 7 años en el cargo, mientras que un trabajador necesita 35); b) la declaración de patrimonio obligatoria para todos, evitándose los testaferros; c) la eliminación de los paraísos fiscales, y d) el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras. Presentemos una respuesta unida ante cualquier nuevo recorte para no tener que parafrasear la expresión: “vinieron a por los pensionistas y como yo no era pensionista no hice nada, vinieron a por los trabajadores y como yo no era trabajador no hice nada, vinieron a por los funcionarios y como yo no era funcionario no hice nada, vinieron a por mí y ya no quedaba nadie para protestar”.

Miguel Ángel Luque Mateo. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería