España: el alto precio de protestar

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, está a punto de cumplir dos años a partir de su entrada en vigor.

Desde entonces, el Ministerio del Interior español ha acumulado más de 13,5 millones de euros en sanciones a ciudadanos por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Entre faltas leves, graves y muy graves, esta normativa sanciona 44 conductas.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy diseñó esta ley en plena crisis, cuando las movilizaciones sociales se habían multiplicado, aunque en su inmensa mayoría se desarrollaban de forma pacífica. La propia denominación se convirtió en motivo de cuestionamiento, pues según cifras del Centro de Investigaciones Sociológicas el porcentaje de españoles que situaba la inseguridad entre los tres principales problemas de España nunca superó el 7 por ciento.

Las objeciones a la normativa vinieron no solo desde el resto del arco parlamentario, sino desde miembros de la judicatura y la carrera fiscal.

Por una parte, sustrae del control previo de los jueces la sanción de conductas, convirtiendo faltas en multas administrativas, que tienen control judicial a posteriori sólo sí se recurre la multa ejecutiva en la vía contenciosa. Por otra, afecta al derecho de manifestación, entre otros 9 artículos establecidos en la Constitución.

Hispantv