La guerra mediática contra Venezuela esta en auge estos días.
El motivo no es otro que las venideras elecciones legislativas que se celebrarán el próximo septiembre. Debido a ello es necesaria una mayor legitimidad a la hora de desinformar sobre el proceso revolucionario que se vive en Venezuela.
Ya no son suficientes los contenidos de las noticias que publican medios como El País, Público, la Cadena Ser o El ABC donde las máximas pruebas o no están o son aportadas por declaraciones de "gente de la calle", casualmente siempre contrarias al gobierno, o de alcaldes opositores que echan a la calle a los trabajadores que apoyan la Revolución Bolivariana.
Ahora se necesita que ONG´s a las que previamente se les ha revestido de legitimidad ante la opinión pública, sean las que en el nombre de los Derechos Humanos, señalen la violación de estos por parte del gobierno venezolano. Ya no lo dice alguien parcial, sino una institución "neutral" que defiende las libertades civiles.
Human Rights Watch (HRW) es la Organización No Gubernamental que se presta a ello, se observa en el comunicado que la organización ha hecho público durante esta semana titulado, "Venezuela debe poner fin al abuso de la transmisión de cadenas obligatorias".
Antes de analizar el contenido de la noticia es necesario que comprobemos si esta ONG tiene la legitimidad que sólo el ser independiente de poderes establecidos y la credibilidad ganada en la defensa consecuente de los derechos humanos necesarias para elaborar este tipo de informes.
Las principales donaciones económicas aportadas por la Fundación Ford que mantiene a HRW niegan su independencia.
La Fundación Ford está considerada por varios intelectuales norteamericanos como Noam Chomsky y James Petras como un frente cultural de la CIA que se usa para reclutar a intelectuales no comunistas para formarlos y alentarlos con el fin de que ataquen a la izquierda.
José Miguel Vivanco, el director de HRW para Latinoamérica es un orgulloso alumno de esa fundación y además fue representante diplomático de la dictadura de Pinochet ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a finales de los años 80.
Leyendo el informe de HRW se observa que el mismo Vivanco expresa lo siguiente, "Durante años, Chávez ha buscado intimidar y castigar a las emisoras que critican a su gobierno (...) Ahora también quiere sancionar a aquellos canales que se nieguen a difundir su agenda política personal."
La pregunta que aparece inmediatamente después de leer estas declaraciones es ¿cómo se ha intimidado y castigado a las emisoras que critican su gobierno?, en todo el informe no se puede encontrar respuesta a esa pregunta, o lo que es lo mismo, la justificación de Vivanco de sus propias acusaciones.
Y es que cuando la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a los grandes empresarios del sector privado que los usan para manipular la información y al paso de los años siguen emitiendo con total libertad, según instancias internacionales, se hace muy díficil sostener esas acusaciones.
El informe sigue con "según una norma técnica adoptada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en diciembre de 2009, los canales de cable con más del 30 por ciento de programación venezolana (incluidos programas y publicidad) se consideran "productores nacionales audiovisuales" y, por lo tanto, están obligados a transmitir en directo los discursos del Presidente Chávez cuando así lo solicite."
En realidad ese porcentaje es el 70%. Y la medida que según HRW ha socavado la libertad de expresión en Venezuela ya ha devuelto al aire a 3 de las 6 cadenas suspendidas, las otras tres volverán a retransmitir a lo largo de la próxima semana según la propia CONATEL.
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