El control de Internet seguirá siendo un territorio vedado a los Gobiernos. El Parlamento Europeo tumbó ayer la reforma que preveía dar vía libre a cada Estado para que regulara a su antojo esta materia. Por sorpresa e in extremis, la Eurocámara votó una enmienda que exige una orden judicial para poder restringir el acceso a Internet, e impide que ninguna autoridad administrativa ejerza de policía en la Red.
La votación pone en entredicho leyes 'antidescargas' como la francesa
La decisión adoptada por el Europarlamento supone un revés para la postura de varios países de La Unión -encabezados por el Ejecutivo francés de Nicolas Sarkozy- que pretenden aprobar legislaciones restrictivas, que dejan en manos de un órgano administrativo la potestad de cortar la conexión a Internet en determinados supuestos.
El fin primordial de esas reformas legislativas es frenar la descarga de archivos sujetos a derechos de autor (música, cine, software y videojuegos), tal y como pide la industria cultural, imponiendo un sistema de avisos y desconexión para los reincidentes.
La fuerte controversia política y la presión de miles de internautas de toda la UE, que inundaron a los europarlamentarios con e-mails reivindicativos, ha frenado por ahora la reforma del llamado Paquete de Telecomunicaciones. La división se puso de manifiesto ayer en la votación de la enmienda alternativa en favor de mantener la intervención judicial, que fue introducida a última hora por Los Verdes para impedir que se votara la propuesta consensuada entre el Consejo Europeo y el propio Parlamento.
Además de Los Verdes, la enmienda obtuvo el respaldo de la mayor parte del grupo socialista (incluyendo los parlamentarios españoles) y un gran número de los bancos Liberales. Los populares votaron mayoritariamente en contra o se abstuvieron. En total, 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones.
El Parlamento apoyó no "imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales", amparándose en el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión y de información, "excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior".
El movimiento internauta no puede cantar victoria. Ahora se abre un periodo de conciliación en el que los Gobiernos deben renegociar la normativa con el Parlamento. En el plazo máximo de ocho meses se volverá a votar. Si se rechaza también, la reforma quedará definitivamente aparcada. Fuentes del Europarlamento señalaron que aprovechando el actual vacío legal, podrían salir adelante leyes como la que se tramita en Francia, que tiene previsto votarla la próxima semana.
La decisión de la Eurocámara hace aún más difícil la consecución de un acuerdo para reformar en España la ley sobre las descargas, que negocian, desde hace meses y sin ningún resultado los operadores de telecomunicaciones y la industria cultural.
El problema no atañe sólo a Internet. El Paquete incluye una completa reforma de las telecomunicaciones que también se tendrá que revisar, con aspectos como el control del tráfico de Internet por parte de los operadores, dando prioridad a unos usuarios frente a otros, rompiendo así la llamada neutralidad de la Red.
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