Durante estos últimos tres meses el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado los pasos necesarios para que el proceso de privatización de las cajas de ahorros se pueda desarrollar sin oposición social; para ello ha modificado leyes y ha utilizado todas las oportunidades que se le han presentado con el objetivo de socavar su imagen.
Dicen algunos filósofos que la Realidad no es algo objetivo e independiente que está fuera de nosotros, sino que es una construcción humana que nosotros mismos vamos armando poco a poco con nuestras ideas y nuestros actos. Y, visto lo que están haciendo con las cajas, me parece que no va a quedar más remedio que darles la razón.
El viernes de la semana pasada se hicieron públicos los resultados de los famosos «Test de estrés» que se han hecho a bancos y cajas de la Unión Europea. Con ese nombre parece que son unas pruebas muy complejas, pero en realidad lo que hicieron fue coger el balance de los bancos -sus inversiones y préstamos- y aplicarles varias hipótesis. Con cada una de esas hipótesis hicieron unos sencillos cálculos para ver qué pasaría con las inversiones y los préstamos de los bancos y cajas en una situación económica complicada. Y eso es todo.
Para hacerse una idea del rigor de estos test, unos apuntes. La garantía final que ofrece un banco o caja dependerá del capital propio con el que cuenta para responder ante posibles pérdidas. Pues bien, en vez de tomar como referencia el capital propio, es decir, lo que han puesto los inversores al crear el banco más las reservas que se van formando con los beneficios que no se reparten, han incluido en este apartado las participaciones preferenciales, que son unos préstamos especiales, pero préstamos al fin y a la postre, o sea, dinero que no es del banco o caja y que, si hay pérdidas, alguien reclamará. Así pues, es bastante discutible lo que han medido en realidad. Buen comienzo.
En cuanto a los riesgos, pues tres cuartos de lo mismo. La deuda de los estados -la deuda soberana- que tienen bancos y cajas se valoraba peor si estaba en el apartado «cartera de negociación», es decir, para ser vendida a corto plazo, que si estaba en el apartado «cartera bancaria», o sea, con intención de mantenerla y cobrar los intereses al final. Sabido esto, los bancos han colocado casi toda la deuda soberana en el apartado «cartera bancaria» y a correr. Total, que más da apuntarlo en una cuenta o en otra; si luego les parece más rentable, la venderán y punto.
Otra hipótesis discutible es la de los créditos hipotecarios. En el peor de los escenarios han supuesto que el 80% de los créditos hipotecarios se devolverán. Parece una previsión un poco optimista. Además, como apuntaba uno de los directores de Banca Cívica, no es lo mismo un crédito hipotecario de una vivienda habitual que de una segunda vivienda en la costa mediterránea o en el Pirineo, un local en el centro de Iruñea o un solar en segunda línea de playa. Y es que el esfuerzo para pagar la vivienda habitual siempre será mayor que el esfuerzo para pagar un capricho para irse de vacaciones y, por lo tanto, más difícil será que no se devuelva el crédito de la vivienda habitual. De la misma manera, si al final el crédito no se devuelve y el banco se queda con el local o el terrenito, no vale lo mismo un local en el centro de Iruñea que un terreno en segunda o tercera línea de playa en el que ni siquiera se pueden plantar tomates por la sombra que dan las torres construidas prácticamente sobre la arena.
Con estos presupuestos han hecho el examen y todo el mundo se ha quedado tranquilo con el resultado: sólo han cateado un banco griego, un banco alemán y unas cuantas cajas españolas. A lo mejor es que los inversores internacionales pensaban que la situación era mucho peor. ¡Quién sabe! De todas formas, lo que llama la atención es que el Gobierno español metiera a casi todas las cajas en el análisis, incluidas aquellas que han recibido ayudas estatales por medio del FROB y que, por lo tanto, se suponía que tenían problemas. Posiblemente, el Gobierno de Rodríguez Zapatero buscaba la imagen que ha quedado de esta prueba: que los bancos están bien y que las cajas de ahorros son un desastre. Y es que, para que un proceso de privatización funcione sin grandes conflictos sociales, la primera idea que hay que difundir es que lo público es una ruina mientras que lo privado es el paradigma de la eficiencia. No queda más remedio que reconocer que han conseguido colar esa idea aprovechando la prueba de marras.
