* Insta a los líderes invertir en los derechos 'como lo hacen en la economía'
Marta Arroyo | Madrid
"Hemos pasado de pisotear los derechos humanos en nombre de la seguridad a hacerlo en nombre de la recuperación económica". Estas palabras de Irene Khan, directora de Amnistía Internacional, resumen el informe de la ONG sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2008. Un año en el que, según la organización, los Gobiernos se concentraron en atajar los problemas económicos y avalar a sus sistemas financieros, lo que provocó un deterioro de los derechos y libertades y un recrudecimiento de los conflictos.
La ONG afirma que la crisis no sólo consiste en escasez de comida, empleo, agua o vivienda. También es "privación, discriminación y aumento de la desigualdad, la xenofobia, el racismo, la violencia y la represión.
Y aporta datos: 2.390 personas fueron condenadas a pena de muerte y ejecutadas el pasado año. El 78% de las sentencias se llevó a cabo en Estados del G-20, principalmente en China, EEUU y Arabia Saudí. Además, 81 países recortaron la libertad de expresión, 50 recluyeron a presos de conciencia, 24 sometieron a personas a desalojos forzosos y 27 devolvieron a solicitantes de asilo a países donde sus vidas corrían peligro.
Asimismo, el hambre y las enfermedades aumentaron por el incremento de los precios de los alimentos. La escasez de comida se ha utilizado como arma en conflictos como los de Zimbabue, Darfur, Sri Lanka o Myanmar (antigua Birmania), donde las autoridades se negaron a autorizar ayuda humanitaria para los 2,4 millones de supervivientes del ciclón 'Nargis'.
Otros 'daños colaterales' de la crisis económica han sido una mayor discriminación y violencia contra las mujeres y una política de inmigración más restrictiva para frenar la inmigración ilegal y la persecución de los activistas de derechos humanos.
'Nuevas y mayores violaciones de derechos humanos'
Para la directora de la sección española de AI, Eva Suárez-Llanos, en un mundo en el que "960 millones de personas se van a la cama con hambre, días tras día, 1.300 millones carecen de atención médica y 2.500 millones no tienen servicios sanitarios adecuados", la crisis ha creado "nuevas y mayores violaciones de derechos humanos", en especial un aumento de la represión de las protestas contra esta recesión económica, con impunidad generalizada.
El informe denuncia la pobreza extrema en África, las desigualdades y marginación de los indígenas en América Latina, las penurias de las poblaciones urbanas y comunidades rurales pobres de India y China y las favelas de Brasil. Recuerda igualmente la marginación de los gitanos en Europa y la disparidad de ingresos en países desarrollados como EEUU.
Las desigualdades, dice AI, afectan a los sistemas judiciales y a las instituciones financieras internacionales. En este sentido, condena las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que, para favorecer la liberalización y apertura de los mercados, "han debilitado las redes de seguridad social", tan necesarias en momentos de crisis.
La crisis, una excusa
Como ya ocurrió en aras de la lucha antiterrorista, la ONG alerta del uso la crisis como excusa para recortar libertades civiles y reprimir protestas. También advierte de que ignorar conflictos sangrientos como el de Gaza o Afganistán, puede conducir a un crecimiento del extremismo.
¿Qué hacer ante esta "explosiva crisis de derechos humanos"?. Como ya pidió en 2007, Irene Khan reclama "un nuevo acuerdo mundial" con compromisos y medidas concretas de los Gobiernos "para desactivar esta bomba", e invitó a los líderes a invertir en los derechos "con tanta determinación como lo hacen en la economía".
En cuanto a recomendaciones concretas, AI insta a Estados Unidos a reconocer los derechos laborales de los ciudadanos, a la Unión Europea (UE) a proteger a los refugiados y potenciar la lucha contra el racismo y la xenofobia, y a Brasil, México, Rusia y China, entre otros, a mejorar su historial de protección de los derechos.
Para mejorar la actual situación, Amnistía lanza la campaña 'Exige dignidad'. Su objetivo es empoderar a las personas sin recursos para que exijan sus derechos, obligar a Gobiernos y agentes económicos a rendir cuentas por sus abusos y hacer que las políticas de cooperación se centren en los derechos humanos.
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