La crisis de deuda pública obligará al Gobierno a aprobar un nuevo tijeretazo

- Libertad Digital
El 12 de mayo, José Luis Rodríguez Zapatero subía a la tribuna del Congreso de los Diputados para anunciar el plan de recortes sociales más duro de la historia. La congelación de las pensiones y la reducción del sueldo de los funcionarios quedaron en el imaginario colectivo de los españoles como las consecuencias más duras de la crisis. Desde las cercanías del Gobierno, incluso, se vendió que estos recortes vinieron impuestos desde Bruselas, como parte del paquete de rescate pactado el 9 de mayo. Las cuentas públicas se habían descontrolado y los mercados exigían un ajuste.

A lo largo de estos meses, el Ejecutivo ha asegurado que ya se habían tomado todas las medidas necesarias, que no habría más ajustes y que con lo hecho sería suficiente para salvar la situación de las cuentas españolas. Sin embargo, todo esto se ha venido abajo en los últimos dos días. El rescate a Irlanda ha disparado todas las alarmas en España y Portugal. Los inversores huyen, el Ibex se desploma, la prima de riesgo alcanza cotas históricas y las nuevas emisiones de deuda se pagan al doble que hace un mes.

Las consecuencias de todos estos acontecimientos no se quedarán en una bajada puntual de los índices bursátiles. El incremento del coste de la deuda tendrá secuelas en el cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE); y en las proyecciones de gasto del Gobierno. ¿Se acerca una nueva ronda de recortes mucho más dura que la anterior?

Los intereses

Los PGE para el año que viene dicen que el pago de intereses crecerá un 18%, hasta los 27.400 millones y la emisión de deuda neta (la emitida, 192.000 millones, menos la amortizada, 149.000) será de unos 43.000 millones. En total, la deuda se come el 20% del capítulo de gasto de las cuentas públicas. Pero claro, estas cifras se presentaron hace dos meses. Aunque todos los cálculos del Gobierno están basados en una previsión de crecimiento muy optimista, el del pago de intereses ya está desactualizado antes incluso de su aprobación.

El Tesoro tuvo que pagar este martes el doble por colocar deuda a tres y seis meses. Por lo tanto, tendrá que abonar más dinero del previsto cuando se cumpla su plazo (o se renegocie). Y la tendencia es al alza, lo que disparará aún más este coste. Es imposible saber cuánto tendrá que gastarse el Gobierno en pagar y refinanciar la deuda, pero suponiendo que sea un 15% más de lo previsto, serían 10.500 millones de gasto adicional, un punto del PIB. Es decir, que un incremento tan moderado destrozaría completamente los cálculos de déficit público, que el Ejecutivo sitúa en el 6%.

El dominó

El problema es que un incumplimiento en los objetivos de déficit público desencadenaría un efecto dominó de imprevisibles consecuencias. Por un lado, la deuda se haría aún más cara, puesto que los inversores desconfiarían aún más de la Hacienda española. Y, claro, cuanto más cara esté la deuda, más gasto y más cercana será la perspectiva de un rescate. Éste ha sido uno de los problemas de Irlanda, que entró en una espiral de deuda (más deuda provoca más coste en pago de intereses lo que provoca que haya que emitir aún más deuda) de la que no ha podido salir.

De hecho, son ya numerosos los analistas que anticipan que España está irremediablemente abocada al rescate de la UE y el FMI en 2011. Este martes, desde el Saxo Bank se dio a conocer un informe en el que se descontaba esta situación, debido a que "gran parte de la deuda española ha subido a efectos de refinanciación".

La cuestión está en saber cómo será ese rescate. Cornelia Meyer, analista de la CNBC, declaraba hace unos días que no "existe un mecanismo real" que permita poner los 500.000 millones que serán necesarios para salvar la economía española. Porque alrededor de esta cifra está resumida la situación hispana.

España es demasiado grande para caer, pero también para ser rescatada. El PIB español es el doble que el de Irlanda, Grecia y Portugal juntos. Salvar a cada uno de estos países implica una fuerte tensión para la Unión Monetaria, pero puede ser asumido por el resto de los estados de la eurozona. Sin embargo, la caída de España provocaría un tsunami en la economía europea de imprevisibles consecuencias. Y al mismo tiempo, ni siquiera la unión del FMI y la UE serían capaces de reunir los 500.000 millones de euros necesarios sin poner en peligro las finanzas públicas del resto de los países.

La solución que se apunta entre los analistas iría por la vía de los préstamos bilaterales de varios países ricos (siempre se cita a Alemania y Francia). Evidentemente, los Ejecutivos de los Estados que presten dinero de sus contribuyentes exigirán medidas de reducción del gasto público draconianas.

Los recortes

Para no llegar a esta situación, tanto los inversores internacionales como el resto de los Gobiernos europeos presionarán para que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero adopte medidas. El déficit del 6% previsto en los PGE ya es de los más elevados de la UE, pero si encima se comienza a incumplir por culpa de los intereses de la deuda, será necesario tomar decisiones drásticas.

También este martes se han sucedido las declaraciones que apuntan hacia dónde pueden ir esos recortes. La congelación de las pensiones o el recorte del 5% en los sueldos de los funcionarios ya desataron protestas y contribuyeron a la convocatoria de una Huelga General. Lo que está por venir puede tener consecuencias imprevisibles.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, ha avisado en su comparecencia en el Senado ante la Comisión de Presupuestos de que para no perder la credibilidad internacional la consolidación fiscal es ahora "más importante que nunca". A pesar de su prudencia habitual, ha deslizado varios mensajes en la misma línea, asegurando que tiene que haber "perseverancia y seriedad" para cumplir el compromiso de reducir el déficit público. También ha pedido que se aplique ya la reforma laboral para que los empresarios puedan descolgarse de la negociación colectiva. Sobre las pensiones, ha asegurado que no bajarlas ha sido "una concesión importante", una insinuación clara de que podría ser necesario bajarlas en los próximos meses.

Pero Fernández Ordóñez no ha sido el único que ha apuntado a la necesidad de hacer un tijeretazo 2.0, mucho más contundente que el anterior. El FMI ha publicado este martes un informe en el que considera la reforma del mercado laboral y del sector servicios como las áreas prioritarias de actuación en España, para lo que sugiere, entre otras, una reducción de la indemnización por despido en los contratos indefinidos, así como eliminar la negociación colectiva centralizada y la vinculación entre salarios e inflación.

El FMI recomienda a España rebajar la indemnización por despido de los contratos indefinidos hasta "al menos la media de la UE", así como hacer que el incremento de las indemnizaciones sea gradual en los primeros años del contrato y prevenir el excesivo uso del despido improcedente. Asimismo, la institución pide la descentralización de la negociación colectiva y "eliminar la indexación automática" entre salarios e inflación.

Es decir, que se presenta una perspectiva muy poco halagüeña para los ciudadanos españoles, tanto si se produce un rescate, como si el Gobierno decide evitarlo a base de nuevas medidas. Todos aquellos que cobren del Estado (funcionarios, parados, pensionistas...) tienen muchas posibilidades de sufrir un recorte en sus ingresos. Mientras, los contribuyentes pueden temer, con razón, que se produzca una subida de los impuestos que reduzca los números rojos. Definitivamente, 2011 no será el año más querido de la historia reciente de España.