Ya es noticia confirmada que las elecciones en toda Venezuela celebradas el 30 de julio ha sido un éxito en lo que se refiere a la participación del pueblo, aunque una parte significativa de la población tuvo que sortear las dificultades y los intentos violentos de la oposición por impedirles el derecho al voto, además de ejecutar actos terroristas que produjeron un clima violento en algunos focos, y eso pudo provocar una cuota de abstenciones por impedimento físico o psíquico ante el vandálico comportamiento de los sectores fascistas. Pero en fin, el bravo pueblo venezolano hizo honor a la letra y sentido de su himno y fue fiel y desafió a los opositores de adentro y de afuera.
Para reafirmar la paz, fin supremo de la asamblea nacional constituyente, este órgano originario y supremo debe analizar y legislar y aprobar los actos y leyes constitucionales que ponga fin a una serie de manifestaciones subversivas que pretendía incendiar y sumir en caos a la república bolivariana. Y como conclusión feliz de su papel más trascendente, parir la nueva constitución, hija legítima y primogénita de la constitución vigente. Los opositores fascistas de ahora y del futuro serán acorralados cuando se entronice con la fuerza de la ley y la ética y prevalezca plenamente la justicia y la reparación a las víctimas.
En cuanto a los opositores de afuera, desde el gobernante imperial Donald Trump hasta los varios gobernantes vasallos, incluida hasta Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea, han sido todos ellos proclives en declarar con un desparpajo y una ignorancia supina sus amenazas a Venezuela, con anuncio de sanciones, para que suspendiera la convocatoria a la Constituyente. Hoy que se conoce el desarrollo de las elecciones, no han sido remisos en declarar que no reconocerán los resultados. Y una vez que conocidos los éxitos de los resultados electorales definitivos y que luego se instale la Asamblea para cumplir sus misiones, vaya Ud. a saber cuáles serán las interpretaciones, las declaraciones oficiales verbales o escritas, los nuevos anuncios de amenazas o sanciones que como gobiernos en solitario o acompañados estarán dispuestos a anunciar.
Cuanto han hecho hasta ahora y harán en el futuro agigantará el grado de injerencia e intervención en los asuntos internos del Estado venezolano, y se harán culpables de un acto violatorio de mayor gravedad del derecho internacional y los principios vigentes en las Naciones Unidas, reconocidos en su Carta y en Pactos y resoluciones durante un largo período histórico de acuerdos y legislaciones internacionales.
Causa estupor e indignación la intervención e injerencia crasas de determinados gobiernos y bloques en los asuntos internos de Venezuela, así como acostumbran hacerlo frecuentemente, con países grandes y pequeños, que tratan como a enemigos, y a los cuales aplican sanciones del más diverso carácter. Y resulta muy evidente que generalmente las cosas se inician en la declaración de un vocero, con una directiva o ley del mandamás, en este caso el Mastodonte, que ocupa la Casa Blanca, e inmediatamente se inicia la genuflexión de los gobernantes vasallos y el ritornelo en las voces acobardadas de los besalopiés de los distintos bandos políticos de la reacción mundial.
Hoy podríamos citar todos los documentos de las Naciones Unidas que han establecido, a lo largo de muchos años, los principios que deben guiar y proteger los derechos de los Estados y Pueblos, pero serán suficientes, de acuerdo con el asunto sobre la injerencia que se constata inobjetablemente en contra de Venezuela.
Al respecto veamos lo que plantea la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en loa asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía
El preámbulo permite reconocer el basamento del articulado que a continuación mencionamos: Y a la luz de las consideraciones que recoge, solemnemente se declara:
1. Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas;
2. Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado;
3. El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención;
4. El estricto cumplimiento de estas obligaciones es una condición esencial para asegurar la convivencia pacifica entre las naciones ya que la práctica de cualquier forma de intervención, además de violar el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas, entraña la creación de situaciones atentatorias de la paz y la seguridad internacionales;
5. Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado;
6. Todo Estado debe respetar el derecho de libre determinación e independencia de los pueblos y naciones, el cual ha de ejercerse sin trabas ni presiones extrañas y con absoluto respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Atendiendo a los principios esenciales que deben regir el comportamiento de los Estados agrupados en las Naciones Unidas, alguien puede no entender ni explicarse todas las declaraciones y acciones coligadas por los regímenes gobernantes que hasta ahora se han pronunciado contra el gobierno de Venezuela y la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legalidad dimana de la Constitución vigente y refrendada por las elecciones. ¡Son el hazmerreír como políticos! ¡Son personeros de una estupidez sietemesina! ¡Son criminales traidores de sus pueblos y de los pueblos que agraden! ¡Son violadores de la ley internacional y de las Naciones Unidas!
Ahora viene quizás lo más importante: ¿QUÉ HACER?
Es oportuna y necesaria la denuncia y condena para desnudar toda la mentira y fariseísmo de sus ideas y actos, utilizando todas las vías.
Pero considero que se requiere una más contundente acción concertada de todos los países ofendidos, agrupados en organizaciones como el ALBA-TP, LA CELAC, el Movimiento de Países No Alineados, etc., etc., y someter a la Asamblea General de las Naciones Unidas una declaración de condena por la práctica sistemática de algunos países por la violación sistemática de los instrumentos aprobados por esa Organización y haga un llamado a dichos países sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y la necesidad de asumir la protección de su independencia y soberanía.
Wilkie Delgado Correa.-
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