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El presidente del Gobierno proclamó ayer la necesidad de reformar las pensiones en esta legislatura, pero no lo tendrá fácil. O dicho en otros términos, lo tendrá extremadamente difícil. El Grupo Socialista está solo en el parlamento y por lo escuchado este miércoles no parece que los partidos de la oposición (sin excepciones) estén por la labor de quemarse políticamente en un asunto tan delicado que inexorablemente lleva a un recorte de las prestaciones. El calendario electoral corre, además, en contra de la reforma.
La única vía que tiene el Gobierno -presionado por los mercados y Bruselas- es actuar por decreto-ley, pero ni siquiera en este supuesto tiene garantías de que la norma pueda salir adelante durante su convalidación parlamentaria. Sólo podría aprobarse con el respaldo de CiU o del PNV, pero en cualquier caso después de las elecciones catalanas, que se celebrarán en otoño. Y sus resultados condicionarán en todo caso la votación.
Sacar adelante una reforma de tanto calado con un respaldo tan exiguo llevaría al PSOE a correr mucho riesgo político, toda vez que el Partido Popular parece dispuesto a explotar electoralmente y hasta sus últimas consecuencias la reforma del sistema pensiones. Y en esta posición, el PP -al contrario que el Gobierno- no está solo. Paradójicamente, los conservadores están en este punto en línea (no en el fondo, pero si en la forma) con los sindicatos y con la izquierda del PSOE en el Congreso. Las centrales sindicales y formaciones políticas como IU-IC, BNG o ERC ya han manifestado su rotunda oposición a dos de las reformas más relevantes del sistema de pensiones: el retraso en la edad de jubilación de los 65 años actuales a 67 y la ampliación del periodo que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones (quince actualmente).
'Recado' al presidente
Lo dijo ayer con toda claridad Mariano Rajoy durante su intervención inicial: “¿Es consciente” le dijo a Zapatero, “de que nos pide un acuerdo en el Pacto de Toledo cuando usted lo ha destrozado con un decreto ley?”. Rajoy no dijo de forma taxativa que se opondrá a una reforma de las pensiones, pero le dejó un recado al presidente de indudable trascendencia. “Nos pide ahora un acuerdo sobre las pensiones y acaba de cargarse el que había”, le espetó refiriéndose a la congelación de las pensiones públicas, lo que supone un flagrante incumplimiento del Pacto de Toledo. “Cualquiera que le preste su apoyo sincero se expone a quedarse solo y en ridículo a los tres días”, concluyó Rajoy. Todo un aviso para navegantes.
A la luz de estos comentarios, las probabilidades de una reforma del Pacto de Toledo consensuada entre los dos grandes partidos del arco parlamentario se antojan algo más que complicadas. La diferencia con el primer Pacto de Toledo, firmado en 1995, radica principalmente en que por entonces el sistema público de protección social estaba en una situación límite, y eso ablandó tanto las posiciones de los sindicatos como de los partidos políticos, que de forma universal consensuaron la reforma, sólo con algunas reticencias de Izquierda Unida.
La situación actual de la Seguridad Social es muy distinta. Aunque el sistema cuenta hoy con la peor relación entre cotizantes y pensionistas desde el año 2005 (2,61 veces), esa ratio continúa siendo una de las más elevadas de las últimas décadas.
Los problemas políticos para aprobar la reforma de las pensiones son de tal envergadura que ayer Zapatero parecía querer curarse en salud. El presidente reiteró que el problema de las pensiones “no es un problema de hoy, porque nuestro sistema de pensiones se encuentra en este momento en una situación de superávit y no presenta problema de solvencia alguno”. Es más, en su opinión, ni siquiera se pretende reformar las pensiones ante la mala coyuntura económica, “No es una cuestión vinculada con la crisis, porque no guarda relación inmediata con la situación económica, sino con el ciclo demográfico”, aseguró.
Retraso de la jubilación
La única concreción que ofreció Zapatero tiene que ver, según dijo, con la elevación de la edad legal de jubilación de forma progresiva, “y en un periodo de 12 años, desde los 65 años de la actualidad hasta los 67”. Es decir, en línea con el contenido del documento remitido en enero a la Comisión del Pacto de Toledo en enero, pero que desde entonces es sólo un proyecto. Zapatero, igualmente, avanzó la introducción de medidas que mejoren el grado de contributividad del sistema, bien considerando un periodo de carencia más amplio para tener derecho a percibir una pensión, bien ampliando el periodo de cálculo de las cotizaciones efectuadas “con el fin de evitar los perjuicios que hoy padecen los trabajadores que ven cómo repercute en su pensión los despidos que con frecuencia sufren en los últimos años de su vida laboral”.
El escenario económico para lo que queda de legislatura no parece tampoco que vaya en la dirección de favorecer el consenso político. Los Presupuestos del 2011 serán extraordinariamente restrictivos y eso dificulta los acuerdos. Hoy por hoy no hay garantías de que el presidente del Gobierno pueda sacar adelante las cuentas del reino para el año próximo. Zapatero anunció ayer que el próximo año las comunidades autónomas deberán reducir su déficit en 11.000 millones de euros respecto de 2010. Mientras que la Administración General del Estado, por su parte, reducirá su déficit en 20.000 millones. Todo con el objetivo de situar el desequilibrio fiscal en el 6% del PIB.
Un duro ajuste que tendrá efectos adversos sobre el crecimiento económico, como reconoció ayer Zapatero. El Gobierno, que hace poco defendía que a mediados de este año la recuperación sería una realidad, habla ya de “crecimientos intertrimestrales neutros o positivos, y una tendencia a mejorar”, pero “a partir del último trimestre del año”. Hasta entonces habrá que esperar.
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