Además de difundir esa idea, el Ejecutivo español ha preparado al mismo tiempo el camino para que la privatización pueda llevarse a cabo. La semana pasada el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-Ley 11/2010 del 9 de julio que modifica el funcionamiento de las cajas de ahorros. En él se abre una vía para que las cajas se puedan convertir en un banco, lo que puede hacerse en dos pasos o en uno, a conveniencia de los gestores y los políticos implicados.
Primer paso. A partir de ahora las cajas pueden emitir cuotas participativas con derechos políticos, es decir, acciones hasta un 50% del valor de la caja. En consecuencia, el poder de los actuales órganos de estas entidades disminuirá en la misma proporción en la que se emitan acciones. Según dicen, esto permitirá a las cajas captar capital en los mercados internacionales. Parece que todavía no ha quedado claro como se las gastan los mercados internacionales, pero es que, además, ¿para que necesitan tanto capital las cajas? ¿Para comprar Google? ¿O Samsung? Para atender las necesidades de crédito de los trabajadores y trabajadoras, de los autónomos y de las pequeñas empresas de nuestro pequeño país con nuestros ahorrillos les basta y les sobra. Les ha sobrado tanto hasta ahora que incluso se han permitido el lujo de especular por ahí. Ahí tenemos a Kutxa con el Banco Madrid; a BBK, que también anda sobrada, ahora le han adjudicado el marrón de CajaSur para que la sanee. Tanto capital ¿para qué? ¿Para arreglar los problemas de los demás?
Segundo paso. Si esto no es suficiente, o directamente sin haber emitido antes acciones, las cajas pueden crear un banco y venderlo, quedándose ellas con una parte de las acciones y la obra social. De esta manera, las cajas se transformarían en una fundación que mantendría la obra social con los dividendos que den las acciones del nuevo banco vendido al capital. Maravillosa solución que permite al capital quedarse con la otra mitad del negocio financiero que a día de hoy controlan las cajas. Ya ha dicho Alfredo Sáenz, del Santander, que lo van a «mirar en serio».
En el citado Real Decreto-Ley hay algunas cosas más, pero sobre todo una llama la atención: prohíbe a los cargos públicos electos formar parte de los órganos de gobierno de las cajas. De lo que se trata, por lo visto, es de profesionalizar la gestión. Segunda idea que hay que inculcar a la población para que la privatización vaya sobre ruedas: las cajas son un desastre porque no están dirigidas por profesionales de las finanzas. Si se privatizan, los profesionales ya se encargarán de sacar el máximo rendimiento. Este punto concentra toda la hipocresía de la clase política. En primer lugar, porque las cajas las controlan los partidos políticos a través de los ayuntamientos, diputaciones y un sistema electoral oscuro y antidemocrático. Y lo seguirán haciendo, estén los cargos electos en los órganos de gobierno o estén sus testaferros. No hay más que ver el jaleo que tienen montado en la Vital a cuenta de la presidencia. Y en segundo lugar, las cajas están dirigidas por profesionales de las finanzas. Lo que realmente ocurre es que los partidos políticos las han usado para sus propios fines pasando por encima de cualquier criterio financiero o de búsqueda del bien común. El sector público ha sido utilizado por los partidos políticos para formar a sus cuadros, para pagar favores, como cementerio de sus dinosaurios y para cualquier cosa menos como servicio público. De eso el PSOE sabe mucho. Y lo seguirán haciendo, en las cajas, en las fundaciones o en los nuevos bancos.
El pastel es suculento. Algunos valoran el valor de lo que se pretende privatizar en 100.000 millones de euros en el Estado español, algo así como el 10% de la riqueza. Y ya están todos los implicados -diputaciones, ayuntamientos, directivos de las cajas...-, todos, afilando los dientes para ver quién se queda con la parte más suculenta de ese pastel.
Ya han pergeñado el plan para privatizar las cajas y, lo que es más importante, también han creado la Realidad para presentar esa privatización como inevitable: las cajas son un desastre sin gestión profesional. De estos temas ya se publicó algo en este diario hace tres meses (GARA 11/04/2010) y en estas cosas duele mucho acertar. Tampoco era difícil, se les ve venir como a un morlaco por la calle Estafeta.
Aunque han abierto la puerta, el resultado final dependerá de la Realidad que las clases populares de este país, aquellas a cuyo servicio deberían estar las cajas, sean capaces de construir, del proyecto que seamos capaces de desarrollar.
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