| Intereconomía
Uno de cada cuatro españoles –pensionistas, funcionarios, dependientes o familias–, que suman casi 13 millones de personas, notará en su bolsillo, con mayor o menor contundencia, el drástico recorte del gasto público decidido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Sin embargo, un día después del mayor tijeretazo de los derechos sociales de la democracia, el Ejecutivo no ha dejado de repartir subvenciones, que han llegado a diestro y siniestro a numerosos colectivos. La política de ayudas directas ha funcionado hasta ahora como una excelente estrategia para atraerse a determinados colectivos y en numerosas ocasiones ha estado centrada en comunidades y municipios muy concretos.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) daba ayer el visto bueno a ayudas superiores a los 270 millones, que se repartirán entre los promotores de teatro y circo, inmigrantes, comunidades, municipios y empresas de las comarcas mineras.
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