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Nos enfrentamos a una crisis (política, económica y social) sin precedentes en las últimas décadas, consecuencia de la acumulación irresponsable de los sectores bancarios e inmobiliarios del capital que ha sido tolerada y fomentada por los sucesivos gobiernos.
La enorme fragilidad del modelo económico de Canarias, consecuencia de de la dependencia de centros de decisión foráneos que nos han hecho bascular al son de sus intereses y seguir sufriendo la condición de colonia de producción de servicios dentro del área de la economía europea.
En un momento de crisis globalizada, ésta nos golpea duramente a la mayoría de los trabajadores/as de Canarias y los datos avalan nuestras afirmaciones:
· 302.000 trabajadores/as en situación de desempleo, de los cuales 81.903, no perciben ningún tipo de prestación.Una temporalidad que abarata el despido, evade el control sobre las razones para despedir y anula la intervención sindical.
· 263.869 trabajadores/as con contratos en precario, por ello venimos insistiendo desde hace mucho tiempo que el empleo en precario y de baja calidad, es el camino para mantener la baja productividad, las altas tasas de siniestrabilidad laboral y el desempleo.
Esta dinámica ha desembocado en la sustitución progresiva de contratos con derechos por contratos basura.
· 775.514 trabajadores/as de Canarias están bajo el umbral de la pobre-
za, constatándose el progresivo aumento de la misma y citamos como ejemplo que en el año 2001, la población canaria bajo el umbral de la pobreza ascendía porcentualmente al 18,5%, a finales del año 2008 asciende al 37,4%.
· 559.180 hogares canarios tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Y mientras esto ocurre, el Gobierno de España y el “gobierno” de Canarias apostando decididamente por la reforma y flexibilidad laboral y renunciando a marcar políticas en materia de sanidad, servicios sociales, educación, comunicaciones, energía, etc.
El problema es un gobierno que pone a disposición de los responsables de la crisis, toda una trama jurídica que fomenta el enriquecimiento especulativo, la evasión fiscal y la irresponsabilidad.
El problema es un gobierno que pone miles de millones, de dinero público para que la banca privada siga acumulando sus obscenos beneficios, a costa del sufrimiento y el empobrecimiento de decenas de miles de trabajadores/as.
El problema es un gobierno que mira impasible el crecimiento del paro, que amenaza con reducir y privatizar los servicios públicos, recortar las pensiones, que ataca frontalmente los derechos laborales y consiente el fraude fiscal.
El problema es un gobierno que abre las arcas públicas, para garantizar los beneficios de los bancos y constructoras –los que han provocado la crisis-, mientras abandona a las victimas de la misma.
Por eso seguimos insistiendo que hay razones suficientes para organizar una campaña extensa de debate, para UNIR, ORGANIZAR Y AVANZAR, respuestas para una movilización sostenida que culmine en una Huelga General, para exigir una respuesta a la crisis que responda a los intereses de la mayoría de los trabajadores/as de Canarias.
La movilización es necesaria...
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