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El Caracazo: Cuatro millones de balas se dispararon contra un pueblo desarmado




A 21 AÑOS DE LA MASACRE, EL PUEBLO DE CARACAS CONMEMORA



Rabia, miedo e impotencia ante la rapiña, la injusticia y la debacle de los gobiernos nefastos de la Cuarta República, desataron la ira de un pueblo noble que se atrevió a buscar su camino, ofreciendo la sangre de miles de sus hijos

Alexis viajó de Portuguesa a Caracas el 28 de febrero de 1989. Su madre lo había llamado por teléfono desesperada porque ese día había corrido la noticia de que estaban liberando a los presos del Retén de Catia para masacrarlos a la entrada del internado, donde su otro hijo cumplía condena. Ya se hablaba de una gran cantidad de reclusos muertos.

“Cuando traté de acercarme al retén, junto a otras personas, para averiguar sobre nuestros familiares presos, nos dispararon”, cuenta Alexis, quien después acudió con su madre a la Fiscalía General de la República para buscar el nombre de su hermano en los listados de los asesinados en las cárceles venezolanas.

Para alivio de Alexis y su progenitora, en las interminables listas de internos muertos, el nombre de su familiar no apareció. Y es que en medio de la reyerta, él prefirió no intentar salir del extinto retén, por lo que sobrevivió a la masacre. Seis años después obtuvo la libertad.

“Había una gran cantidad de muertos que ni siquiera se sabe dónde los enterraron. Me imagino que en La Peste, que fue el gran cementerio que se creó aquí durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP)”, recuerda Alexis.

Una situación similar ocurrió en esos días en otros puntos de la ciudad contra familias enteras. Ejemplo de esto lo pueden corroborar los habitantes de la parroquia 23 de Enero, quienes debieron resistir por casi una semana a las balas que disparaban contra ellos los efectivos del Ejército y de la Policía Metropolitana (PM).

“Cuando el gobierno de CAP decretó el toque de queda nos pusieron un tanque de guerra frente al Bloque Uno con militares adentro”, cuenta Tirsia, habitante de Monte Piedad.

Tanto fue el miedo que se impuso durante esos días que el apartamento de muchas personas se redujo al espacio del baño, a un estrecho pasillo o a un rincón de la sala, donde pernoctaban, para no ser alcanzados por las balas. “Uno no se podía ni asomar por la ventana, hubo apartamentos que los dejaron como un colador de las balas”, comenta Tirsia.

“En esos días me asomé para guindar ropa en el tendedero. Cargaba puesto un reloj que brillaba con el reflejo del sol. Seguro la policía y el Ejército pensó que era un arma y por eso me dispararon. La bala me pasó cerquita, pegó en la pared y saltó. Un pedazo de la pared se introdujo en mi brazo”.

Para comprar alimentos, los habitantes de los bloques debían salir muy temprano para hacer las colas detrás de un camioncito de comida que se apostaba en la Avenida Sucre “y cuando el ejército y los efectivos de la PM empezaban a disparar teníamos que correr. Eso fue terrible, eso fue una cosa que no puede volver más nunca”.

El tanque de guerra desapareció de la vista de los habitantes de la parroquia el 06 de marzo de 1989, el día del cumpleaños de su hijo mayor, recuerda Tirsia.

Estos testimonios, contados 21 años después del estallido social conocido como El Caracazo, recogen la represión del ejército y la policía contra el pueblo que salió a las calles para protestar las medidas económicas implementadas por el gobierno de CAP, el acaparamiento de productos de primera necesidad y las alzas desmedidas en los precios.

Fueron cuatro millones de proyectiles los que se descargaron contra un pueblo desarmado, según refleja una investigación realizada por la revista Sic, del Centro Gumilla, lugar en el que confluyen religiosos jesuitas formados en diferentes disciplinas, profesionales laicos dedicados tanto al mundo académico como al empresarial, y líderes de organizaciones populares y de la sociedad civil.

El paquete de CAP

El 16 de enero de 1989 Carlos Andrés Pérez asumió por segunda vez la Presidencia de la República, alertando a los venezolanos que ha recibido un país en quiebra y que había que “apretarse el cinturón”.

Un artículo de la revista Sic, de marzo de 1989, refiere que la toma de posesión del presidente Pérez dejó a los venezolanos una imagen difícil de digerir, pues “la austeridad predicada y necesaria brilló por su ausencia”, además de los anuncios de las medidas económicas a implementar.

Parte del paquete económico del gobierno de CAP, de 1989, establecía la liberación de los precios y de las tasas de interés, aumentos en el precio de la gasolina (en 100%), de las tarifas de electricidad y teléfono (en 50%), así como la eliminación de subsidios y del control de cambio.

El paquete también contemplaba endeudamientos adicionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), restricción de las importaciones e incentivos para las actividades exportadoras, entre otras medidas, cuyo impacto se compensaría con un aumento salarial del 30% en el sector público, extensible al sector privado por convenios a negociar.

Estas medidas buscaban someter a la economía al rigor de las fuerzas del mercado, donde los precios los determinaría el juego de la oferta y la demanda. La soberanía de las decisiones económicas nacionales quedaría a merced del FMI.

“Un auténtico paquete para los sectores medios empobrecidos de Venezuela. No hay que ser muy sagaz para prever las consecuencias sociales de estas medidas: acentuación de la pobreza y la agudización de las ya escandalosas diferencias sociales en el país”, sentenció el editorial de Sic de enero-febrero de 1989.

Días previos al estallido social

Esperando la liberación de los precios, los industriales y comerciantes mantenían acaparados algunos productos de primera necesidad. Los principales titulares de la prensa nacional de los dos primeros meses del ‘89 destacaban la ausencia de leche, café, sal, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente y aceite de los anaqueles de los abastos y supermercados de todo el país.

“Cinco horas para comprar dos potes de leche popular”, era uno de los titulares de esos días del diario El Nacional.

Aunada a esta situación de acaparamiento, el asesinato del estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Dennis de Jesús Villasana Montaño, por parte de dos funcionarios de la PM, generó protestas en esta casa de estudios.

En la primera manifestación por la muerte de Dennis, falleció el empleado de la Facultad de Medicina de UCV, Carlos Yépez, a consecuencia de una bala en la cabeza disparada por otro efectivo de la PM.

La Universidad de Carabobo y la Universidad de los Andes se sumaron a las protestas en solidaridad por la muerte del estudiante y del empleado de la UCV, y en rechazo al denominado “paquetazo” de CAP.

El ministro de Educación de Pérez, Gustavo Roosen, había anunciado que dentro de las medidas económicas de ese gobierno estaba contemplada la privatización de la educación superior, y que los maestros no serían beneficiados con el decreto de aumento salarial del 30%, lo que generó también disgustos en el gremio y un paro de 48 horas.




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