Los imperialismos colectivos, se corresponden a los esfuerzos de una parte de los imperios-mundos, que pretenden ejercer un control hegemónico en términos de la institucionalidad del sistema-mundo, las formas de relacionamiento económico y los recursos naturales.
EEUU, la Unión Europea (Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España principalmente) y Japón, constituyen una tríada con pretensiones de dominación. Cuando, el costo de sus acciones es muy elevado, recurren a operaciones encubiertas, ejecutadas a través de actores ligados a la llamada “privatización de la guerra”. Afirmamos que ese es el caso de las recientes controversias que afectan a Venezuela con sus vecinos Colombia y Guyana.
En el caso de Colombia, desde la formulación del Plan Colombia a partir de 1998, el territorio del vecino país, se transformó en una base de operaciones expedita de la IV Flota, adscrita al Comando Sur del Ejército de los EEUU. Colombia incrementó significativamente su gasto militar en el período 1998-2012, elevando al mismo tiempo su capacidad de combate y sus efectivos militares. Se trasformó en un socio estratégico de primer orden de los intereses hemisféricos de EEUU en la zona y en el principal vehículo desde el cual se teje una amenaza militar sobre el proyecto bolivariano. Sin embargo, los ánimos belicistas que prevalecen en los Libros Blancos (Escuela de Guerra) del Alto Mando Militar colombiano, han chocado con el escudo institucional creado a través de la CELAC y UNASUR, aunado a las asociaciones militares y geoestratégicas que Venezuela mantiene con Rusia y China. Desde Colombia, se han planteado un proyecto económico que ha ambicionado usar la salida a través del Lago de Maracaibo, de los productos del oriente colombiano. Al respecto son interesantes las advertencias que el amigo e historiador Luís Prieto, ha realizado desde hace años (“Maracaibo, capital de Santander. Aporrea).
Por ello, desde Colombia se ha avanzado en una estrategia de operaciones encubiertas, que buscan generar lo que se ha denominado Rollback (volver atrás, retroceder) en la gestión del Presidente Obama. El Rollback, emplea acciones enmarcadas en la Guerra psicológica y las Operaciones Psicológicas (OPsic), que buscan generar caos, resentimiento, miedo, desencanto, inmovilización y finalmente producir “estallidos sociales”. Son operaciones encubiertas, mucho más económicas que una confrontación abierta y militarista. En el caso de Colombia esas acciones se han desatado, desde el año 2000, en el Gobierno del ex presidente Pastrana, emitió la Resolución N 8, que permitió el establecimiento de un sistema paralelo oficial que estableció el precio de venta y compra dólar/peso. Son los llamados “cambistas”, que tienen la autorización oficial del Banco República (ente equivalente al BCV) para realizar esas transacciones. Son estos cambistas, que empezaron a pulular justo en el marco de la “pacificación” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los que se encargan de establecer en la frontera el diferencial cambiario especulativo que reproduce Dólar Today. Es decir, el instrumento de la Guerra económica (Dólar Today) actúa en el marco legal creado (y mantenido) por el Estado Colombiano.
Eso permite, que en la frontera se cambie 1Bsf por 7 pesos colombianos, mientras que el cambio oficial en el Banco República es 1BsF por 323 pesos colombianos. Esa permisividad del Gobierno Colombiano, contribuye al estímulo del bachaqueo y la compra-venta de BsF en la frontera. Lo ejemplifico. Un contrabandista-especulador que logra reunir 1.000 BsF en Maracaibo, se dirige a la sede oficial del Banco República y cambia ese monto en pesos. Obtiene 323.000 pesos. Con ese dinero, se dirige a los cambistas y adquiere bolívares. Le dan por cada BsF, 7 pesos. Esos 323.000 pesos se transforman en 46.142 BsF. El golpe a los venezolanos es múltiple: devaluación artifical de la moneda en relación con el dólar y el peso colombiano, fuga de efectivo y estímulo a la compra de productos subsidiados.
La acción cómplice del Gobierno Colombiano llega a más. El Decreto 0568 del año 2012, que establece el mecanismo de distribución de combustibles en las zonas fronterizas. Mediante este Decreto, se legaliza la gasolina de contrabando y además los municipios y el Estado Colombiano, cobra impuestos por ese proceso. Son 143.000 barriles diarios que se escapan por nuestra frontera (22.737.000 lts). Esa gasolina, se vende en Colombia a precios internacionales y el Estado, los Gobernadores, los Alcaldes y los contrabandistas se nutren de las ganancias. ¿Es o no una acción desestabilizadora? Sin duda que sí.
Con Guyana, sucede lo mismo, pero en un plano complementario. Mientras que con Colombia lo que se busca es que prevalezca la tesis de Venezuela como un Estado Fallido (es decir, incapaz de mantener el orden y satisfacer a sus ciudadanos), con Guyana se trata de presentarnos como un Estado Forajido (violador de los Acuerdos Internacionales). Con la República de Guyana, el interés primordial lo constituyen los más de 750.000 millones de barriles de petróleo y gas extraíbles en la zona marítima en litigio. Sin duda, tanto detrás del Gobierno de Colombia como el de Guyana, actúa los intereses de EEUU. No es fortuita la asociación estratégica de ambos gobiernos con el Presidente de EEUU, Barak Obama, y la presencia en ambos territorios de bases militares y efectivos dependientes del Comando Sur. Por eso, las decisiones del presidente Maduro, responden a una lectura de este escenario de Operaciones Encubiertas contra el país.
via -noticiaspia.org
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