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San José (elpais.cr) - El Movimiento Costarricense de Solidaridad con Honduras (MSCH), acordó unirse a la denuncia penal presentada ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, Holanda contra los violadores de los Derechos Humanos en la nación centroamericana.
El Comité hizo un urgente llamado a particulares y a organizaciones sociales a respaldar de inmediato, con su firma, la demanda. Con ese propósito, el MSCH se reunirá el próximo lunes en la sede de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), 50 metros al sur del Colegio de Señoritas en San José.
El documento, que será enviado a la Corte Penal Internacional es el siguiente:
Ciudadano:
Luis Moreno Ocampo
Fiscal General de la Corte Penal Internacional
La Haya-Holanda
Nosotros, los abajo firmantes cuya calidades se señalan igualmente al pie del presente documento, actuando individualmente y como representante de distintas organizaciones no gubernamentales en nuestro propio nombre y en el de las organizaciones que representamos, con la venia de estilo, nos dirigimos a usted con el objeto de constituirnos en terceros intervinientes coadyuvante de la denuncia presentada mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2009, ante esa ilustre Secretaría de la Corte Penal Internacional por los ciudadanos Manuel Ollé Sesé y Guillermo Pérez Casa, Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), respectivamente y en ese orden, cuyas calidades consta en el escrito de referencia, para que se investiguen y acuses del crimen de persecución política a los ciudadanos Roberto Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez, Ángel García Padgett, Luis Javier Prince Suazo, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez; Daniel López Carballo, Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billi Joya Améndola, Jorge Alberto Rivera Avilez, Luis Alberto Rubí Ávila, José Alfredo Saavedra Paz, Carlos Roberto Flores Facusse, José Canahuati Larach y José Rafael ferrari con ocasión del Golpe de Estado perpetrado en la República de Honduras en contra del Pueblo de esa Nación hermana y del Gobierno Constitucional del Presidente Manuel Zelaya Rosales.
Honduras es el país de Centroamérica que presenta uno de los cuadros más fuertes de inequidad e inmovilización social, con un poco más de siete millones de habitantes, el 66 por ciento vive debajo de la línea de la pobreza y un aproximado del 48 por ciento en la indigencia, lo que lo convierte en un país de alta vulnerabilidad.
Honduras ha vivido una frágil institucionalidad y una débil democracia durante los últimos 15 años y aunque esto no significaba un triunfo sobre el autoritarismo las reformas iniciadas en la segunda mitad de los noventas apuntaban a una inclinación al sistema político social. Las reformas constitucionales del año 2001 parecían apegarse a la voluntad de dejar atrás el militarismo, limitaban las funciones de las fuerzas armadas a la defensa de la soberanía nacional y del territorio, también atribuía al presidente de la República amplias potestades sobre todas las fuerzas armadas y del orden.
Pero el grave peligro se desarrolló el 28 de junio del año 2009, cuando las autoridades del Congreso Nacional y militares confabulados sediciosamente propinaban un Golpe de Estado Convalidado por la Corte Suprema de Justicia, la Empresa Privada e iglesias. Todos legitimando el estamento del militarismo con discurso democrático de conveniencia y movilizaciones a los cuarteles militares para saludar a la Junta de Comandantes.
Desde la declaratoria sobre los resultados de las elecciones en noviembre de 2005, El Presidente Zelaya heredo un conflicto entre empresarios de medios de comunicación que contribuyeron a la polarización entre el ejecutivo y los poderes reconocidos y ocultos. El proceso del Alba, la Firma de Petrocaribe, el traslado del Aeropuerto a Palmerola, la firma de decretos ejecutivos como el salario mínimo, el decreto 18-2008 y otros, allanaron el camino de la agudizaron y radicalización de las posiciones.
El golpe de Estado ocurrió el mismo día en que tendría lugar la consulta ciudadana de carácter no vinculante, convocada por el Presidente Constitucional Manuel Zelaya, respecto a la necesidad de de que la ciudadanía se pronunciará sobre cambiar la Constitución, redactada en 1982, cuando el país recién venía saliendo de una dictadura militar –apoyada por EEUU- extremadamente brutal que detentó el poder desde 1972 a 1981, pero que continuo ostentando el poder a todo lo largo de la década de los años ochenta, donde no solo tenía la garantía de total impunidad sino que el instituto de previsión militar había emprendido una escalada contra el sector industrial, financiero y comercial y conservaba las gerencia y direcciones claves de las instituciones estatales.
La consulta tenía el componente de la transición de una democracia representativa a una democracia participativa como lo demanda el contexto actual y el movimiento de derechos humanos emergentes donde la participación es la pieza de centro de los derechos humanos en la globalidad.
No obstante, lo que la Organización de Estado Americanos califico como un proceso democrático de consulta al pueblo, fue deslegitimado en Honduras por la confabulación en el que por primera vez se observaba un consorcio bien establecido ente los medios de comunicación, la iglesia y los conservadores. Al mismo tiempo las fuerzas golpistas cerraban filas tras un telón de comedias jurídicas, la comunidad internacional condenaba el golpe y en el término de 72 horas Honduras fue expulsada de la OEA.
Las Naciones Unidas y el Bloque de países no alineados se unían a las condenas y las organizaciones internacionales de Protección de los derecho humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, El Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos humanos - en adelante CIDH-, exigían a los poderes constituidos respetar los derechos Humanos; la CIDH ha exigido en forma reiterada ser invitada para verificar in situ la realidad de los derechos humanos, a doce días del Golpe había emitido medidas cautelares para un promedio de 80 personas.
