24/07/2010: Javier (La comuna al tanto internacional)
A escasas semanas para que finalice el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, éste sombrío personaje quedará dentro de la geografía histórica de Colombia, como narcotraficante (un documento desclasificado por los Estados Unidos en el 2004, lo muestra en una lista de narcotraficantes colombianos, allí aparece en el Nº 82, muy cerca de Pablo Escobar Nº 79), mafioso (es bien conocida su afición por los caballos, la ganadería, la posesión de grandes extensiones de tierra, su lenguaje, las amistades que ha cultivado, los vínculos de su familia, desde su padre, hermanos e hijos con la mafia colombiana), asesino (impulsó el paramilitarismo en Antioquia, respaldó, apoyó y defendió asesinos como el general Rito Alejo del Río y al Coronel Alfonso Plazas Vega y está comprometido en masacres como la del Aro en el municipio de Ituango Antioquia), corrupto (ha puesto al Estado al servicio de las instituciones financieras, sus hijos se han lucrado por actuaciones de miembros de su gobierno, su esposa se ha enriquecido con la venta de Ecopetrol, existe la yidispolítica, la parapolítica y volvió multimillonario al "empresario" antioqueño William Vélez) y explotador del pueblo colombiano (ha dejado en la pobreza, cuando no en la miseria, a la mayoría de su población, que se perpetua con programas como Familias en Acción, ha pauperizado el empleo, le
ha quitado la tierra a los campesinos y nos ha puesto en la vergonzosa posición de ser el país más desigual de América latina).
Pero una de sus actuaciones toma especial interés para el escrito de esta semana. Como narcotraficante y mafioso, tiene una práctica particular que comparte con sus congéneres, intentar borrar cualquier huella que lo implique con sus crímenes, siendo la ley del silencio, una de las máximas de sus actuaciones.
Esta práctica ya se veía con la Cosa Nostra o la Camorra en Italia y luego se replicó en Estados Unidos donde dio origen a la novela El Padrino.
Veamos cuatro casos en los que se menciona esta práctica en la que ha incurrido el mafioso paisa.
Primero, el asesinato o desaparición de los Doce Apóstoles para que no hablen sobre él o contra su hermano Santiago Uribe; segundo, la extraña muerte de Pedro Juan Moreno; tercero, la extradición de los principales jefes paramilitares a Estados Unidos y; cuarto, el asesinato del testigo clave de la masacre del Aro, el paramilitar Francisco Villalba.
El caso de los Doce Apóstoles ha sido presentado recientemente por el testimonio del ex mayor retirado de la Policía Nacional, Juan Carlos Meneses Quintero, quien denuncia a Santiago Uribe de haber creado en la década del 90' el grupo paramilitar en el municipio de Yarumal.
Igualmente señala que Álvaro Uribe como Senador y luego gobernador en Antioquia tenía conocimiento y apoyaba las actividades de su hermano. Lo interesante de tales denuncias es que el mismo ex policía señala que la mayoría de miembros del grupo paramilitar fueron asesinados y él mismo comenzó a tener amenazas por toda la información que conserva y que implica a la familia presidencial. Sólo a partir de la protección a nivel internacional y la denuncia, le ha permitido sobrevivir. Pero como toda mafia, el iracundo Uribe ha salido a descalificar a Meneses y de paso a señalar como "idiotas útiles" a quienes están investigando los hechos, entre ellos al Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y al Padre Jesuita Javier Giraldo.
El otro caso es el de Pedro Juan Moreno, quien como secretario de la gobernación de Antioquia durante el mandato de Uribe, se reunió varias veces con el paramilitar Carlos Castaño, según testimonio del desmovilizado Fredy Rendón "El Alemán", para consolidar el proyecto paramilitar en el país con las denominadas Convivir.
Seguramente este personaje sabia demasiado sobre su jefe y comenzó a comprometer en delitos de corrupción a personas cercanas al gobierno de Uribe con su revista "La Otra Verdad". Por eso, resulta extraña su muerte el año 2006 siendo candidato al Senado de la República, cuando el helicóptero en el que viajaba se precipita al suelo en la región del Urabá.
El mismo paramilitar Salvatore Mancuso reveló desde Estados Unidos que Moreno tenía conocimiento de los hechos de los paramilitares como la masacre del Aro y recientemente se ha pronunciado el carnicero de Urabá, el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII del Ejercito con sede en Carepa entre 1995 y 1997, actualmente procesado por el asesinato de dos campesinos, quien señaló que la muerte de Moreno fue un asesinato y que se debía investigar.
Además está la sorpresiva y masiva extradición de 14 capos en mayo de 2008 hacia los Estados Unidos, tuvo como objetivo principal acallar las posibles acusaciones sobre militares, políticos y empresarios que financiaron, promovieron y apoyaron el desarrollo del paramilitarismo en el país. La orden la dio directamente el presidente Uribe. Y ha logrado un éxito sorprendente, aislar completamente a la dirigencia paramilitar de la justicia colombiana que los interrogaba por la violación a los Derechos Humanos y entregarlos a los gringos por el delito de narcotráfico.
Los Estados Unidos no se tomarán demasiadas molestias por el tema de los Derechos Humanos mientras la información no sea provechosa para sus intereses particulares, y Uribe logra blindarse parcialmente por posibles investigaciones en su contra, al estar la dirigencia paramilitar a recaudo del país que tiene el mayor prontuario en violación de Derechos Humanos en la historia contemporánea.
Por último está el caso más sorprendente. El asesinato el 23 de abril de 2009 del ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien afirmó que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre. Villalba fue asesinado por sicarios cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años. Los hechos en 1997 ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño
poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia, precedida por su mandatario, Álvaro Uribe Vélez.
El comportamiento mafioso queda evidenciado en estas actuaciones de Álvaro Uribe Vélez, quien bajo la ley del silencio, busca borrar los delitos que ha cometido en toda su carrera política. La historia del país lo recordará como el presidente que llegó al poder respondiendo a las entrañas de las estructuras mafiosas, paramilitares y narcotraficantes que dominaron al país Andino a finales del siglo XX e inicios del XXI.
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