El tensionamiento del precio de la vivienda, especialmente en la modalidad de alquiler, es sin duda el principal problema de la clase trabajadora española. La incapacidad de hacer frente a un arrendamiento en cada vez más ciudades, pese a dedicar la semana a una jornada laboral completa, exige a las administraciones un abordaje inmediato. Las Comunidades Autónomas, en su mayoría dominadas por el Partido Popular (PP), reniegan de intervenir en el mercado y el Gobierno central, en vez de proteger a los inquilinos, insiste en intentar convencer a los caseros con bonificaciones.
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