Tras dos horas y media de debate, gracias al voto del partido de gobierno (el Apra), el fujimorismo y el partido de derecha Unidad Nacional, se aprobó solamente su suspensión por 90 días.
No ha importado que este decreto haya sido considerado inconstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso y por la Defensoría del pueblo, que ha recomendado su derogatoria. Tampoco que 350.000 indígenas peruanos lleven exigiendo desde el pasado 9 de abril que no sólo se derogue el decreto 1090, sino 8 decretos más promulgados en junio de 2008 en el marco del TLC contra EEUU sin respetar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Exigen la derogatoria de 9 leyes
Frente a los violentos sucesos iniciados por un operativo de desalojo de 1500 indígenas de etnia awajún, en los que hasta el momento se ha probado la muerte de 23 policías y 9 civiles, la bancada oficialista, el partido fujimorista y la derecha peruana firmaron una triple alianza no para derogar sino para suspender uno de los 9 decretos de la discordia. Mientras, el resto de decretos siguen en vigor.
Para el oficialismo, la derogatoria de estos decretos significaría, tal y como defendió el congresista aprista César Zumaeta durante el acalorado debate en el Congreso, "atar de pies y manos al país para que no explote sus minerales, su gas, su petróleo, para no desarrollar una agricultura moderna".
Sectores de la derecha van más allá y consideran que la derogatoria parte de los deseos del narcoterrorismo y de las mafias de minería informal. También difunden la tesis de que en las protestas existe "injerencia externa".
"Es una interferencia de otros países en un modelo que tiene eco y respaldo en partidos políticos nacionales", opinó sobre las protestas el congresista de Unidad Nacional Juan Carlos Eguren, en clara referencia al Partido Nacionalista Peruano, liderado por el ex candidato presidencial Ollanta Humala.
Esta hipótesis de intervención externa es defendida también por el propio Alan García. Para muestra de lo que la oposición ha calificado como "delirios presidenciales", el gobierno lanzó un spot de televisión tras la tragedia, retirado en 24 horas, en el que calificaba a los pueblos indígenas de "extremistas".
Manifestación de indígenas el jueves
"Esta derrota en el Congreso se convertirá en lucha exitosa en las calles", aseguró Víctor Mayorga, del Partido Nacionalista, quien sostiene que el resultado de hoy en el Congreso es una muestra de una nueva alianza entre el gobierno y el fujimorismo. "Vamos a quitarle el moño a Alan García. Vamos a quitarle demagogia y soberbia con la que se dirige al pueblo amazónico", arengó en una conferencia de prensa tras la votación en el pleno.
En la movilización amazónica han anunciado su participación, además de las 1250 comunidades que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), cuyo líder recibió asilo político en Nicaragua, las centrales sindicales y los obispados de la selva peruana.
"Si mañana hay actos de violencia la responsabilidad de estos hechos será del gobierno, el fujimorismo y unidad nacional", amenazó el congresista opositor Víctor Mayorga. "La amazonía ha estado a la expectativa de la derogatoria para ser decepcionada una vez más".
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