El escenario post Golpe tiene graves implicaciones para los derechos humanos, desde el mismo día se le impidió a la población el derecho a la información al interrumpir el fluido eléctrico, y militarizar las torres de controles y transmisiones de diferentes medios de comunicación. La línea internacional de Hondutel fue inhabilitada medida que se mantuvo hasta el 01 de julio a la 5:00 p.m. El 29 de junio la Empresa Estatal de Comunicaciones fue militarizada y sus empleados desalojados. La Empresa de Energía Eléctrica se militarizo desde el 29 de junio a las cinco de la mañana y tres de los empleados de turno fueron capturados. La Casa de Gobierno fue de los primeros lugares en ser tomada por el ejército desde el día 28, le siguieron el Congreso Nacional, el Ministerio Público, La Armería y La Corte Suprema de Justicia, es decir todos los poderes se encuentran secuestrados por los golpistas.
Se movilizaron tanquetas, comandos especiales, helicópteros y jets A-37 que infundía el temor en la población. Los helicópteros Bell 412, con artillería pesada, sobrevolaban a baja altura las principales ciudades y la desinformación comenzó a fluir con el objetivo de desmovilizar a la población.
Las fuerzas golpistas, ordenaron la suspensión de garantías constitucionales sin seguir el procedimiento que establece la Constitución en su artículo 187, la medida fue comunicada en forma verbal, minutos después que fue juramentado el Presidente de Facto y fue hasta el 30 de junio que lo formalizaron pero no lo publicaron y en forma verbal sufrió constantes modificaciones, por ejemplo el 05 de julio que se realizo una multitudinaria manifestación contra el Golpe que se concentro en el Aeropuerto Toncontin y que dejo decenas de heridos y un joven muerto, los golpistas llamaron a cadena nacional a todos los medios de comunicación y con 20 minutos de antelación informaron que el toque de queda se aplicaría a partir de las 6:30 cuando los manifestantes aún permanecían frente a las instalaciones portuarias. Ese mismo día el aeropuerto fue cerrado a todos los vuelos y se abrió hasta el 08 de julio.
El Decreto Ejecutivo 011-2009, formalizo la suspensión de los artículos 69, sobre la Libertad Personal; el 71, Detención e incomunicación por más de 24 horas; 78, Libertad de Asociación y de reunión y; 81 Libre circulación. Por el efecto que produce la suspensión el decreto establece en la práctica un estado de sitio no declarado. Mismo que fue dejado sin valor y efecto hasta el 12 de julio, 15 días des pues de haber sido establecido y ha sido reestablecido nuevamente, con una ampliación sobre prácticamente todos los derechos y garantías individuales desde que el Presidente Manuel Zelaya pudo entrar al país y refugiarse en la Embajada de la República Federativa del Brasil, semanas atrás.
Por las tendencias se podría deducir que el golpe no se podrá mantener por mucho tiempo pero el retroceso en materia de institucionalidad y confianza en el sistema democrático y el respeto irrestricto a los derechos humanos sufrió una involución de 30 años y se ha iniciado nuevamente la persecución contra opositores políticos e ideológicos.
En virtud de lo anterior, damos por reproducido y hacemos nuestros los argumentos de hecho presentados ante ese organismo internacional permanente de justicia por los ciudadanos Manuel Ollé Sesé y Guillermo Pérez Casa, Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), respectivamente y en ese orden, en virtud que existe actualmente una persecución por razones política que se practica de forma reiterada, sistemática y masiva en contra del pueblo de Honduras, al cual las organizaciones sociales de Centroamérica no podemos ser indiferentes.
Por tanto, los abajo identificados y firmantes consideramos que se encuentran llenos los extremos, requisitos y condiciones para iniciar una investigación penal en contra de los ciudadanos: Roberto Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez, Ángel García Padgett, Luis Javier Prince Suazo, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez; Daniel López Carballo, Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billi Joya Améndola, Jorge Alberto Rivera Avilez, Luis Alberto Rubí Ávila, José Alfredo Saavedra Paz, Carlos Roberto Flores Facusse, José Canahuati Larach y José Rafael Ferrari
Asimismo, como quiera que se tratan hechos notorios y por tanto relevados de toda prueba, por tratarse de situaciones que, a pesar del veto comunicacional, la censura previa y la autocensura, se han destacado como hecho noticioso presentado por las cadenas de televisión más prestigiosas, se observan que existen suficientes indicios de que la represión ha aumentado incluso se han suscitado hechos en contra de una representación diplomática, la de la República Federativa de Brasil en Tegucigalpa, violándose el derecho internacional convencional, solicitamos se dicte medida preventiva de privación de libertad en contra de los siguientes ciudadanos: Roberto Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez, Ángel García Padgett, Luis Javier Prince Suazo, Juan Pablo Rodríguez Rodríguez; Daniel López Carballo, Salomón de Jesús Escoto Salinas, Billi Joya Améndola, Jorge Alberto Rivera Avilez, Luis Alberto Rubí Ávila, José Alfredo Saavedra Paz, Carlos Roberto Flores Facusse, José Canahuati Larach y José Rafael Ferrari
En San José, cinco de octubre de 2009.
Para cualquier citación, notificación, informe o noticia que guarde relación directa o indirectamente con el presente escrito señalamos como domicilio único y excluyente el siguiente: 150 metros al sur del Colegio de Señoritas, Oficinas de APSE, San José, Costa Rica. Nuestro Correo Único y Oficial para recibir comunicaciones es el siguiente: mocoso.honduras@gmail.com”
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