Holguín, reunida con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, admitió la realidad que ha sido alertada por el gobierno venezolano. Pero más allá de la declaración política, los datos -en su frialdad- así lo confirman.
Venezuela produce un promedio diario de 350.000 barriles de combustible. De acuerdo a las cifras del ministerio de Petróleo y Minería, reconocidas por las autoridades colombianas, por la frontera se contrabandeaban alrededor de 100.000 barriles de gasolina y diesel cada jornada. Es decir, 35% de la producción nacional.
El contrabando era realizado por los "pimpineros" que extraían el combustible para revenderlo en territorio colombiano, especialmente en el Norte de Santander, Arauca y La Guajira. Esa actividad de origen ilegal era "institucionalizada" en el vecino país con la admisión de "cooperativas" que expendían la gasolina a precios por debajo de las estaciones de servicio colombianas.
Esa situación le ahorraba más de 1,4 millones de barriles de combustible al Estado colombiano. Sin embargo, tras la decisión soberana de Venezuela de cerrar su frontera hasta que se logren medidas conjuntas para combatir el contrabando, la especulación contra el bolívar, la violencia y los grupos paralimitares, el gobierno neogranadino debe empezar a enviar 3,2 millones de galones mensuales al Norte de Santander.
El ministro de Interior ha dicho que en esa zona históricamente desatendida, Colombia tendrá que hacer "un gran esfuerzo fiscal", puesto que ha decretado una "emergencia económica" que implica la exención del IVA por tres meses a varios productos en los comercios fronterizos.
Se estima que unas 30.000 familias de todo el eje fronterizo con Venezuela vivían del contrabando de combustible, un negocio altamente lucrativo para los revendedores informales que adquirían un galón de gasolina en Venezuela al precio equivalente de 0,144 pesos y lo expendían del lado colombiano en 3.600 pesos.
Ese precio aún resultaba atractivo frente a los 5.012 pesos que cuesta el mismo galón en las estaciones de servicio de Cúcuta o los 8.200 pesos que vale en la capital, Bogotá.
Así pues, mientras el gobierno colombiano eludía inversiones en sus poblaciones fronterizas, Venezuela perdía anualmente 1,4 millones de dólares al año, una cifra reconocida por las autoridades del vecino país.
Déficit de infraestructura
El pasado 9 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos dijo que su gabinete estaba "dedicado al fortalecimiento económico y social en los municipios fronterizos".
En el Arauca, por ejemplo, el ministro de Interior reconoció ayer que "ha habido una ausencia del gobierno colombiano en infraestructura", lo que ha impedido comunicar a esa zona con el resto del país.
Si un araucano quería ir a Cúcuta, prefería invertir cinco horas por las carretera venezolanas que las 13 que le puede tomar por las inconexas vías colombianas, refiere una nota publicada este viernes por El Tiempo.
La situación de las vías se repite en otras entidades fronterizas de Colombia y tiene incidencia directa, incluso, con el ritmo de sus exportaciones.
En una entrevista al diario El Tiempo, publicada el pasado 12 de septiembre, el alcalde de Cúctuta, Donnamaris López admitió la dependencia de Venezuela para abaratar el costo de sus exportaciones de carbón: "Llevar una tonelada a un puerto colombiano vale 15 dólares más. Sacarlo por Maracaibo es más económico".
El combustible no es lo único que se contrabandea. Hacia Colombia también se desvían toneladas de productos que el Estado venezolano subsidia para garantizar la alimentación de sus habitantes.
La Federeción Nacional de Comerciantes (Fenalco), citada por el diario El Colombiano, reconoce que por lo menos 12.000 personas viven en Cúcuta surtiendo tiendas con productos de contrabando: "Además de que cerca del 90% de la población de la región consume esta clase de productos", refiere el trabajo del rotativo.
La extracción de esos productos se realizaba, generalmente, a través de pasos ilegales. Según el director de la policía fiscal y aduanera de Colombia, Gustavo Moreno, existen alrededor de 247 "trochas" que comunican ambos territorios en una costura común que abarca 2.119 kilómetros.
Escasa inversión social
Tras el cierre, el gobierno colombiano se ha visto obligado -por primera vez- a aplicar un plan de inversiones estimado en 1,5 billones de pesos. La semana pasada, en el diario El Espectador, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, informó que implementarán con carácter de urgencia medidas para atender a las poblaciones fronterizas en materia de vivienda, agua, infraestructura vial, salud, educación y transporte.
"La crisis del Norte de Santander y su capital, Cúcuta, es estructural. Registra el mayor índice de informalidad entre las principales áreas metropolitanas del país y el desempleo es de 14%. La producción industrial se encuentra deprimida. En consecuencia, se requieren medidas de fondo que generen transformaciones importantes y sostenibles a lo largo de la frontera con Venezuela", señaló Gaviria Muñoz en un comunicado.
Se estima que entre los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, San Antonio y Ureña, limítrofes con Venezuela, circulaban diariamente unas 178.000 personas, "lo que representa el 21% de la población de la capital del norte de Santanter", precisa El Espectador.
En esa zona, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), casi 40% de sus habitantes son pobres y 10,7% viven en pobreza extrema.
La mayor parte de esa población cruzaba a Venezuela, además, para tener acceso a alimentos subsidiados, servicios de salud, educación, entre otros beneficios sociales impulsados por la Revolución Bolivariana, ante la desinversión y abandono de su propio gobierno.
Sin embargo, luego que entrara en vigencia la restricción del paso a territorio venezolano, el gobierno colombiano ha asegurado que invertirá en la expansión de redes de acueductos, ampliación de hospitales, construcción de escuelas y rehabilitación de vialidad.
Sin dependencia
La situación de dependencia económica de Colombia con respecto a Venezuela es una realidad de vieja data, que formará parte inevitable de la agenda de trabajo en la reunión entre el presidente Nicolás Maduro y su par, Juan Manuel Santos, que se celebrará en Quito este lunes.
"No será una reunión fácil, será una reunión compleja porque los problemas son complejos”, dijo Maduro el miércoles.
Por lo pronto, las declaraciones de la canciller colombiana evidencian que el cierre fronterizo aplicado por Miraflores desde hace un mes, han puesto a Nariño frente al reto de asumir responsabilidades en sus departamentos limítrofes: "Hay que tomar esas medidas que necesitamos de una vez por todas para que los colombianos vivamos en Colombia, integrados a Colombia y no sigamos dependiendo de Venezuela".
via -avn.info.ve
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