ECONOTICIASBOLIVIA
Las grandes transnacionales del gas y del petróleo como la anglo-francesa Perenco, la española Repsol, la canadiense Petrolifera Petroleum Limited y otras como Petrobras y Pluspetrol ni siquiera han abierto la boca, tras la masacre que en defensa de sus millonarios intereses ha desatado en la Amazonía el presidente del Perú, Alan García.
Estas empresas, que ya operan en territorio peruano y tienen avanzados planes para incursionar con más avidez en la Amazonía, han dejado que el trabajo sucio sea realizado por el neoliberal García, que se ha estrenado a nivel mundial como genocida masacrando a los indígenas de lanza y flecha.
Los últimos reportes de la zona están dando cuenta de la espeluznante masacre en la selva norte del Perú. Indígenas asesinados, lanzados a los barrancos y los ríos, otros degollados y los más perforados por la metralla asesina disparada desde helicópteros y carros de asalto. Hasta ahora nadie sabe cuántos indígenas han muerto, unos dicen que son 30, otros 50 y hay quienes ya piensan en cerca a un centenar. Y es la que la cifra de los desaparecidos es enorme, entre 200 a 400. Los heridos también son incontables, al igual que los refugiados en las iglesias y los que son perseguidos como perros, en la zona norte del Perú donde ahora impera el toque de queda, la militarización y la muerte súbita.
Ricardo Tuchía, indígena de la región de Condorcanqui, dijo a la Reuters que vio cómo supuestos policías quemaban tres cuerpos, pero se abstuvo de dar más detalles exigiendo "garantías para ir a buscar y rescatar todos los cadáveres".
Señaló, apelando a relatos de otros nativos, que los manifestantes muertos "seguro que son más de 30".
"Estamos preocupados por la matanza de nuestros hermanos, fue una balacera a campo abierto", le dijo Carlos Anchanchi, uno de los dirigentes refugiados a los enviados de la agencia internacional de noticias.
"Nos han dicho que muchos de nuestros hermanos muertos han sido tirados al río Marañón para ocultar la matanza, y por eso pedimos garantías para ir a buscarlos", agregó.
Los partes gubernamentales establecen, sin embargo, como saldo oficial de la violencia desatada el viernes y sábado en una carretera y en una estación petrolera próxima a Bagua, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, a 23 policías, nueve indígenas y cuatro pobladores muertos, además de unos 150 heridos y 72 detenidos.
Los indígenas llevan dos meses protestando contra una serie de leyes que abrirían sus selvas comunales a las empresas de gas y petróleo. En los últimos años, casi tres cuartas partes de la Amazonia peruana, gran parte de ella de selva virgen, ha sido dividida en parcelas concedidas a las grandes transnacionales como Perenco, Repsol, Petrobras y otras para la exploración de gas y petróleo.
Con la protesta, los indígenas están tratando de defender sus tierras, apetecidas por las grandes transnacionales petroleras que sólo valoran el oro negro y que han puesto la cotización cero a la vida humana y a la sangre, especialmente si ésta es indígena.
Las grandes transnacionales del gas y del petróleo como la anglo-francesa Perenco, la española Repsol, la canadiense Petrolifera Petroleum Limited y otras como Petrobras y Pluspetrol ni siquiera han abierto la boca, tras la masacre que en defensa de sus millonarios intereses ha desatado en la Amazonía el presidente del Perú, Alan García.
Estas empresas, que ya operan en territorio peruano y tienen avanzados planes para incursionar con más avidez en la Amazonía, han dejado que el trabajo sucio sea realizado por el neoliberal García, que se ha estrenado a nivel mundial como genocida masacrando a los indígenas de lanza y flecha.
Los últimos reportes de la zona están dando cuenta de la espeluznante masacre en la selva norte del Perú. Indígenas asesinados, lanzados a los barrancos y los ríos, otros degollados y los más perforados por la metralla asesina disparada desde helicópteros y carros de asalto. Hasta ahora nadie sabe cuántos indígenas han muerto, unos dicen que son 30, otros 50 y hay quienes ya piensan en cerca a un centenar. Y es la que la cifra de los desaparecidos es enorme, entre 200 a 400. Los heridos también son incontables, al igual que los refugiados en las iglesias y los que son perseguidos como perros, en la zona norte del Perú donde ahora impera el toque de queda, la militarización y la muerte súbita.
Ricardo Tuchía, indígena de la región de Condorcanqui, dijo a la Reuters que vio cómo supuestos policías quemaban tres cuerpos, pero se abstuvo de dar más detalles exigiendo "garantías para ir a buscar y rescatar todos los cadáveres".
Señaló, apelando a relatos de otros nativos, que los manifestantes muertos "seguro que son más de 30".
"Estamos preocupados por la matanza de nuestros hermanos, fue una balacera a campo abierto", le dijo Carlos Anchanchi, uno de los dirigentes refugiados a los enviados de la agencia internacional de noticias.
"Nos han dicho que muchos de nuestros hermanos muertos han sido tirados al río Marañón para ocultar la matanza, y por eso pedimos garantías para ir a buscarlos", agregó.
Los partes gubernamentales establecen, sin embargo, como saldo oficial de la violencia desatada el viernes y sábado en una carretera y en una estación petrolera próxima a Bagua, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, a 23 policías, nueve indígenas y cuatro pobladores muertos, además de unos 150 heridos y 72 detenidos.
Los indígenas llevan dos meses protestando contra una serie de leyes que abrirían sus selvas comunales a las empresas de gas y petróleo. En los últimos años, casi tres cuartas partes de la Amazonia peruana, gran parte de ella de selva virgen, ha sido dividida en parcelas concedidas a las grandes transnacionales como Perenco, Repsol, Petrobras y otras para la exploración de gas y petróleo.
Con la protesta, los indígenas están tratando de defender sus tierras, apetecidas por las grandes transnacionales petroleras que sólo valoran el oro negro y que han puesto la cotización cero a la vida humana y a la sangre, especialmente si ésta es indígena.
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